“Este país nunca se planteó con suficiente seriedad la construcción de instituciones policiales y de procuración de justicia realmente trasparentes”. El discurso es bien conocido en la Argentina, repetido una y otra vez por personajes como León Arslanián, Alberto Binder y otros “reformadores” de la policía. Pero quien lo dice ahora, al hablar de la situación de la seguridad pública en su país, es el procurador general de la República de México, Eduardo Molina Mora, jurista y experto en inteligencia (El País, 23/11). El mismo problema allá y acá, el mismo discurso, igual impotencia. En apariencia, al menos.

Sin embargo, en la designación de Medina Mora por parte del gobierno derechista de Felipe Calderón hay bastante más: en principio, la crisis financiera y el sostenimiento del Estado mexicano en cuanto tal.

Medina Mora indica en su entrevista con El País que “el modelo” de seguridad mexicano “era un modelo de delincuencia administrada, el crimen organizado desde el poder”, pero sorprendentemente asegura que “ese modelo fue liquidado en los (años) ochenta”.

Son declaraciones escandalosas, que definen a quien las formula. En 1988 comenzó uno de los periodos más trágicamente corruptos del fin de siglo mexicano, cuando Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia. El fue el privatizador de la telefónica Telmex, operación que transformó a un gran mafioso internacional, Carlos Slim, en uno de los hombres más ricos del mundo. Con Salinas, capitales privados (el narcotráfico, el tráfico de armas) ingresaron en las aerolíneas, los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de difusión y, por supuesto, en la banca estatal.

Todo terminó en un escándalo gigantesco cuando, en marzo de 1994, el principal candidato a suceder a Salinas, Luis Donaldo Colosio, fue acribillado a tiros. Poco después, lo mismo ocurría con el encargado de investigar el asesinato, José Francisco Ruiz Massieu. Cuando Medina Mora dice que ese gobierno “liquidó” lo que él mismo llama “modelo de delincuencia administrada”, se puede saber todo lo que necesita saberse sobre el propio Medina Mora…

A fines de los años 80 y durante el gobierno de Salinas, contrariamente a lo que dice el procurador, ese esquema mafioso llegó a su punto más alto de intervención en los poderes del Estado, hasta que a comienzos de 2000 todo empezó a estallar por sucesivas crisis financieras -que se añadieron a las consecuencias del “tequila”- y políticas. Además, porque el estallido está en la naturaleza de un comercio (el tráfico ilegal) en el cual la competencia se desenvuelve mediante la violencia directa.

Medina Mora no tiene más remedio que contradecirse cuando describe la realidad mexicana de hoy. A pesar de aquel modelo “liquidado”, el procurador señala lo que sigue: “Hay policías en algunas zonas de la frontera norte que directamente fueron privatizadas por el narcotráfico”.

Alguna vez nos referimos a ese fenómeno tal como se manifiesta en la Argentina: en la mayoría de los rubros delictivos (asaltos, prostitución, juego clandestino, autos robados, piratería del asfalto, entre otros) los delincuentes trabajan para la policía o en combinación con ella; en cambio, cuando de narcotráfico se trata, la policía trabaja para las organizaciones de tráfico, sus agentes son empleados de los carteles. Si eso es así en la Argentina lo es mucho más en México, por el poderío de las bandas que operan allí.

Ahora bien: la frontera norte de México es, claro está, la frontera con los Estados Unidos. No tendría sentido que el narcotráfico “privatizara” las policías mexicanas de esa región si no sucediera lo propio al otro lado de la frontera, si los narcos no hubieran privatizado también las policías de la “frontera sur” de los Estados Unidos. Si el narcotráfico pudo “privatizar” a la DEA ¿por qué no a los policías provincianos de Texas o California?

La violencia intolerable

La vorágine de violencia que vive México por la guerra entre narcos se ha convertido en una amenaza directa para la integridad del Estado, precisamente porque el narcotráfico tiene tomada a la organización estatal mexicana. De ahí que se haya transformado en una necesidad burguesa de primer orden la de poner ese estado de cosas bajo control. Las dificultades que encuentra esa operación por parte de un Estado corrompido hasta la médula multiplica la violencia de manera insoportable.

La Argentina tuvo una pequeña muestra de esa violencia con el fusilamiento de dos narcotraficantes colombianos en el shoping Unicenter, en Martínez, y con el triple crimen de General Rodríguez, vinculados con el desembarco de los carteles en el país. Hechos así se multiplican en México cotidianamente y el asunto empieza a generar una crisis política, puesto que las masas se movilizan en defensa de la vida y en repudio a las mafias; y, sabido es, no hay cartel de la droga que pueda soportar una movilización popular profunda.

Medina Mora explica así el por qué de esa guerra: “La disputa de los territorios fue provocada porque el consumo de droga cambió en los Estados Unidos. La demanda de cocaína bajó y subió la de estimulantes”. Esto es, la de metanfetaminas, uno de cuyos compuestos es la efedrina. Por eso, además, la guerra se traslada a la Argentina. Debido a la diferencia de precio de la efedrina en el mercado argentino respecto del mexicano, porque aquí es legal y allá no, el cartel de Sinaloa y otros la compran aquí o directamente comienzan a elaborar las metanfetaminas en territorio argentino. Por eso las grandes corporaciones farmacéuticas que operan en el país han multiplicado por cinco y hasta por diez sus importaciones de efedrina en el último lustro (los laboratorios, además de lucrar con la salud del pueblo, trabajan para y con el narcotráfico).

Pero hay bastante más que un cambio de hábitos en materia de consumo de estupefacientes.

Es cierto que el consumo de cocaína bajó en los Estados Unidos, pero aun así esa droga mueve en el mercado norteamericano (en su sistema financiero, en sus bancos) unos 64 mil millones de dólares anualmente (Ayala Chronicles, 26/5/07), de modo que el total de capitales puestos en circulación por el narcotráfico en ese país no ha de tener un monto muy inferior al dispuesto por George W. Bush y Henry Paulson para “rescatar” a los bancos.

Esa masa de dinero necesita ser puesta bajo control, para que de algún modo asista, también ella, a los intentos de salvataje de un mundo de papel que se derrumba. Eso es todo. No van a investigar al narcotráfico y menos a reprimirlo, porque si lo hicieran irían presos hasta los investigadores.