El gobierno nacional sigue discutiendo el esquema de recortes del gasto público, en la línea del ajuste fiscal que reclama el FMI, como garantía al pago de la deuda externa. En esta materia, los cañones apuntan a un tarifazo en el servicio de agua, que repercutirá directamente en los bolsillos de los trabajadores.

El debate viene a propósito de la reducción y/o eliminación de los subsidios a los servicios públicos esenciales, como el agua, el gas y la luz, con el agravante que en este caso se trata de adicionar un mayor costo de vida para millones de trabajadores, en medio de un deterioro del poder adquisitivo de los salarios y crecimiento de la pobreza.

Hablamos de un servicios esencial, que hace a la supervivencia de toda persona, y cuyo acceso universal está cuestionado debido a que el agua potable no llega a muchos de los barrios pobres, como es el caso de la Villa 31 en plena  Ciudad de Buenos Aires, o a miles de asentamientos y barrios humildes que carecen de instalaciones y conexiones de agua. Un tarifazo sobre este servicio cerraría más el grifo en las casas pobres y las familias obreras, quienes a duras penas llegan a fin de mes.

Quienes miden los números de la compañía como un “flujo de negocios”, y observan que los gastos exceden a los ingresos ($70.000 millones contra $49.000 millones, en 2021), omiten que se trata de un servicio cuya naturaleza implica gastos corrientes en materia de obras de ampliación de la red de agua y cloacas, lo cual es absolutamente deficitario por parte del Estado ya que no alcanza a la mayoría de los barrios.

Para darse una idea de la magnitud del problema, de los 4.400 barrios populares relevados por el Renabap, poco más de un 10% cuenta con conexiones de agua potable regular, primando el acceso a distintas fuentes de agua proveniente de otros barrios, camiones cisterna, canillas “comunitarias”,  aguas no potabilizadas… o directamente a aguas no consumibles.

La administración de Aysa como si fuera un servicio comercial, con la reducción y/o quita de subsidios y la consecuente disminución –y no ampliación- del presupuesto destinado a la extensión de las conexiones de agua potable y cloacas, las cuales deberían darse en barrios con poca o nula capacidad económica, implica el cercenamiento de un derecho esencial de acceso al agua.

Como alternativa, el gobierno piensa en esquemas de segmentación, como los que prepara para la luz y el gas. Pero tomado de conjunto se trata de un paquete de tarifazos que golpearán de lleno los bolsillos populares, ya sea por la incidencia directa en las facturas o por el traslado de las subas a los precios de los bienes que consume la población carente de la acceso directo a estos servicios, por caso los bidones de agua que se utilizan en muchos barrios pobres para suplir la falta de servicio.

En el mientras tanto, según un informe del Banco Mundial el 20% de la población que habita el país tiene dificultades para comer. Las medidas que prepara el gobierno para ajustar el presupuesto a la medida del FMI implican profundizar el deterioro de los hogares y las familias obreras, bloqueando el acceso de millones de personas a los servicios esenciales.

Contra cualquier recorte del presupuesto destinado a obra de agua potable y al suministro del servicio de agua debe invertirse de inmediato en las obras de conexión y ampliación de la red de agua potable y cloacas, para llegar a todos los barrios y rincones del país, junto a garantizar el acceso al servicio para el conjunto de la población, sin aumentos en la tarifa para los trabajadores y con un seguro al desocupado igual a la canasta básica, que sirva como punto de partida de ingreso económico para los sectores más golpeados por la crisis. Al tiempo que es precisa una recomposición general de los salarios, para ubicarlos por arriba de la canasta familiar.