A poco de comenzado el mes de marzo y a días de que se conozca la cifra oficial del Indec, las estimaciones privadas han calculado la inflación del mes de febrero en alrededor de un 3,5%, nuevamente con picos en los alimentos. Aunque algunos se adelantan a hablar de “desaceleración”, la proyección anual sigue en el 50% y se espera que en marzo los precios salten con nuevas liberaciones de tarifas y descongelamientos.

Por arriba de la inflación promedio se encuentran los alimentos y bebidas, que sumarían un 5,4% más a una canasta alimentaria empujada por la remarcación constante de precios. Entre otros rubros, se destacan combustibles, medicamentos, comunicaciones, artículos de consumo masivo y servicio doméstico.

Con estos resultados, la inflación acumulada de enero y febrero sería de un 7,8%, en tanto que en los últimos 12 meses se estaría en un 40,9%, lo que da cuenta de una tendencia alcista.

Por su parte, el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que depende de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), elaboró un informe que fija, para febrero, un 3,7% en el aumento en el costo de vida de los trabajadores asalariados.

Desde el IET califican que el aumento estaría impulsado por un alza en los alimentos y bebidas, seguido por subas en frutas y verduras, del orden del 7,3% y 9,4%, respectivamente. Otros como enseñanza se ubican en el 5%, cuando se esperan nuevas actualizaciones este mes.

La inflación no para

La precaria estabilidad cambiaria alcanzada -por ahora- por el gobierno no ha sido suficiente para detener la escalada de los precios.

El descongelamiento progresivo de los programas de control de precios y el desmantelamiento de las medidas adoptadas durante la cuarentena son algunos de los factores que impulsan estas subas. Es lo que ocurre con los combustibles, cuyo impacto se traslada directamente a las góndolas.

Las patronales alimenticias pujan por una liberación plena de las “restricciones a los precios”, como es el caso de la empresa predominante en lácteos, La Serenísima, desde donde señalan que el 80% de sus productos se encuentran bajo alguna modalidad de regulación y que el último año han ido a pérdidas. Reclaman el pronto desmantelamiento de Precios Máximos, en el cual el gobierno se encuentra trabajando arduamente y que vaticina nuevas subas para marzo y abril.

El gobierno trata de exhibir la reducción de la emisión monetaria en los primeros meses del 2021 como un punto a su favor contra la inflación; sin embargo, allí tambiens e inscribe el recorte a la asistencia social, que posibilitaba el acceso a bienes de consumo indispensables a millones de trabajadores desocupados y/o precarizados.

Para reducir el déficit y la emisión el gobierno se propone liquidar el consumo popular, pero no así el pago de las deudas usurarias con el capital financiero, ni los negocios financieros de los especuladores.

Retocando el IPC

En este cuadro poco alentador, el gobierno nacional ha anunciado que “actualizará” la forma en la que se mide la inflación, lo que ya empieza a hacer ruido en varios sectores.

Se trata de una nueva ponderación de los bienes que componen el Índice de Precios al Consumidor, hoy integrado por alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones, servicios básicos de la vivienda, indumentaria, etc.

Valiéndose de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares que realizó el Indec entre 2017 y 2018, se reduciría el impacto de los alimentos (33,4%) a un 22%. Gastos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que influyen actualmente en un 14,5%, podrían pasar al 10,8%.

El rubro transporte y comunicaciones podría escindirse, pasando de un 15,6% total a un 14,4% y 5,2%, respectivamente. Mientras se incorporarían variables nuevas como las plataformas de streaming Netflix y Spotify

Si bien esta reforma se implementaría recién después de 9 meses, ya empieza a circular el fantasma de las prácticas del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, aunque admitamos que con algo más de creatividad y disimulo.

La disminución del impacto de artículos de primera necesidad en el IPC podría terminar resultando en un tiro por la culta ya que la pérdida de credibilidad en el Indec también golpearía los bonos y papeles ajustados por el CER y el IPC.

De todas formas, la crisis inflacionaria se pone de manifiesto todos los días en las góndolas y en las precarias economías de las familias trabajadores. También se siente en las calles, con una reciente movilización del Frente de Lucha Piquetero al Ministerio de Trabajo en reclamo del aumento inmediato del Salario Mínimo, Vital y Móvil, del cual dependen varias prestaciones del Estado, entre ellas los programas sociales.

La lucha por un seguro al desocupado igual a la canásta básica y por paritarias sin techo y salarios arriba de la canasta familiar debe ir acompañada por un programa integral que plantee la apertura de los libros de toda la cadena de valor y la nacionalización del comercio exterior, bajo control obrero, en el marco de un plan económico de la clase trabajadora.