Como pocas veces, el Congreso concentró esta semana las fibras más sensibles de la situación política. Mientras en las comisiones de la Cámara de Diputados se expresaba el choque entre la marea verde y el oscurantismo clerical por el aborto legal, en el Senado se afinaban cambios de crisis en la nueva fórmula de movilidad jubilatoria para rescatar la confiscación de los haberes. Es un resumen de la Argentina, que retrata las tensiones entre las aspiraciones populares y el abierto rumbo fondomonetarista del gobierno de Alberto Fernández.

Como sucedió en 2018, el tratamiento parlamentario del derecho al aborto saca a flote una colisión muy profunda, entre el poderoso movimiento de mujeres y las bases de sustentación de un régimen social de opresión. Las iglesias ponen sobre la mesa todos sus vasos comunicantes con el Estado y sus partidos, y sobre todo su peso en el operativo de contención del descontento en medio de una crisis social monumental. Cuando los autodenominados curas villeros afirman que las mujeres pobres no abortan, simplemente defienden su prerrogativa de hablar en nombre (y ocultar los padecimientos) de las más expuestas y violentadas. En realidad, como les contestó Romina Del Plá, pretenden “barrer los abortos clandestinos debajo de la alfombra”.

Tal vez más ilustrativa fue la huida vergonzosa del “padre Pepe” Di Paola, quien optó por desconectarse del debate de las comisiones cuando la diputada del FIT -para incomodidad de la oficialista Cecilia Moreau que preside el debate- exigió explicaciones por los abusos en el ámbito eclesiástico, justo cuando era apresado el cura Sidders: “¿Por qué habla sobre un tema que no hace a su género ni a su religión, y elige callar sobre un tema que sí está en sus manos resolver?”, interrogó Del Plá. Una clarificación fulminante.

Lo que se revela una vez más es que la cuestión de la legalización del aborto no es meramente un asunto de salud pública, sino un reclamo que entra en conflicto con uno de los pilares de la opresión de las mujeres y con ellas de la clase obrera toda. Es un aspecto crucial, en tiempos de ofensiva fondomonetarista contra las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Sin ir más lejos, mientras la ola verde está a un paso de esta importante conquista, en el Senado el oficialismo maniobra para rescatar la reforma antijubilatoria, punto emblemático del acuerdo que negocia con el FMI.

Resulta que la magnitud del robo a los jubilados, cuando el 80% cobra menos de la mitad de la canasta básica de la tercera edad, puso en crisis a la propia base del gobierno. Ni la burocracia cegetista, que jugó un rol activo para consumar recortes salariales en plena pandemia, puede comprometerse abiertamente con esta medida. Tuvieron que dar marcha atrás en la absorción del 5% en diciembre por el aumento de marzo, ante la escandalización generalizada que despertó la noticia. También buscan amortiguar el impacto alterando levemente el índice de variación salarial que contempla la nueva fórmula y manteniendo los incrementos cada tres meses en lugar de cada seis. Son modificaciones de crisis, que mantienen no obstante el espíritu de “desindexar” las jubilaciones de la inflación y de los salarios en actividad.

Sin vueltas, estamos ante un programa económico clásicamente fondomonetarista. Ello no solo quiere decir que el ajuste se profundizará, sino además que aumentará la subordinación del país ante el imperialismo y el saqueo de los pulpos multinacionales a costa de una mayor primarización económica.

El papelón del canciller Felipe Solá, en torno a la conversación telefónica que sostuvo Alberto Fernández con Joe Biden, sacó a relucir no solo las tensiones internas del Frente de Todos sino más aún la falsedad de la ilusión kirchnerista sobre que la salida de Trump de la Casa Blanca aminore las exigencias del Fondo para llegar a un acuerdo. Al igual que sus socios de BlackRock -a los cuales otorga puestos gubernamentales- el electo presidente yanqui es parte de los lobos de Wall Street que desplumaron a la Argentina en el canje de deuda con los bonistas.

El acercamiento explícito de Fernández con Bolsonaro, poco después de haber compartido un asado con el también derechista presidente uruguayo Lacalle Pou, revela la postración ante el imperialismo en otro plano sensible: el de las políticas de seguridad monitoreadas por el Departamento de Estado norteamericano. Parte de esta agenda es también rescatar las tratativas del acuerdo de libre comercio Mercosur – Unión Europea, que tanto cuestionaba el actual gobierno a Macri por su contenido desindustrializador. El mensaje que envió nada menos que al cónclave de la UIA la mandataria alemana, Angela Merkel, presionando por un pronto arreglo con el FMI y por mayores concesiones comerciales, es parte del mismo baile.

No es casual que en este cuadro el presidente en persona haya corrido a saludar al Monsanto chino, Syngenta, por el anuncio de que incrementará las exportaciones de soja… a costa de un envenenamiento de la población y de la destrucción del suelo. No deja margen de dudas el por qué, después de un año de intensos reclamos por las quemas en el Delta y en las sierras cordobesas -y de tanta demagogia K-, el oficialismo excluyó a la Ley de Humedales de la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso.

Más significativo aún es el aval del gobierno nacional a la rabiosa ofensiva megaminera del gobernador Mariano Arcioni en Chubut, que deberá doblegar sin embargo a un pueblo que se levanta en toda la provincia para derrotar este nuevo intento de entrega de la meseta chubutense a la Panamerican Silver. El saqueo de los pulpos mineros es, por supuesto, otro de los requisitos para llegar a un acuerdo de reestructuración de la deuda provincial, ya que son los mismos BlackRock quienes en definitiva se quedarán con las magras regalías. Es sintomático, de hecho, que el gobierno de Omar Gutiérrez en Neuquén haya declarado no tener fondos para pagar los aumentos salariales a los estatales justo después de haber sellado un acuerdo de canje de deuda.

Las pujas que se abrieron alrededor de los fondos de la coparticipación con el jefe de gobierno porteño son una arista de este ajuste que dicta el FMI. No hay aquí ninguna cruzada federalista, sino una necesidad de caja para asegurar el cumplimiento de los compromisos con el capital financiero. En última instancia, las menores partidas fiscales para la Ciudad de Buenos Aires serán descargadas por Larreta sobre los hombros de los trabajadores. Los economistas K, que quieren ver una pelea estratégica entre neoliberales y nacional-populares, hacen el ridículo cuando la orientación de Cristina es bregar por la unidad nacional con los Magnetto de Clarín. Por lo demás, no se puede tapar el sol con la mano.

Es natural que en este cuadro crezca de manera fenomenal la miseria. El observatorio de la UCA registró que el 45% de la población del país es pobre, y que el 64% de los niños vive en hogares con privaciones de distinto tipo. Lo que expresa ello es que la miseria abarca cada vez más a los asalariados en blanco. La respuesta contundente a esta situación la dio el Frente de Lucha Piquetero, que con el Polo Obrero a la cabeza realizó una jornada de cortes masivos desde Jujuy a Tierra del Fuego, en 20 provincias, para reclamar contra los montos de indigencia de los programas sociales y por trabajo genuino.

Una extensión similar cobraron las medidas de fuerza de los trabajadores de la salud por el salario, las pésimas condiciones laborales y por el pase a planta de todos los precarizados que abundan en el sector. Son reclamos que chocan contra el recorte fijado en el Presupuesto 2021 y en sus homónimos provinciales, en base a declarar finalizada la pandemia. La crisis sanitaria está sin embargo lejos de cerrarse, como puso de manifiesto la confesión del laboratorio Pfizer de que solo tendrá disponibles la mitad de las dosis de la vacuna contra el Covid-19 que había comprometido para este año. La carrera por la vacuna se revela así no como una preocupación por la salud, sino del gran capital financiero por recomponer un ciclo de especulación en medio de la aguda depresión económica mundial.

Todas estas tensiones hacen mella en el movimiento obrero, a despecho de la burocracia que conduce los sindicatos. Es lo que reflejan la lucha de los metalúrgicos de Gri Calviño, el paro aceitero, los reclamos de los estatales y docentes a lo largo y ancho del país, de los aeronáuticos y el subte, entre otras. En suma, la necesidad de arrancar un paro nacional a la CGT y las centrales obreras cobra cada vez más cuerpo. Redoblemos esa pelea, hasta derrotar el pacto con el FMI.

Buen domingo.