La situación rionegrina (ver PO 446) se descompone de a minutos.

Al presente (10 de junio) sólo una minoría de estatales ha cobrado sus haberes…de ¡abril!… A los hospitalarios se les adeuda las guardias de marzo a esta parte —una parte sustancial de sus ingresos— y los jubilados y pensionados aún no han cobrado marzo.

La mora en el pago a los proveedores y prestadores del Estado tiene características similares, lo que ha motivado el “corte” del I.PRO.S.S. (seguridad social de la provincia) y la suspensión del servicio telefónico y de gas a numerosas escuelas y oficinas públicas, en particular del interior de la provincia.

La movilización popular contra este ataque no se ha tomado un respiro. La educación, la salud y la administración central están en permanente “retención de servicios”; las movilizaciones y tomas están a la orden del día y se acentúa la tendencia a una confrontación más profunda. El ministro Zecca hizo debutar el BORA (cuerpo especializado en represión), desalojando violentamente a los delegados al congreso de UNTER (docentes), que habían ocupado el Consejo Provincial de Educación en Viedma, con un saldo de numerosos docentes y periodistas golpeados… para tener que enfrentar en los días siguientes una movilización de repudio que terminó costándole la cabeza.

En Río Negro está cuestionado el régimen político, y el conjunto de los partidos patronales hacen denodados esfuerzos por salvar “la gobernabilidad del sistema”, como declarara Zecca para justificar el desalojo del CPE.

Massaccesi, luego de su aventura presidencialista volvió para realizar el “trabajo sucio” necesario para facilitar al próximo gobierno (del radical Verani) la “gobernabilidad del sistema”.

A este operativo de salvataje se han sumado las dirigencias sindicales del FER —Frente Estatal Rionegrino—, que centran sus preocupaciones en “no entorpecer los plazos de la transición democrática”.

No bien pisó la provincia, Massaccesi solicitó la renuncia de toda la planta de funcionarios políticos (aproximadamente 800, contando “asesores”, “colaboradores” y ñoquis varios), para finalmente aceptar la de 60 funcionarios menores… y tener la autoridad (o el argumento) para poner en la picota a 1.200 agentes estatales contratados.

Esto ha caído como un petardo en el avispero, ya que es un paso gigante para el desmantelamiento de la Salud Pública; el propio director del hospital de General Roca sostuvo que el Hospital se sostiene sobre los contratados, y el solo despido de uno de ellos cuestiona su continuidad. Numerosos funcionarios menores (directores de hospitales y de servicios) se han negado a colaborar con esta medida, planteando que no elaborarán ninguna lista de contratados ni evaluarán sus tareas, ni impulsarán ninguna propuesta que implique la disminución de la planta de trabajadores hospitalarios.

Sin embargo, el burócrata Scalesi, de UPCN provincial, declaró su beneplácito porque “los despidos sólo alcanzarían al 10% de los contratados, y no al 20% como se anunció originariamente” (Río Negro, 8/6).

Para poder cobrar los sueldos en término, y para impedir el hundimiento de la educación y la salud públicas, se deben tomar medidas de fondo contra los capitalistas que vaciaron el Banco provincial y se enriquecieron a costillas del sacrificio de los trabajadores rionegrinos.

¡Que los padres y alumnos que ocupan colegios y escuelas en defensa de la educación pública, retomen el camino de los congresos provinciales!

¡Por un Congreso provincial de delegados y activistas de todos los estatales!

¡Por una gran Asamblea popular, que vote un programa de lucha y abra un camino para el triunfo de los explotados!