Señor Presidente:

 

El bloque del Partido Obrero está convencido de que esta Constituyente es una amenaza a la democracia.

 

El día miércoles por la tarde se me informó de la suspensión, sin causa, de la reunión de comisión prevista para el día siguiente. Simultáneamente muchos de los legisladores aquí presentes fueron enterados por el gobernador, asado mediante, de la crisis que se ha abierto entre el gobernador y el vice en torno a la cuestión del tratamiento a darle a la cuestión de la acefalía en la enmienda relativa a la reelección. Según señala La Gaceta del día 4 de mayo, “entre costilla y costilla, el gobernador sugirió que la Constitución debería prever expresamente que si asume el segundo en el mando debe convocar a elecciones en 60 días y que, en ese caso, no podrá presentarse como candidato”. La reelección se ha transformado en el punto de choque del binomio que integra el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, la modalidad que ella tenga llevará la impronta de una maniobra recíproca de desestabilización institucional. Adoptando la cláusula reeleccionista, en cualquiera de las variantes de acefalía, esta Convención haría historia entre las constituyentes que sirvieron para perpetrar golpes de Estado preventivos, sin por ello prevenir los golpes efectivos. El gobernador confiesa su temor a una acción que parta del partido cuya jefatura ejerce el vicegobernador, y éste pretende que la reelección le asegure, en determinado plazo, su acceso al Ejecutivo. La disputa sobre la concurrencia del ministro de Seguridad a la Legislatura puso al desnudo el clima golpista, pues su eventual interpelación fue denunciada como desestabilizadora del Ejecutivo y el rechazo a la interpelación como una desautorización al Legislativo y al vicegobernador que preside el cuerpo. ¡La reelección se ha convertido en una reyerta acerca de las modalidades que debería adoptar el desplazamiento del gobernador (acefalía) contra el vicegobernador, o viceversa!

 

En las últimas horas, hemos tomado conocimiento del procedimiento que se pretende imponer en esta convención para darle una “salida” a esta guerra de facciones. Se trataría, nada menos, de la restauración de la ley de lemas, bajo la variante del “acople”, es decir, “colgando” a las diversas facciones rivales bajo una misma candidatura. Se trata de un hecho de una gravedad inusitada: estaríamos ante una reimplantación de los lemas, ¡no por medio de una ley —que luego puede ser derogada— sino a través de una cláusula constitucional! Lo que van a votar, en definitiva, es el reemplazo del sistema de partidos por un régimen permanente de componendas entre camarillas.

 

La reforma constitucional anida su contrario —salidas de facto, conspiraciones entre los poderes del Estado. Ahora se entiende, señor presidente, por qué se ha dictado un reglamento que prevé la posibilidad de reformas con la mitad más uno de los presentes, 11 convencionales, o incluso con 8 o con 9 si existieran abstenciones: una de las facciones ha querido asegurar la posibilidad de votar la reelección en el caso de un boicot de la facción rival. El reglamento aprobado por ustedes tiene que ver, no con la democracia por supuesto, sino con el putch. El Partido Obrero ha denunciado esta desnaturalización de la Constituyente ante la Justicia, reclamando una medida cautelar, o sea que suspenda, de inmediato, todas las actividades de la Convención.

 

Señor presidente, hay una acción para resolver la reforma constitucional fuera de la Convención. La sesión de hoy es una operación de entretenimiento y una tentativa de ganar tiempo para que el gobernador y el vice cierren algún tipo de compromiso. La sesión de hoy pretende fabricar un “debate constitucional”, cuando lo único que existe es una guerra de camarillas por el control del aparato del Estado y de sus dineros.

 

La sesión de hoy va a fingir un debate sobre derecho de hábeas corpus, cuando las desapariciones de jóvenes se encuentran en la total impunidad. A declarar un respeto al “medio ambiente”, permanentemente violado por los monopolios que reciben el apoyo oficial: hoy mismo hemos podido leer en el diario de qué modo el gobierno se apresta a premiar con subsidios a conocidos depredadores medioambientales, como son los empresarios del citrus. Es el mismo gobierno que respalda a ingenios azucareros que están extorsionando a los trabajadores, diciendóles que por cambiar las chimeneas de los ingenios —y dejar de contaminar— no podrán otorgar aumentos salariales. La Convención proclamará un derecho a la salud que, con salarios de miseria y asfixia presupuestaria, los hospitales públicos de la provincia no podrían asegurar. La sesión derogará la figura de un Tribunal Constitucional que nunca se constituyó, con el argumento de no investir a nadie con “superpoderes”. Pero los mismos legisladores que lo votarán están a favor de los decretos de necesidad de urgencia, es decir, de “superpoderes” que el Ejecutivo de esta provincia utiliza contra los trabajadores, como muy bien saben los docentes… ¡Son los mismos legisladores que van a votar que la junta electoral provincial tenga mayoría de miembros designados por el Poder Ejecutivo, en desmedro de la Legislatura y la Justicia!

 

La sesión de hoy es una ficción que se escenifica para que la Constituyente pueda consumar el papel eminentemente anticonstitucional de legitimar un arreglo de la disputa del poder entre dos fracciones que no responden ante la ciudadanía.

 

Sr. Presidente: el carácter ficticio de esta Convención se hace aún más evidente cuando apreciamos el abismo que existe entre las cuestiones que serán colocadas a votación y las aspiraciones y preocupaciones cotidianas del pueblo. Los “derechos y garantías” que serán puestos a votación no van a resolver el reclamo de los trabajadores de la Fotia, que rechazan seguir percibiendo un salario por debajo de la línea de pobreza. No van a dar satisfacción a la lucha de la docencia por la restitución de sus conquistas.

 

El Partido Obrero sí ha presentado proyectos que abordan de un modo directo y claro esas aspiraciones populares. ¡Ustedes no podrán acusarnos de “haber venido a esta Convención sin propuestas”! Pero ¿qué ha ocurrido con nuestros proyectos? Varios de ellos, como el de salario mínimo o el de medio ambiente, no pueden ser defendidos por nosotros en las comisiones, porque se nos ha vedado la participación. Nosotros planteamos que la asamblea se declare en comisión y que delibere en plenario, algo que también ha sido rechazado. Por el lado que se la mire, la Constituyente no existe como tal: como expresión de un debate constitucional, es un fraude; como manifestación del objetivo de la reelección, es una amenaza a los principios republicanos.

 

En función de todo lo anterior, vengo a proponer, como moción, que el cuerpo se declare disuelto y ponga fin a esta Convención Constituyente.

 

Para que haya un verdadero debate constitucional es necesario convocar a una Asamblea Constituyente libre, democrática y soberana. Reunir las condiciones para esta convocatoria es la tarea que el Partido Obrero le propone al pueblo de Tucumán y por sobre todo a la clase trabajadora.