Escobar: Abajo el impuestazo
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En una asamblea de concejales y mayores contribuyentes se aprobó un aumento de tasas del 25 al 30% con el voto del bloque oficialista -ex Patti, hoy K.
Aunque Escobar es un municipio rico y un centro de negocios inmobiliarios, el régimen impositivo aprobado es un ataque al pueblo, aunque presentado de manera “progre”.
Según el informe oficial, los barrios cerrados más grandes afrontarían una suba de 13%, en tanto que en los country y clubes de campo el aumento podría llegar al 37%. Un contribuyente del casco céntrico que hoy paga 56 pesos deberá pagar 73 a partir de enero, un aumento del 30%; uno de la periferia pasaría de 36 a 46 pesos, un 28%.
La intendencia hoy K ha dejado atrás sus propias promesas de poner en pie una “tasa más equitativa” para revertir el hecho de que “el propietario de una casa en un country paga 50 pesos y el vecino de Savio 35 ó 40” (Alternativa en papel, abril 2008).
Esto obligaría a hacer pública la valuación de los country, lo que revelaría que “la gran mayoría de los municipios del conurbano toma la valuación fiscal de la provincia como uno de los factores para fijar sus propias valuaciones, sobre las que luego aplica la tasa de ABL”, pese a que “en la zona norte una casa de unos 200 metros cuadrados cuesta no menos de 200.000 dólares” (Clarín, 18/4/08).
El régimen impositivo aprobado plantea un 30% de aumento en los importes mínimos para habilitaciones comerciales y, por otra parte, la extensión del casco céntrico en todas las localidades, una manera de aplicar mayores tasas a vecinos hoy considerados periféricos.
Planteamos una campaña contra el impuestazo. Exigir la apertura de los libros de la intendencia a un tribunal electo y revocable. Hacer públicos los contratos de recolección de residuos y obra pública, para poner en claro lo que se lleva la “patria contratista”. Hacer públicas las valuaciones de los country y clubes de campo, exigiendo valores de mercado actualizables. Eximir de todo cobro al desocupado o trabajador en negro, contra un censo controlado por los propios vecinos. Establecer dietas del intendente, los concejales y funcionarios al nivel de un maestro de jornada completa. Derivar todos los recursos hacia un plan de obra pública para hacer frente a la instalación urgente del agua potable y cloacas en los barrios obreros, afectados por napas contaminadas desde hace tiempo, un drama silenciado por el gobierno y la oposición patronal. Preservación íntegra de la “tasa verde” para la construcción de una planta de reciclado de residuos, bajo control de las organizaciones de trabajadores cartoneros. Preservación de comedores escolares y populares asistidos por la intendencia y bajo control de los trabajadores. Cobro de todo impuesto por la propia comuna y aplicación en función de las necesidades populares, invirtiendo el concepto de la coparticipación. Organización de Asambleas populares en cada barrio para impulsar la lucha por este programa.
