Políticas

2/3/2000|656

Empeoran el pacto Ruckauf-De la Rúa

24 de Marzo: marcha contra la represión del PJ y la Alianza

La Cámara de Diputados bonaerense, con el voto unánime de la Alianza y el PJ, convirtió en ley la reforma al Código de Pro­cedimiento Penal de la provincia. La ley constituye una pieza cuidadosamente elabo­rada que coloca las garantías individuales y, en definitiva, la “democracia” en manos de la Bonaerense. Esta recupera, 1) la facultad de interrogar al detenido y por lo tanto de obtener la confesión que quiera a través del “apriete”, y 2) la posibilidad de aportar ele­mentos de prueba. Como al mismo tiempo el régimen de excarcelaciones ha sido virtual­mente liquidado, en detrimento del delin­cuente “menor” (afecta a imputados por ro­bos con “palos, jeringas, cuchillos y navajas”, en los que prácticamente no cuentan sus an­tecedentes), la Bonaerense asume la “suma del poder público” en materia de seguridad ciudadana, y los propios jueces pasan a ser una figura decorativa.


: Desde el ‘83 no se implantaba en el país un ordenamiento de características tan ra­biosamente represivas. Las razones de de­tención son deliberadamente ambiguas (“violencia sobre las personas”), lo que da margen para atacar al movimiento de lucha de las masas y sus impulsores. A su vez, la Bonaerense recupera la posibilidad de con­sumar requisas en la vía pública, un método pensado para crear un cuadro de intimidación generalizado. Naturalmente; “Las atribuciones policiales pueden derivar en apre­mios ilegales y torturas” (camarista Schiffrin) y “con estos cambios los jueces de ga­rantía (pasan) a ser un sello de goma” (juez Makintach). Es casi benévolo afirmar que “parece la ley de un gobierno de facto” (de nuevo Schiffrin) (Clarín, 19/2).


El pacto de seguridad – entre Ruekauf y De la Rúa tiene un carácter nacional, como se expresa en la integración de la provincia de Buenos Aires al Consejo Federal de Segu­ridad, que centraliza el andamiaje represivo a escala del país y vehiculiza la penetración norteamericana en esta esfera. Encabezada por el propio De la Rúa, la reunión inminen­te del Consejo tratará ocho cuestiones centrales, y entre ellas la “creación de una base de datos sobre delitos, capturas, causas judi­ciales, identificación de personas” y “la creación de cuerpos de intervención comunes a provincias limítrofes para prevención e in­vestigación, coordinados por centros de ope­raciones e inteligencia conjuntos” (una ini­ciativa que trata de actuar frente a los sig­nos de descomposición o incluso condescendencia con las rebeliones populares de las policías provinciales) (La Nación, 23/2).


La segunda ley


Ruekauf se apresta a enviar una nueva ley de seguridad (que incluye la modifica­ción de la Ley Orgánica de la Policía) restaurando la figura del jefe único de la bonaerense integrante de la fuerza, por una decisión que liquida definitivamente la “reforma” lle­vada adelante por Duhalde y que ha sido dictada por “el apoyo que manifiesta el grue­so de la fuerza a esta idea” (La Nación, 24/2). De este modo se cierra el círculo abier­to con la reforma al Código de Procedimien­to Penal, dotando a las organizaciones ma­ñosas que actúan en la Bonaerense de un mando único y absolutamente “legal”. De es­te modo queda constituido un andamiaje volcado a los grandes “negocios” que surgen de la información e infraestructura de los “servicios” (asaltos a bancos), o de la criminalización de la política, o de la lucha capi­talista por los mercados, “Los fiscales de la jurisdicción (Lomas de Zamora) resolvieron conformar una comisión para investigar los recientes robos, justamente porque saben que detrás de la gigantesca banda que per­petró unos 15 asaltos de bancos hay varios policías retirados y en actividad, e incluso se habla del papel preponderante de un mili­tar” (.Página 12, 20/2). El poder de la banda mixta puede medirse en que consiguieron el traslado de uno de sus integrantes, deteni­do, a La Plata, “y en la misma noche de su llegada le facilitaron la fuga. Al fiscal que instruye la causa y al juzgado de garantías ni siquiera le hicieron llegar una notifica­ción” (ídem).


Las libertades ciudadanas en manos de la Bonaerense, y la Bonaerense en manos de los comisarios “pesados”: esta es la síntesis del pacto Ruckauf-De la Rúa sobre seguri­dad. Al momento do estallar tu crisis por la participación de capangas de la Bonaerense en el asesinato de Cabezas y el atentado a la Amia, el frepasista Binder describió “un pri­mer circuito de la corrupción, que incluye las cooperadoras, las mafias de la prostitución el juego clandestino”, que concentra los ne­gocios menos rentables por referencia al “se­gundo circuito, el más grande” (Clarín, 16/10/98). Este es el que hoy aspira a recu­perar la centralización de la fuerza.


La batalla por venir


Los “progresistas” se han convertido en alcahuetes de la Bonaerense, luego de haber sacrificado conscientemente la lucha por la anulación de las leyes indultadoras. Las or­ganizaciones obreras, democráticas y de la juventud deben convocar a la lucha por la de­rogación de la ley de seguridad surgida del pacto Ruckauf-De la Rúa, por el cese de la persecución policial y judicial a los luchado­res, por la libertad de todos los presos políti­cos y gremiales del campo popular, por el jui­cio y castigo a los asesinos de todos los caídos bajo la “democracia”, por el desmantelarme ti­to de la Bonaerense, piquetes de vecinos y jó­venes en las barriadas para defender la vida y la propiedad de los trabajadores.