El miércoles 9 tuvieron lugar dos sesiones ‘especiales’ en la Cámara de Diputados.

La primera, convocada por el oficialismo para aprobar dos leyes al servicio del capital financiero -la de Financiamiento Productivo (de “Mercado de Capitales”) y la de Defensa de la Competencia (que brinda inmunidad a los monopolios)-, logró quórum gracias a la asistencia de los diputados del PJ y el Frente Renovador, que dieron su voto favorable a la normativa. 

La segunda sesión tomó centralmente el proyecto de rebaja de tarifas del bloque PJ-Renovador, aprobado finalmente con 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones. Ya en su convocatoria, el peronismo había dado su gesto favorable a los capitalistas incorporando también la Ley de Mercado de Capitales al temario (que terminó siendo aprobada en la primer sesión). 

Un recorte al proyecto antitarifazo

El proyecto PJ-Renovador retrocedió frente a su propio dictamen inicial, eliminando la reducción al 50% del IVA (10,5%) sobre las tarifas -uno de los puntos positivos del proyecto original, ya que los impuestos al consumo son la viga maestra del sistema impositivo argentino. El portavoz del proyecto, Sergio Ziliotto, se justificó en que “los grandes beneficios pasan por la modificación de los mecanismos de actualización y no la cuestión tributaria”. 

El proyecto mayoritario retrotrae los tarifazos a seis meses antes (noviembre del 2017), dejando en pie los tarifazos aplicados desde el 1° de enero del 2016 hasta esa fecha, y arma un nuevo esquema de aumentos tarifarios indexados directamente al salario.

Salvataje de las privatizadas

La ‘oposición seria’ del PJ volvió, sin embargo, a rescatar a las privatizadas -que están en la picota popular por sus latrocinios contra el bolsillo del trabajador-, en continuidad con la política de salvataje de estas empresas que hizo oportunamente el kirchnerismo, sobre la base de millonarios subsidios que pagaba el Estado.

El diputado del PJ, Diego Bossio, dio cuenta de las superganancias que recibieron las privatizadas desde el ascenso de Macri, planteando que “han recuperado valor en sus tarifas, es el momento de parar la pelota…”. Pero a partir de esta ley, las tarifas no quedan congeladas, sino que se van a mover al ritmo del salario, y las privatizadas continuarán operando pese al sinfín de denuncias de que no invirtieron en la mejora de los servicios y desviaron el dinero de los subsidios a otros negocios.

El proyecto, además de sus limitaciones, es en buena medida una puesta en escena de cara a las elecciones de 2019, dado que el peronismo sabe que es muy probable que Macri finalmente vete la ley.

¿Acuerdo nacional?

El diputado Martín Llaryora (del PJ del gobernador cordobés Juan Schiaretti) habló “de una pérdida de credibilidad por parte del Gobierno” y le reclamó a Cambiemos “que dejen de lado la soberbia”, planteando que “tal vez sea el momento de convocar a un acuerdo nacional para poder aplicar medidas con más consenso”. 

En la línea del “acuerdo nacional” se anotaron también la massista Graciela Caamaño, quien sostuvo que “el Congreso debe proveer la solución frente a esta crisis”, y Carolina Moisés (PJ Jujuy), quien recordó que votaron todos los proyectos presentados por el gobierno en estos dos años y medio (Pacto Fiscal, Fondos Buitres, etc.). Todos resaltaron que sin sus votos no se hubiesen aprobado en la primera sesión los proyectos del capital financiero. 

El kirchnerismo, aunque votó en contra de las dos leyes financieras, también se sumó en la voz de Máximo Kirchner y otros –como el burócrata de Ctera Hugo Yasky- a la “necesidad del diálogo”, tomando estas tarifas como una base de recomposición de las empresas.

Expectativa de la oposición en el FMI

La propuesta del Frente de Izquierda de que se saque una declaración rechazando el inicio de las negociaciones del gobierno Macri con el FMI –presentada por Nicolás Del Caño- recibió 66 votos afirmativos, contra 113 negativos y 45 abstenciones.

Graciela Camaño sostuvo que “nos vamos a abstener; no pienso mandar a nuestro bloque a votar por una llamada telefónica que el presidente y el ministro de Economía hicieron ayer”; mientras que el salteño Pablo Kosiner, del PJ Federal, señaló que “estamos dispuestos a debatir este tema el día que venga el gobierno a plantear cuál es el acuerdo que van a firmar con el Fondo”.

El apoyo de la oposición patronal al acuerdo con el FMI es indisimulable, como mostró al día siguiente de la votación la reunión de los gobernadores del PJ con Macri.

Nacionalizar las empresas de servicios públicos

El Frente de Izquierda, que votó a favor del proyecto mayoritario para retrotraer los tarifazos, fue sin embargo el único que propuso la nacionalización de las empresas de servicios públicos. La diputada del Partido Obrero-FIT, Romina Del Plá tiene presentado un proyecto de nacionalización integral de los hidrocarburos, denunciando que las privatizadas no han invertido y se la llevan en pala bajo la forma de subsidios antes y de subsidios y tarifazos ahora. La expropiación de estos monopolios vaciadores y ladrones debe ser hecha sin ninguna indemnización de resarcimiento. Es necesario abrir los libros para explicar ante el pueblo los verdaderos costos de los servicios y adónde fueron a parar los miles de millones otorgados en subsidios. 

El control de los trabajadores es fundamental para no volver a un ciclo de sabotaje y negociados por parte de los funcionarios en las empresas estatales. Bajo control obrero es necesario usar las rentas diferenciales para un plan de desarrollo de los servicios públicos para resolver las necesidades del pueblo trabajador.

En la sesión, Del Plá denunció que “el gran acuerdo político que quieren hacer es para seguir saqueando a los trabajadores”; planteó que el programa que defendió la izquierda “no se va a imponer desde el Congreso nacional” y convocó “a luchar por un Congreso Obrero que elabore un plan de acción por la reapertura de las paritarias y el rechazo a los tarifazos”.

En la calle, frente al Congreso, desde la concentración que convocó el FIT a primera hora de la mañana, fueron pasando diversas marchas reclamando la derogación de los tarifazos.