Políticas

17/3/2016|1403

En vísperas del XXIII Congreso del Partido Obrero

Por medio de una intensa agitación política y de un trabajo metódico de organización de los activistas, es necesario hacer emerger la verdadera “grieta nacional” -entre los partidos capitalistas y su Estado, de un lado, y la izquierda y la clase obrera, del otro. El Congreso del Partido Obrero debatirá los planteamientos, las consignas y los métodos de organización para esa gran tarea

El XXIII Congreso del Partido Obrero, que tendrá lugar entre el 24 y 27 de marzo próximos, sesionará en medio de una transición política apasionante. La votación del acuerdo con los fondos buitre en el Congreso ha concentrado todas las cuestiones fundamentales de la etapa que se viene. Por un lado, el voto favorable de los partidos del régimen a la “ley Griesa” traduce el mandato de la burguesía al gobierno Cambiemos: tramitar un rescate financiero a manos del capital internacional, de cara a la bancarrota que deja el régimen anterior.


 


Dentro de este objetivo general, hay que precisar que el arreglo con los buitres debió precipitarse, sin asegurar siquiera el fin de futuros litigios en tribunales extranjeros. La razón de este apresuramiento es la temprana crisis económica del gobierno macrista. La ilusión de que el levantamiento del cepo y la devaluación posterior configuraran una transición ordenada se derrumbó rápidamente. El tarifazo, que subió los costos industriales, reforzó los reclamos capitalistas a favor de una devaluación mayor. Mientras tanto, el capital sojero prolongaba la retención de la cosecha, en el marco de una caída sostenida de los precios internacionales. De ese modo, el gobierno evitó una nueva corrida cambiaria a costa de elevar la tasa de interés a niveles astronómicos, ahondando la recesión industrial y comercial.


 


Este cuadro general no sólo explica la desesperación con la cual el gobierno salió a buscar el socorro del capital financiero. También anticipa el impasse económico al que conducirá la tentativa de reendeudamiento oficial. Por un lado, las nuevas operaciones de deuda deberán reciclar las hipotecas anteriores, como ocurre con las deudas del Tesoro con el Banco Central, las de las provincias y las del propio Estado nacional, que saldrán a buscar deuda para financiar sus déficits corrientes. Sólo para levantar estos muertos, la deuda pública argentina trepará por encima de los 300.000 millones de dólares. El mito del desendeudamiento -invocado por igual por oficialistas y opositores- ya no puede sostenerse seriamente.


 


La otra contradicción del plan oficial es que convoca al capital financiero internacional cuando éste refluye de los mercados “emergentes”. Las garantías que estos ofrecían al endeudamiento -los precios de sus materias primas agrícolas, mineras o petroleras- se han derrumbado. Esto vale también para Argentina, y no sólo por la soja. La meca de Vaca Muerta y el gas no convencional, que pivoteó la tentativa kirchnerista de viraje a los “mercados”, ha quedado por ahora en las carpetas. Lo mismo ocurre con los proyectos mineros. En estas condiciones, Argentina sigue el derrotero brasileño: la devaluación no ha frenado la sangría de divisas, y las nuevas emisiones de deuda financian la fuga de capitales. Los economistas que presentan a la situación argentina como una crisis de financiamiento del Estado omiten que ésta es sólo la manifestación de una crisis de las relaciones sociales capitalistas, en un plano mundial y continental. Como en otros países, el Estado argentino ha quebrado para rescatar al capital, en primer lugar, a los acreedores de la deuda “reestructurada”.


 


En esas condiciones, el reendeudamiento que planea el gobierno Macri sólo podría tener lugar ofreciendo la garantía de inmensas confiscaciones sociales y remates del patrimonio nacional. Hemos señalado que buena parte de éstos ya han sido rematados bajo el menemato, pero deben tomarse en cuenta las reestatizaciones transitorias que rescataron a sus anteriores vaciadores privados, como Aerolíneas (Marsans) o el 51% de YPF. En cualquier caso, la principal garantía del reendeudamiento es el ajuste de los gastos sociales del Estado. El acuerdo con las provincias, que ha servido de contrapartida o excusa para el voto de los diputados del PJ a favor de la ley Griesa, condiciona el futuro financiamiento de los distritos al “monitoreo” de los ajustes. Es la réplica interior del otro monitoreo, el que vendrá de la mano del FMI. Los rescatistas, por otra parte, van por una recolonización económica de mayor alcance. La cancillería de Cambiemos reanudó las tratativas por acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos, todo lo cual deberá procesarse en medio de choques agudos al interior de los propios explotadores.


 


Un régimen a la carta del capital financiero


 


La votación favorable en la Cámara de Diputados y la que se espera que ocurra en la de Senadores, sirven como piedra basal para la configuración del régimen político que le sigue al derrumbe del kirchnerismo. El FpV se ha partido en la primera votación del año, aunque todas las partes intentan disimular la crisis armando una lista única en la interna del Partido Justicialista. El kirchnerismo ‘gurca’ duda en sacar los pies del plato, porque una ruptura lo dejaría reducido a la mínima expresión. El objetivo de los gobernadores de aprovechar el pacto con los buitres para endeudar a los estados provinciales alcanza al gobierno de Santa Cruz, dirigido directamente por la camarilla K. Pero incluso una competencia interna en el PJ no sería otra cosa que el recurso último y de crisis para mantener la unidad del aparato justicialista.


 


La carencia de mayoría parlamentaria por parte de Cambiemos ha dado lugar a un régimen político inestable, en el cual cada pacto político requiere un acuerdo específico. No sólo Massa se candidatea para votar con el macrismo en el Congreso; lo mismo hace Stolbizer y el llamado bloque Progresista, que acaba de votar favorablemente el pacto con los buitres. Un régimen de acuerdos a la carta no es el apropiado para enfrentar una bancarrota económica de dimensiones. Alcanzarán las primeras crisis para que los aliados se transformen en opositores, aún más cuando se acerquen las elecciones del 2017. Lejos de una perspectiva de estabilidad económica y política, el Partido Obrero traza su plan de acción sobre un pronóstico que tiene en cuenta la bancarrota económica y la creciente desintegración de los partidos políticos patronales.


 


Los trabajadores


 


Las convulsiones que plantea esta transición política para los trabajadores han tenido en estos meses algunos anticipos. Las luchas de Cresta Roja y del Grupo 23 mostraron las enormes reservas de lucha de la clase obrera. La burocracia sindical, en sus diferentes vertientes, actúa a cuenta de la gran patronal y del relato oficial: pasar el mal trago de un cuatrimestre “difícil”, a la espera de una reactivación posterior. Con esa expectativa, han entregado a los precarizados o contratados, o resignaron aumentos salariales y conquistas laborales a cambio de promesas difusas de preservación de los puestos de trabajo. Así ha ocurrido con los petroleros y el Smata, o entre las burocracias kirchneristas de la docencia o el neumático. La prometida reducción del impuesto al salario ha terminado en un fraude, bajo las exigencias del arreglo colonial que votaron los mismos diputados de la burocracia.


 


Los despidos de los últimos meses, que rondan los 100.000, están lejos de sentenciar el resultado de las luchas que se vendrán. Por debajo de estos arreglos, han emergido enormes intervenciones obreras. Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego han sido el escenario de movilizaciones multitudinarias de docentes y estatales. Pero la marcha de la crisis y el ajuste oficial son incompatibles con la “paz” precaria de la burocracia El colapso de Brasil ha agravado la competencia entre los pulpos automotrices del Mercosur, y la industria de aquel país reclama el fin del comercio “administrado”, o sea, del paraguas protector sobre las terminales argentinas. Mientras tanto, los nuevos administradores de YPF anticipan la intención de enjugar su crisis con despidos masivos. En suma, las grandes organizaciones obreras van a ser profundamente conmovidas. Vamos a un período intenso de luchas y movilizaciones, El Congreso del PO debatirá una política para dirigirnos a ellas, reforzando la agitación y el reagrupamiento por paritarias sin techo, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, la indexación mensual del salario, la prohibición de despidos y la preparación de la huelga general y la ocupación en cada fábrica o establecimiento que despida. La función del activismo combativo y de la izquierda es intervenir en este proceso de luchas que tendrá su centro en los sindicatos, alejándose de las acciones de capilla, que inevitablemente conducen al faccionalismo. En ese sentido deben plantearse la campaña por congresos obreros, que en algunas provincias, dado el cuadro de agitación creado por el ajuste, pueden tener una realización efectiva y servir como experiencia piloto para el conjunto de la clase obrera.


 


El mismo cuadro de luchas y deliberación política tendrá que abrazar al movimiento estudiantil, al de los desocupados, a la lucha de la mujer.


 


Estrategia política


 


La votación del pacto buitre ha dejado al descubierto la miseria política del kirchnerismo, el cual, sin embargo, se autopostula para liderar la oposición popular al gobierno. La intervención de Máximo Kirchner en el Congreso, señalando que “no deben ponerse piedras en el camino” de los ajustadores macristas, delata el carácter impostor de su voto contra el pacto buitre. Sólo buscaron disimular el apoyo compacto que, en pocos días, brindarán los senadores K en favor del acuerdo. La Cámpora se ha subordinado a la normalización del Pejota, que tendrá como eje a “Barrick” Gioja. El kirchnerismo es un partido del ajuste, como lo demuestran los recortes brutales de Alicia Kirchner en Santa Cruz y de Bertone en Tierra del Fuego. Todo lo anterior demuestra la enorme ficción política de presentar a los choques sociales en curso como un enfrentamiento entre macrismo y kirchnerismo. De este modo, asocian al derrumbe del nacionalismo capitalista con el de las perspectivas reivindicativas y políticas de los propios trabajadores. La izquierda que se asocia a este fraude político no sólo está hipotecando la lucha contra el macrismo, sino también las conquistas que en términos de independencia política se jalonaron al cabo de una década de lucha contra los “nacionales” de Chevron.


 


La estrategia que guía la acción del Partido Obrero es transformar a la clase obrera y a la izquierda en la oposición política al macrismo. Esto significa explotar las tendencias que anidan en las masas a la lucha contra el ajuste, sobre la base de una política independiente. La delimitación con el kirchnerismo como así también con el centroizquierdismo debe hacerse sobre la base de una iniciativa política creciente. El terreno conquistado por el Frente de Izquierda debe ser desarrollado sistemáticamente por medio de la agitación, la propaganda y la organización.


 


Por medio de una intensa agitación política y de un trabajo metódico de organización de los activistas, es necesario hacer emerger la verdadera “grieta nacional” -entre los partidos capitalistas y su Estado, de un lado, y la izquierda y la clase obrera, del otro. El Congreso del Partido Obrero debatirá los planteamientos, las consignas y los métodos de organización para esa gran tarea.