Nuevamente Jujuy ha concentrado la atención de los medios nacionales, esta vez con la terrible información sobre 30 embarazos de niñas y jóvenes de entre 12 y 19 años en un colegio secundario del barrio capitalino Alto Comedero, uno de los más pobres de la provincia. Varios de estos casos también se tratarían de situaciones de abuso y violaciones.

La información inicial fue proporcionada una entrevista local (Somos Jujuy, 30/10) por la responsable provincial de Educación Sexual Integral (ESI) y prima del gobernador de la provincia, Patricia Morales. En un intento por desmentirla parcialmente, el titular de la Dirección  General de Maternidad e Infancia de la provincia, Antonio Buljubasich, afirmó que no eran oficiales y que sus datos dan cuenta de 13 embarazadas en 11 colegios de Alto Comedero (El Tribuno, 31/10). Sin embargo, en otro reportaje la funcionaria defendió los datos surgidos de sus propios relevamientos y agregó que hay otros colegios en donde cursan entre 15 y 20 alumnas embarazadas (Jujuy al día, 31/10).

Morales y el oscurantismo clerical

El gobierno provincial de Gerardo Morales ha intentado dotarse de cierto tinte progresista con un plan de capacitación en ESI para la docencia provincial, sin embargo todas las cifras que van saliendo a la luz dan cuenta de un rotundo fracaso de su política. La tasa de embarazo no intencional entre adolescente en menores de 20 años se ubica en un 78,7% (la segunda provincia en todo el país) y el 80% son producto de abuso sexual. “En Jujuy se llegan a conocer aproximadamente 20 casos por semana, y se conoce que cada 1 caso visible, se ocultan 10 por detrás” (ídem, 1/11): el 80% de los casos se producen, además, en el ámbito intrafamiliar. Como si esto fuera poco, la provincia se vio obligada a declarar el alerta por contagio de HIV y sífilis, por el altísimo aumento de casos en la franja etaria de los 15 a 25 años.

Este fracaso se explica por los lazos del gobierno con la curia católica. Sólo hace un par de días atrás, la Ministra de Educación de la Provincia, Isolda Calsina, festejaba las declaraciones de su par de Nación, Alejandro Finocchiaro, quien afirmó que “no era necesaria” y no se avanzaría con la reforma de la ley nacional de ESI con la eliminación del artículo 5, que establece que el dictado de la misma quedará a criterio de las concepciones y cosmovisiones de las instituciones educativas, tal como lo exigen las diferentes camarillas clericales, especialmente la Iglesia católica y la evangélica. En la misma línea el presbítero Germán Maccagno, vocero de la Iglesia jujeña, llamó desde los púlpitos y los medios de comunicación a movilizarse contra la modificación de la ley de ESI nacional y contra su dictado en las escuelas y colegios. La curia católica es, junto con el gobierno, responsable del actual cuadro de barbarie que sufren los y las niñas y adolescentes jujeños.

Por una Ley Provincial de ESI YA

El fracaso de la aplicación de ESI en la provincia también se debe a que el equipo de capacitadores se encuentra precarizado laboralmente y con sus apenas 22 miembros debe hacer lo imposible por capacitar a más de 15 mil docentes en toda la provincia. Sin embargo, en la legislatura jujeña, los lazos del oficialismo radical y del PJ con la curia, impidió el tratamiento del proyecto de una Ley Provincial de ESI, presentado por el bloque del PO-FIT hace ya casi 6 meses. El proyecto plantea que su dictado sea obligatorio como materia específica, que se amplíe sustancialmente el personal de capacitación como personal de planta permanente y que sus contenidos sean discutidos y acordados con las organizaciones estudiantiles, docentes, de mujeres y de la diversidad sexual.

Es más necesario que nunca el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de ESI del PO-FIT y por esto, nuestro diputado Iñaki Aldasoro solicitará su tratamiento sobre tablas en la próxima sesión de la cámara. Llamamos a los y las docentes, estudiantes, organizaciones de mujeres y a los trabajadores en general a apoyar nuestra ley y exigir su aprobación inmediata.

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