A De la Rúa le alcanzaron 7 días para lanzar un paquete de encarecimiento y reducción del salario, de despidos en la Administración Pública, de ahogo del Pami y de precarización laboral de los trabajadores de pequeñas empresas.

En los próximos días, sacará del Congreso una reforma laboral que lleva a 6 meses o un año el período de prueba, rebaja las jubilaciones futuras de los trabajadores e incorpora las claúsulas flexibilizadoras aprobadas durante el menemismo en los convenios de trabajo que aún no los tienen.

Todo eso se hizo con la complicidad de la burocracia de la CGT, a cambio de que no le toquen los cuantiosos fondos que maneja de las obras sociales, mientras la‘combativa’ diputada Alicia Castro, del MTA, levantó la mano en el recinto para votar directamente todas estas monstruosidades. Pero la CTA, por su lado, no sólo metió violín en bolsa sino que, a través de la Ctera, se apresta a levantar la Carpa Blanca, en lo que constituye una de las traiciones más abiertas de los últimos años, en ofrenda a la represión de la Gendarmería en Corrientes.

 

Quién paga

Este mazazo contra la población trabajadora está siendo defendido, sin embargo, como una manifestación de equidad y de que pagarán más los que más tienen.

La verdad es que los grandes ‘ganadores’ del paquete impositivo son los especuladores nativos e internacionales, las grandes fortunas y los evasores, es decir, el gran capital.

Ante todo, el paquete se justifica en la necesidad de bajar el déficit fiscal, pero se oculta por qué hay déficit fiscal o sea que los intereses de la deuda pública nacional y provincial superan los 12.000 millones de dólares anuales, y equivalen al 30% del Presupuesto Nacional. Es para garantizarles a los tenedores de la deuda pública el cobro puntual de los intereses usurarios, que los ‘progresistas’ lanzan este paquete… por lo tanto, reaccionario.

Las grandes fortunas y los grandes evasores capitalistas no serán molestados por este paquete. “El paquete apenas roza la evasión y no toca las ganancias millonarias. Así, sobre 27.000 millones de pesos calculados como evasión anual, Machinea espera recaudar apenas 400 millones, o sea, el 1,5% de lo que se evade. Y seguirán sin pagar Ganancias los dividendos que reciben los accionistas, la compra y venta de empresas y las ganancias bursátiles o financieras, como la renta de acciones y títulos públicos o los intereses de las cajas de ahorro, fondos comunes y plazos fijos” (Clarín, 16/12).

Todas estas exenciones suman varios miles de millones de dólares. Solamente con aplicarle el impuesto a las Ganancias a la renta de los títulos públicos nacionales y provinciales, la recaudación aumentaría en 3.000 millones de dólares.

Pero no. Para el ‘progresismo’ centroizquierdista el gran capital es la vaca sagrada.

 

Mínimo no imponible

Salvo los grandes capitalistas, nadie se salva del paquetazo. Ante todo porque suben los impuestos internos a las bebidas y cigarrillos, consumos netamente populares.

Otra medida fundamental es la baja del mínimo no imponible, o sea, la parte del salario que no paga el impuesto a las Ganancias. Antes pagaban Ganancias los sueldos superiores a los 2.500 pesos, ahora, los que lleguen a 1.500 pesos mensuales. El gobierno prevé extender esta baja a los sueldos de hasta 700 pesos mensuales, ya que así lo reclama el Fondo Monetario.

Los asalariados que estaban castigados por el IVA, los impuestos internos, las tasas municipales y los descuentos jubilatorios, ahora recibirán el golpe de la reducción del mínimo no imponible.

Además, los llamados trabajadores independientes deberán pagar una cuota más alta por el Monotributo, de entre el 8 y el 20,5%, al mismo tiempo que se les reducen los derechos jubilatorios, porque sólo podrán jubilarse con el haber básico de 200 pesos. Si quisieran jubilarse como el resto de los trabajadores deberán pagar 33 pesos más por mes.

“El paquete también trae encubierto un cambio en el régimen laboral de los empleados de comercios e industrias monotributistas porque se les elimina el beneficio del seguro de desempleo y tendrán derecho a una jubilación reducida, más baja que el resto de los trabajadores” (ídem).

 

Despidos

A la hora de cortar gastos, De la Rúa se preocupó de que quedaran afectados los trabajadores y los jubilados.

El Secretario de Hacienda, Mario Vicens, lo dijo sin pelos en la lengua: “las posibilidades de recortar el gasto son limitadas. Así explicó las razones por las cuales una parte del ajuste tendrá que hacerse inevitablemente sobre la masa de salarios que paga el Estado” (ídem, 11/12).

“Las áreas que quedarán bajo el bisturí son: reducción de secretarías y subsecretarías, reducción de personal en las agregadurías en el exterior, reducción del 3% en los gastos de personal (léase sueldos), jubilación obligatoria de empleados y recorte en el plantel de contratados” (ídem).

Al Pami le redujeron el Presupuesto en 100 millones, “el más bajo de los últimos años” (ídem, 16/12).

 

Reforma laboral

El frepasista ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, ya tiene listo el proyecto de reforma laboral. Su esencia es que lleva a 6 meses o un año el período de prueba que actualmente es de 30 días.

Lo que se busca con esto es flexibilizar aún más a los trabajadores y disponer de una masa de obreros y empleados rotativos, sin derecho a la indemnización, que pudieran ser despedidos sin costo para las patronales.

Con esto quedará anulada la reducción del período de prueba de 3 meses a un mes dispuesta por la ley Erman González de 1998. En ese momento, la burocracia sindical dijo que la reducción de las indemnizaciones quedaba contrabalanceada por la reducción del período de prueba. Ahora, el ‘progresismo’ centroizquierdista liquida el ‘contrabalanceo’ aumentando el período de prueba, pero dejando las indemnizaciones establecidas por Erman y la CGT.

También se convocarán en forma gradual las paritarias para los convenios que no se modificaron en los últimos años, para que incorporen las cláusulas flexibilizadoras del menemismo. La ley prohibirá la ultraactividad, o sea, los mejores derechos del convenio que vence para que las patronales puedan incorporar nuevas y más ‘modernas’ cláusulas flexibilizadoras.

La Alianza no necesitó ni una semana para mostrar su hilacha.