Políticas

25/8/2005|914

En Merlo existe una oportunidad

En Merlo, uno de los seis distritos más poblados de la provincia de Buenos Aires, se está procesando una crisis política. Un conjunto de corrientes y agrupaciones que han sido parte del movimiento popular de lucha contra la mafia del intendente (o directamente sus víctimas) y habían puesto sus expectativas en el gobierno nacional, han entrado en crisis. El cimbronazo político pudo advertirse en el escaso eco popular del acto oficialista que acaba de realizarse en Merlo.


Raúl Othacehé no es sólo uno de los intendentes mafiosos que son legión en el Conurbano y que han convertido a los municipios en auténticas “cajas negras” sobre la base del manejo de los contratos de recolección de basura (que se llevan más de un 10% de los presupuestos), del juego (habilitaciones de los bingos), de las excepciones inmobiliarias o de los contratos de provisión. El intendente de Merlo, que va a cumplir 14 años en funciones, es el representante de una corriente reaccionaria fuertemente enquistada en el Estado y en particular en las fuerzas de seguridad y la Justicia. Fue ministro de Gobierno de Carlos Ruckauf. Formó con éste, Aldo Rico, Jorge Casanovas (ministro de Justicia) y Luis Patti, desde la Legislatura, el núcleo orientador del “gatillo fácil” en la provincia. A este cuarteto corresponden las iniciativas para endurecer las condiciones de excarcelación para los detenidos y volver a habilitar los “interrogatorios” policiales, es decir las sesiones de tortura en las comisarías.


Raúl Othacehé fue el único intendente del Conurbano que, en 2002, invitó al secretario del Tesoro norteamericano, Paul O’Neill, a visitar el distrito, lo que habla de sus vínculos con el Departamento de Estado yanqui.


Durante los 14 años ininterrumpidos de gobierno en Merlo, Raúl Othacehé ha hecho apalear (en parte con su guardia civil) y perseguir a todos los movimientos de lucha o ciudadanos que osaron enfrentarlo. Periodistas, remiseros, docentes, desocupados, Asambleas Populares, colectiveros, todos fueron víctimas del régimen de terror y apaleamiento. No existe, quizá con la excepción de Curto, en Tres de Febrero, un Estado policial tan desenvuelto como en Merlo (De Armas, ex senador provincial por la UCR, se quitó la vida denunciando la persecución del intendente y sus esbirros). Los grandes beneficiarios de este régimen son las patronales y los grupos capitalistas, que disponen de un Estado propio para imponer la flexibilidad laboral y el trabajo en negro. Los despidos en Pirelli, el infierno laboral en Masalín, dos de las concentraciones obreras más importantes, hablan por sí solos.


Un gobierno de “servicios”


La dictadura civil del actual intendente contempla la infiltración, la provocación y el “grupo de tareas” constituido por los punteros y, según denuncias, por personajes de la dictadura militar. Pero no ha podido acallar ni a los docentes, ni a los movimientos de lucha de los desocupados, ni a los obreros del transporte. Estos, en particular, representados por los compañeros de TDO (hoy Ecotrans), le han impuesto una derrota a la Intendencia, al obligarla a levantar la Línea 216, puesta en marcha sólo al efecto de viabilizar un negocio a costa de los trabajadores.


Existe un proceso incipiente de movilización popular. Barrios que realizan asambleas y se movilizan para frenar la contaminación de las aguas. Estudiantes universitarios (existe una sede del CBC) que se organizan para acabar con las intimidaciones en su lugar de estudio.


En este escenario, la candidatura de Carlos Pacheco (dirigente de TDO) a la Concejo Deliberante, representa la posibilidad de una voz obrera y de izquierda y un canal de movilización frente al gobierno de los “servicios”. La lucha por una banca excede a la conquista del voto (que, por el régimen antidemocrático que impera en los municipios, supone un “piso” del orden del 8%). Debe estar fundada en la reconstrucción de la Asamblea Popular que el intendente reprimió y disolvió hace dos años, en la movilización por el juicio y castigo a los atropellos vividos (cuyos casos más resonantes son los de la concejala De Armas, hermana del senador que se quitó la vida, y el periodista Del Bono) y en la lucha contra la patota, el infierno laboral y la pauperización capitalista.


El Municipio ha sido “vendido”, como ocurre en el 90% de los distritos de la provincia, sea por la privatización en el cobro de algunos impuestos comunales (Merlo fue pionera en colgar el cobro del alumbrado público de la boleta de luz) o por la obra pública en manos de la “patria” contratista. La apertura de la “caja negra” del Municipio por representantes libremente electos en los barrios, la imposición del salario igual al costo de la canasta familiar y de la jornada de ocho horas, la prohibición de despidos, la eliminación de impuestos a los desocupados y el establecimiento de impuestos progresivos diferenciales a las empresas y a las propiedades suntuarias, la expulsión de la mafia de la Intendencia y el Concejo, constituyen un programa elemental de movilización y campaña por una banca obrera y genuinamente de izquierda.