Enfrentamos un régimen represor
Seguir
SANTIAGO DEL ESTERO
Un escenario político y social cada día más convulsionado se configura en la provincia santiagueña. La inflación y los tarifazos son caldo de cultivo de un descontento popular generalizado.
Los docentes (nucleados en Cisadems) y sectores autoconvocados de la salud se mantienen movilizados para quebrar el tope salarial del 25% decretado por el zamorismo. Los ingresantes del principal profesorado provincial (ISPP Nº 1) están en lucha contra contra cupos y restricciones.
La reacción del oficialismo ha sido desplegar una escalada represiva: envió la infantería a las últimas movilizaciones, reprimió las marchas docentes y también la del Día Internacional de la Mujer.
Esta última semana hubo tres hechos muy graves:
1) Dos compañeros de la agrupación Fuentealba (UJS), recibieron una cobarde golpiza por parte de una patota de la Franja Morada zamorista (K) durante una reunión de comisión directiva del centro de estudiantes del ISPP Nº 1. Estos compañeros son referentes de la lucha por el ingreso irrestricto. Medios oficialistas rápidamente han salido a tergiversar de manera canallesca los hechos, bajo la modalidad de las “agresiones mutuas”. La Franja pisotea el estatuto del propio Centro, y pretende actuar por encima de la voluntad de la mayoría estudiantil.
2) Fue despedido un trabajador de la salud con más de siete años de antigüedad, “Chungui” Chazarreta, quien es militante de izquierda y parte activa de autoconvocados de la salud.
3) Fue despedida una trabajadora municipal de Loreto, quien estaba participando activamente en la lucha por el servicio de agua potable en esa localidad.
Un régimen descompuesto, sobre un volcán
Luego de la “década ganada”, la provincia tiene los peores indicadores sociales de todo el país. La ciudad de Añatuya es centro de una de las principales mafias de tráfico de bebés, con complicidad de policías, funcionarios estatales y la Iglesia (Añatuya tiene obispado propio). Existen decenas de pistas clandestinas de aterrizaje, que también forman parte de las redes de narcos; el interior santiagueño se ha convertido en nodos de distribución nacional para el narcotráfico.
El Frente de Izquierda está llamado a jugar un papel decisivo. Las primeras intervenciones de nuestra diputada Andrea Ruiz han tenido una importante repercusión. El oficialismo mira con temor nuestro desarrollo.
El PO se encuentra interviniendo enérgicamente en todos los conflictos y en una campaña de denuncia del avance represivo del gobierno.
Nuestra agenda parlamentaria exige la inmediata reincorporación de los despedidos, un proyecto de ley de salario mínimo y la prohibición y de despidos, suspensiones y descuentos a los trabajadores en huelga. Otro proyecto central es el de prohibición de desalojos contra pequeños campesinos.
En mayo se cumple un aniversario más del homicidio brutal de Raúl Domínguez, trabajador de Rentas asesinado por denunciar la mafia que operaba en esa repartición estatal. Junto a la organización de los familiares de víctimas de la impunidad, impulsaremos una fuerte movilización provincial contra la represión que gobierna la provincia.
