Como no sucedió “ni en las peo­res épocas”, denunció la Unión del Personal Civil Provincial (Upcp), el gobierno de Rozas impidió por de­creto “cualquier manifestación en un radio de 150 metros de la casa de gobierno” (Clarín, 21/5), para prohibir el jueves 20 la insta­lación de una carpa de protesta de los estatales provinciales que, des­de mediados de 1998, vienen recla­mando un aumento salarial de 150 pesos. Luego, cuando los trabajado­res se movilizaron igualmente sobre el centro de Resistencia y al ser “re­basadas Gas fuerzas policiales) por los manifestantes” (ídem), la “Montada y el Comando de Ope­raciones Especiales” desataron una brutal represión en la que “56 manifestantes recibieron heri­das” (La Nación, 21/5).

Un día después, la Upcp convocó a un paro general de repudio, se hizo un abandono de tareas a partir de las 9,30 horas y se marchó sobre la casa de gobierno, barriéndose con el decreto del gobierno aliancista. La movilización arrancó paros de soli­daridad de los docentes, los munici­pales de Resistencia, los empleados de la Dirección de Rentas, de Viali­dad Provincial y del Instituto de Servicios Sociales, “cuyos adherentes se fueron encolumnando a medida que pasaba la manifestación por las calles céntricas” (Clarín, 22/5).

¿´Anticipos´ de la política que eje­cutará, por un lado, un gobierno na­cional ‘aliancista´, y de la reacción obrera y popular que desatará, por el otro?