Ante el fracaso de sus operadores en el Congreso, Macri decidió cortar por lo sano para parar el griterío parlamentario armado en torno a la ley de “prohibición de despidos”. Su convocatoria a los grandes empresarios a la Casa Rosada sirvió para mostrarle al país entero quién manda en la Argentina. Se expuso como nunca el carácter vacuo del parlamentarismo, especialmente cuando se trata de cuestiones que hacen a los intereses de los trabajadores. Detrás de la fachada democrática, la república es siempre una junta de representantes de la clase capitalista. Para éstos, el negocio fue redondo: a cambio de firmar un papel que no los compromete a nada, se llevaron, junto con el compromiso de Macri de vetar la ley, un paquete de beneficios impositivos que en gran parte será instrumentado mediante decretos.

 

Los efectos políticos del pronunciamiento capitalista se hicieron sentir de inmediato. El bloque de Massa entró en crisis quedando en evidencia que su política es funcional a las dilaciones del macrismo y a atenuarle a Macri el costo del veto. El Frente Renovador reproduce en su interior la dinámica política del momento. Se trata de un conglomerado de agentes directos de la Unión Industrial y de burócratas sindicales, en el cual éstos últimos están subordinados a los primeros. Después de todo, es lo que hace toda la burocracia sindical con sus respectivas patronales.

 

La prostitución de la norma contra los despidos había sido iniciada por el propio FpV, cuando decidió reemplazar su dictamen, ya de por sí limitado, por una versión terriblemente desmejorada votada por los senadores. Esta sólo establece una prohibición de despidos por el plazo reducido de seis meses y elimina toda retroactividad. Así,  convalida los 150.000 despidos ejecutados hasta el momento, deja en pie la posibilidad de que los capitalistas recurran a los retiros voluntarios para encubrir la reducción de personal y, aún más, los despidos masivos mediante el cierre de empresas.

 

Las limitaciones insalvables del proyecto, sumado al hecho de que será vetado en el caso de que sea aprobado, van en línea con la política del pejotismo y el kirchnerismo, que lo vieron como un recurso para la demagogia mientras aplican el ajuste macrista allí donde gobiernan. Es lo que sucede en Tierra del Fuego, donde la gobernadora Rosana Bertone persigue y encarcela a los trabajadores que enfrentan su brutal ofensiva contra el trabajo, el salario y las jubilaciones, y también en Santa Cruz, con Alicia Kirchner y La Cámpora queriendo imponer a los trabajadores en lucha la paritaria más baja de todo el país.

 

Crisis política

 

El pronunciamiento capitalista operó como un rescate del propio gobierno de Macri, que se muestra incapaz de superar su condición original minoritaria. El régimen de “coalición a la carta” se revela inadecuado para enfrentar una crisis política y económica de envergadura. Los pactos parlamentarios chocan con la fragmentación de los partidos patronales pero, especialmente, con la división de la propia clase capitalista, cruzada por intereses opuestos en puntos cruciales que hacen a su sobrevivencia. Estos choques se traducen en el gabinete nacional, que ha sido loteado entre diferentes lobbys empresariales. El único punto de unidad que han encontrado es el ataque directo a las condiciones de vida de los trabajadores.

 

Contra quienes pretenden desmoralizar a los trabajadores presentando al de Macri como un gobierno fuerte, la marcha acelerada de la crisis mostrará exactamente lo contrario. Un agravamiento de las contradicciones económicas podrá derivar en una crisis de gabinete e incluso en la experiencia de un gobierno de coalición, integrando al massismo o a una parte de él. En estos días, los diarios aportaron abundante información sobre los enjuagues entre Lavagna padre e hijo con Macri, para evitarle al gobierno el costo político de un veto de la ley de prohibición de despidos.

 

Comodoro Rivadavia

 

La verdadera respuesta al pronunciamiento empresarial no vino del Congreso impotente y cómplice del ajuste, sino de la acción directa de los trabajadores. La movilización de 50.000 personas en Comodoro Rivadavia, la más grande que haya ocurrido en la provincia de Chubut en toda su historia, obligó a las petroleras a recular en cuestión de horas, y a poner en marcha -al menos parcialmente- la producción parada.  Junto con los obreros petroleros salieron los camioneros, los trabajadores de la construcción, los estatales y docentes.  La manipulación del paro por parte de funcionarios -incluidos el intendente y el gobernador-  sólo revela el temor “por arriba” a la rebelión popular, en medio del ajuste y los despidos.

 

La lección que deja planteado lo ocurrido en Comodoro debe ser debatida a fondo por los trabajadores: lo que no se logró durante semanas de debate inconducente en el Congreso se obtuvo en el trascurso de horas con un paro y una movilización masivos. No será el Estado capitalista sino la acción directa de los trabajadores la que derrotará la ofensiva patronal sobre el trabajo, el salario y las jubilaciones. Esta conclusión es toda una denuncia de la política de la burocracia sindical, que recurre al parlamento como un recurso para fingir una resistencia a los despidos, mientras deja pasar el ajuste de las patronales, firmando paritarias a la baja o aceptando las suspensiones masivas.

 

Del cuadro general de la situación se desprenden enormes posibilidades para la izquierda y la vanguardia combativa de la clase obrera. La pejotización del kirchnerismo, que se muestra con más nitidez en las provincias gobernadas por el FpV, coloca a la izquierda como la única fuerza que lucha consecuentemente contra el ajuste macrista.  La condición para explotar estas posibilidades es desarrollar sistemáticamente una clara delimitación con el kirchnerismo en descomposición.

 

A partir de estas conclusiones, llamamos a profundizar la campaña por un paro nacional y un plan de lucha por todos los reclamos de los trabajadores.