La reciente interna del PJ de la capital fue un fracaso. La votación fue bajísima, no suscitó ningún interés y reveló fuertes choques de aparato de las distintas fracciones. Cada sector repartió boletas mutilando los candidatos adversarios, los propios candidatos (Güilo, Ikonicoff) denunciaron fraude y aparateo, y el escrutinio estuvo matizado con escenas de pugilato. La función de las internas fue ‘instalar’ al candidato de Menem, ‘topadora’ Domínguez.

Domínguez es un intendente de facto, lo que no ha impedido que “no puede dejar de gobernar hasta el 30 de junio”, condicionando e hipotecando a la ciudad (licitación de la Ciudad Judicial, remodelación de La Boca, un emprendimiento de 100 millones dirigido al turismo de lujo y otros detalles, como la venta del edificio de Inspección General). También Domínguez ha renegociado los contratos de recolección de basura y limpieza con los privados (Manliba y Cliba), renovables hasta fin de año.

Domínguez oculta el verdadero déficit del municipio. Se ha denunciado que el Banco Ciudad se ha hecho cargo, desde 1992, del pago a los contratistas, sobre la base de los certificados de servicios que les otorga la municipalidad, acumulando una deuda que la municipalidad no paga y que tampoco aparece a su nombre. Ahora, Domínguez la aumentó para pagar ‘obras’ de campaña electoral y la refinanció, con vencimientos en el cornadas ’97, bajo el futuro gobierno. El Banco Ciudad ha quedado con un descubierto ‘critico’, según el Banco Central. Y entre otras medidas, sigue en marcha (denuncia del ombudsman Cartañá) el revalúo de propiedades, con aumentos de hasta el 800% y 5 años de retroactividad, para elevar la base de los impuestos (Clarín, 15/4).

Complicidad de la ‘oposición’

La protesta de radicales y frepasistas no ha pasado de los comunicados de prensa. De la Rúa propone que el Estado se haga cargo de la deuda, otorgando vía libre a Domínguez (el planteo supone transferir millones de dólares al resto del país).