Políticas

10/8/2000|676

En el lugar del Borda, un hotel cinco estrellas

La Legislatura saliente acaba de aprobar una ley de salud mental que ha sido presentada como el último grito del progresismo.


“Una Capital ya sin manicomios” y “Una alternativa a los manicomios”, titularon en forma concordante Ambito Financiero y Página/12, para caracterizar un planteo de desmanicomialización o desinstitucionalización de los enfermos mentales; el reemplazo de los actuales neurosiquiátricos (Moyano, Borda), de tan mala prensa, por otras alternativas; la prevención y los tratamientos ambulatorios; las internaciones breves en hospitales generales de agudos, y la rehabilitación y reinserción social, familiar y laboral. Todo ello apelando a la comunidad, las ONG, las familias alternativas, las casas de medio camino, los hostales y las granjas colectivas.


Ahora bien, nada de eso está disponible hoy, fuera del medio privado. Pero si hay algo claro es que el mayor factor patogénico en cuanto a salud mental son las condiciones sociales de miseria, desocupación, desamparo y frustración social que aquejan a la inmensa mayoría de nuestra población. La ley, en este punto, se limita a plantear que “la prevención tendrá como objetivo accionar sobre problemas específicos de salud y sobre la población en situación de riesgo” (Art. 10, punto b). La “población de riesgo” empieza por los 4 millones de familias de desocupados o subocupados. Y cualquier política de prevención de salud mental que no parta de esta realidad “diagnóstica”, es un verso.


Lo mismo sucede con el tratamiento y la rehabilitación. Es evidente que los neuropsiquiátricos, que por suerte existen para la atención de miles de pacientes desamparados, son en gran parte depósitos de pacientes, de discapacitados y de indigentes, producto de la indiferencia y el abandono de los gobiernos capitalistas y sus políticas cavernícolas de salud. Y especialmente en salud mental, que siempre fue un resumidero de las mayores lacras de una sociedad basada en la explotación y la opresión. Pero la supresión de los neuropsiquiátricos, con la hipótesis de que es la comunidad la que se hace cargo de los enfermos mentales, significa que no se hace cargo nadie. La ley propone la atención domiciliaria y familiar de los enfermos, en una situación en que la familia común no puede alimentar a sus hijos y no hay trabajo para sus miembros sanos; la atención en hospitales públicos de agudos y por medio de redes de hospitales, centros de salud etc., cuando éstos están desabastecidos, desfinanciados y no dan abasto con la demanda actual; la rehabilitación y reinserción comunitaria y laboral (Á!), cuando el “tejido social” está lacerado por la miseria y la desocupación supera el 15%.


En los neuropsiquiátricos hay una cantidad de pacientes internados por causas sociales. No están “locos”. O lo estuvieron, pero ahora están allí porque no tienen adónde ir. Deberían ser atendidos en otros establecimientos o en albergues adecuados. La ley plantea: “Las personas que en el momento de la externación no cuenten con un grupo familiar continente, serán albergadas en establecimientos que para tal efecto dispondrá el área de Promoción Social” (Art. 15). Pero, ¿le preguntaron al Servicio Social, estos legisladores que estudiaron dos años el tema, cuántas vacantes tienen en hogares para ancianos y carenciados, para la demanda fabulosamente creciente de casos sociales? ¿O cuánto se prolongan las estadías de pacientes en todos los hospitales por razones exclusivamente sociales? El sistema público carece totalmente de vacantes geriátricas y sociales, cuadro que se agravará con la política oficial de privatización de las obras sociales y la salud pública.


Nunca mejor aplicada esa frase popular de sentido común: ¿En qué país viven? Estos progresistas que proponen en los papeles la integración social, comunitaria, educativa y laboral de los enfermos mentales, primero van a tener que inventar la sociedad capaz de contenerlos, porque lo que es ésta, los genera, los expulsa, los reprime y los excluye.


Por eso la ley se cura en salud cuando establece que, aunque el Estado es “garante y responsable del derecho a la salud mental”, coordinará un sistema mixto de atención de la seguridad social, estatal y privado (Art. 8). Aparece claramente la veta privatista, meollo del asunto.


La opinión del Partido Obrero es que lo primero es el aumento del presupuesto de salud mental para mejorar los hospitales y centros de salud existentes, para pagar bien a médicos y enfermeras, psicólogos y asistentes sociales, en los horarios necesarios; en segundo lugar, para crear los centros necesarios de atención y rehabilitación (y formación profesional). Implantar un subsidio para las familias con enfermos mentales, que financie su manutención y tratamientos. Y que el sistema de atención de salud mental sea estatal, bajo la dirección de los trabajadores de la salud y asociaciones profesionales, familiares de enfermos y organizaciones obreras.


En cambio, la ley aprobada plantea otra cosa: Seamos progres, cerremos los “manicomios” y que de los enfermos mentales se encarguen las ONG, la Iglesia, las familias y la policía.


Da la casualidad también que la Ciudad haya determinado como “zonas vacantes” y pasibles de emprendimientos inmobiliarios los terrenos que ocupan el Borda, el Moyano, el Infanto Juvenil y otros establecimientos de salud pública de la zona.