En El Chañar, por la tierra y la vivienda

En el marco de la gira de Jorge Altamira en Neuquén, realizamos una reunión muy numerosa con trabajadores de San Patricio del Chañar. En esa localidad, el Partido Obrero creció con la lucha de los obreros y obreras rurales, así como con las movilizaciones por tierra y vivienda. La lista municipal del Frente de Izquierda refleja ese protagonismo ganado en los piquetes rurales por el 20% por zona desfavorable, en la lucha del barrio “Unión y Fuerza” contra los intentos de desalojo y la conquista de la tenencia de los lotes, así como en la defensa del hospital y la escuela pública del pueblo.

En la reunión se destacó el problema de la vivienda, que se agrava sistemáticamente. Hasta ahora, los registros oficiales de postulantes a una vivienda superan las 500 familias. La alternativa, para la inmensa mayoría de los trabajadores del Chañar, es el hacinamiento de varias generaciones bajo el mismo techo o la ocupación de algún terreno, arrastrados por la desesperación.

Las tierras de la localidad se encuentran bajo el dominio de la empresa Aspa SRL, gracias a un convenio de “urbanización” firmado con el municipio, el cual le permitió monopolizar el negocio inmobiliario en El Chañar. Sus negocios han crecido en forma vertiginosa bajo los dos últimos gobiernos municipales. El precursor de estos negociados fue el anterior intendente, Leandro Bertoya, actualmente ministro de Desarrollo Territorial del gobernador Sapag. Ese convenio incluyó el otorgamiento de tierras y el aporte financiero del municipio para un emprendimiento privado apuntado al turismo de “alta gama”.

Ese ha sido el proyecto que han continuado, defendido y gerenciado el actual intendente Soto, Bertoya, Sapag y un puñado de empresarios amigos. Ningún funcionario se ha ocupado de investigar esta maniobra, por la cual les caben responsabilidades de tipo penal, civiles y políticas.

La reunión resolvió lanzar una declaración que propone una salida al problema: rescindir el convenio fraudulento ASPA-Municipio y destinar todas las tierras ociosas que acaparó la empresa para un plan de loteos y viviendas populares bajo control de los vecinos organizados, cuya cuota no supere el 10% del salario. Planteamos empadronar a todas las familias sin vivienda, regularizar los asentamientos actuales y poner en marcha un plan de obras públicas para garantizar los servicios públicos a todos los vecinos.

El Frente de Izquierda se propone terminar con el negocio millonario que defienden el intendente Soto, el ministro Bertoya y el gobernador Sapag para colocar en primer lugar de la agenda política y social del municipio la cuestión de la tierra y la vivienda para los trabajadores.