La decisión adoptada por la Legislatura de suspender por 60 días a Bussi e iniciarle juicio político fue adoptada luego que el Banco Mundial desechara una posible intervención y reclamara una salida institucional. En el mismo sentido se pronunciaron las cámaras empresarias y comerciales, la Iglesia, el propio gobierno nacional, los burócratas sindicales, incluso la CGT que había emitido una declaración de apoyo al genocida; la Multipartidaria que días antes, sus principales referentes habían hecho alusión, e incluso reclamado, la interrupción federal al Ejecutivo provincial. El golpe de gracia lo dio el Banco Río, que decidió suspender toda financiación al gobierno de Bussi, con lo cual la pretensión de resistir desconociendo las resoluciones de la Comisión de Juicio Político carecía completamente de sustento. Bussi decidió someterse al juicio, sus ministros decidieron integrar el gabinete de Topa, y todos los ultrabussistas a coro, han salido a proclamar la vocación institucional y democrática del genocida y el respeto a la Constitución.

El interinato de Topa

Antes que Bussi se allanara al juicio político, la Suprema Corte constituida como Tribunal Constitucional, recortó gran parte de los alcances del juicio político al considerar que debe dejar de lado las denuncias de enriquecimiento ilícito que ha efectuado el fiscal federal Starc. Con esto Bussi evita que su familia vaya a declarar, y que se puedan investigar todas las conexiones entre las cuentas secretas y los bienes investigados en el país. Se ha dejado condicionado el juicio político, porque lo que estará en juego en el próximo período será la viabilidad de Topa en la gobernación. Si eso ocurriera, desde el propio sector disidente del bussismo vendrían los votos o las ausencias en la sesión de votación y se lo destituiría a Bussi. Pero si Topa no demostrara que es capaz de llevar adelante y ejecutar los planes del gran capital, se haría caer el juicio y Bussi volvería.

Desde que Topa asumió la gobernación se han producido varios hechos: en la Legislatura, por unanimidad, votaron la autorización para que el gobierno pida un crédito por 20 millones con garantías de la Coparticipación Federal; el Banco Río, al día siguiente que Topa nombró al gabinete, otorgó un crédito puente de 4 millones y pasaban a discutir otro de mayor monto; viajaron a Tucumán Rubén Pereyra, dirigente nacional de la Federación de Trabajadores Sanitaristas, Rossi de la Procuración General de la Nación y emisarios de María Julia Alsogaray, para ultimar una salida a la crisis del agua, que pasaría por un proyecto similar al que le habían presentado a Bussi, o sea la de armar una transición que quedaría a cargo del sindicato Sanitarista. Pero con un cambio, de los desfasajes financieros por el boicot popular al pago de las tarifas se haría cargo el ENOHSa, el ente nacional que administra los créditos que la Nación recibe del BID y del Banco Mundial. En la propuesta a Bussi se planteaba que se hiciera cargo la provincia. Es claro que si se dispone de dinero para ese destino es porque cuenta con la autorización del BID y del BM. El propio Pereyra sostuvo que si se llegaba a este arreglo, que cuenta con el aval del BM, se destrabaría el crédito por 100 millones y la provincia podría reprogramar los vencimientos más urgentes de la deuda pública. Pereyra sostuvo, además, que”Topa acordó que dialogará con los legisladores, a los fines de que todo se haga en el marco de la ley” (La Gaceta, 17/4), pero por si surge algún cortocircuito “el PEN habría entregado el modelo de decreto de necesidad y urgencia que el gobierno local debería dictar disponiendo la entrega directa de los servicios, después de fracasar la licitación privada que realizó tiempo atrás” (ídem).

Simultáneamente a estos hechos, todos los medios recogen crecientes versiones sobre un posible fracturamiento de Fuerza Republicana y de que con Topa comenzó el postbussismo. Es evidente que esta posibilidad quedará condicionada a la evolución de este interinato. Hasta el momento, desde la Legislatura y el gobierno provincial, desde la Multipartidaria, como de los grandes grupos bancarios y patronales se está apuntalando al nuevo gobierno de este genocida. Pero el plan del Banco Mundial y de la Fundación del Tucumán, plantea que hay que ir a una racionalización a fondo en la administración pública, en la sanidad y educación públicas, lo cual supone ir a un enfrentamiento con los trabajadores en un cuadro de enorme catástrofe social. De la capacidad que demuestre Topa para llevar adelante estos planes dependerá su suerte política y la de Bussi.

Las luchas

El martes 14, la Multisectorial contra la impunidad volvió a concentrarse en la Plaza Independencia. Allí, a pesar de la lluvia, unas 700 personas escucharon a distintos oradores donde se hizo hincapié en la necesidad de echarlo al genocida, y de luchar contra el interinato de Topa, porque representaba el continuismo en todos los terrenos, porque era también un genocida, porque era quien desde la Legislatura defendía todos los planes de Bussi, y porque hoy es el encargado de ejecutar los planes del Banco Mundial. Desde la propia Plaza se llamó a mantener y profundizar la lucha y a concretar un acto de lucha de los trabajadores para el 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador.

Por otro andarivel se ha ido generalizando un paro general en la administración pública por la falta de pago de los sueldos de marzo, y que amenaza con desembocar en una marcha general de estatales para la próxima semana.

A todo esto, Alpargatas decidió suspender rotativamente a 600 trabajadores cada 15 días, lo cual ha creado un clima de tensión en toda la zona de Aguilares.

Todas estas circunstancias requieren de un programa y de la profundización de la lucha, para echarlo definitivamente a Bussi, y para enfrentar los planteos del gobierno de Topa y que, como dice la Multisectorial, la crisis la paguen los de arriba, los grandes empresarios y terratenientes. Por eso el PO plantea la lucha por la reestatización del servicio de agua bajo control de los trabajadores ; el reparto de las horas de trabajo en Alpargatas sin afectar el salario; un seguro al desocupado mayor de 16 años de 500 pesos; impuestos a los beneficios de los oligarcas azucareros y del citrus, para asegurar la educación y la salud públicas gratuitas y un aumento salarial del 50%.