El pasado viernes 6 de abril en Escobar se desarrolló un nuevo capítulo en la entrega de tierras públicas que viene protagonizando  el intendente Ariel Sujarchuk. Este en particular  consistió en la aprobación de un proyecto de ordenanza presentado por el intendente kirchnerista que permite la venta de las tierras del puerto de Escobar. Cabe destacar que la ordenanza contó con 21 votos a favor y solo dos en contra, de concejales de Cambiemos cuyos argumentos para votar en contra nada tienen que ver con las necesidades concretas de los habitantes de la zona. El proyecto plantea la licitación pública para entregar las tierras costeras a emprendimientos privados. La sesión en el Concejo Deliberante se llevó a cabo en medio de protestas protagonizadas por algunos integrantes del Club de Remo de Escobar, los cuales deberán correrse del predio actual y confiar en las promesas del intendente sobre supuestas obras a realizar por privados que les permitirían seguir funcionando. Por otro lado, también se hicieron presentes vecinos y productores de la isla que denunciaron los trastornos que esto les causará no solo para el traslado de sus productos sino también para la provisión de alimentos.

Una política sistemática de vaciamiento del Delta  que coincide absolutamente con lo que sucede a nivel provincial con el cierre  de las escuelas de isla ordenado por Vidal y que semanas atrás el oficialismo local había denunciado con enorme caradurez. Una vez más queda demostrado que lo de la grieta es puro cuento, Cambiemos y el kirchnerismo son mejores amigos a la hora de gobernar en favor de los intereses de los grandes empresarios que tienen presencia en el distrito.

La genuflexión del ejecutivo local frente a los especuladores inmobiliarios es vergonzosa. Desde hace años los vecinos de Punta Canal vienen exigiendo a la empresa EIDICO que devuelva la calle paralela al arroyo Garín. La situación es descabellada, para acceder a su hogar estos deben hacerlo en bote o pidiendo permiso de paso a la vigilancia del Barrio San Benito. Han agotado todos los pasos legales y frente a una evidente violación del marco legal  por parte del barrio privado, el municipio en lugar de usar su poder de policía para restituir la calle para uso público se encuentra en una parálisis absolutamente cómplice.

El año pasado,  el intendente tuvo resistencias también frente a la rezonificación de la ruta 26 entre Panamericana y Maquinista Savio, donde los vecinos rechazaban que se declare zona comercial y prepararon una protesta en el recinto del Concejo Deliberante. Para evitar su ingreso el recinto fue colmado por  “gente del municipio”, vallado y custodiado por policías y patotas.

Las intenciones de continuar con las políticas de entrega de  tierras públicas para la especulación inmobiliaria ya habían quedado manifiestas a fines del 2016 cuando a instancias del Ejecutivo se aprobó un proyecto de protección de humedales insulares, dejando librado a su suerte los escasos bañados continentales que aún se conservan.

Desde el Partido Obrero denunciamos estas políticas de entrega llevadas adelante por todos los bloques políticos,  planteamos la necesidad de un impuesto extraordinario a las enormes ganancias de los especuladores inmobiliarios, cuyo destino debe ser el desarrollo de las obras públicas y de urbanización para  disminuir el déficit habitacional en el distrito y mejorar la situación de los barrios.