En Mendoza, durante la década del ’90, se congelaron los salarios de los trabajadores, incluido el ítem de la antigüedad, que debe aumentar automáticamente año a tras año. Esto generó distintas reacciones entre los trabajadores hasta que, en 2004, las burocracias de SUTE, ATE y Judiciales hicieron un acuerdo con el gobierno de Cobos para cobrar en 48 cuotas la deuda acumulada, por el ítem de antigüedad congelado.

Pero más de 20.000 trabajadores estatales rechazaron este nefasto acuerdo y siguieron la vía judicial. Un grupo de trabajadores judiciales, encabezado por un compañero del Partido Obrero, ganaron el juicio y ya cobraron. Pero la Justicia, a pesar de este fallo favorable, siguió dándole vueltas al juicio más numeroso, que tiene 18.000 demandantes, hasta que el 28 de agosto la Corte Suprema falló en contra de los miles de trabajadores estatales.

“La resolución judicial del denominado Caso Cañas se hizo en plenario e involucró a los siete magistrados que integran el máximo tribunal provincial. Los ministros Alejandro Pérez Hualde, Aída Kemelmajer, Carlos Böhm y el presidente de la Corte, Jorge Nanclares (quien desempató) votaron a favor de declarar legal el recorte de la antigüedad. En tanto, Pedro Llorente, Herman Salvini y Fernando Romano se manifestaron en disidencia” (Los Andes, 29/8).

Desde ese día comenzaron a realizarse asambleas en Casa de Gobierno, dirigidas por el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, Sitea (un sindicato creado por una agrupación opositora de la conducción verde de ATE). En esas asambleas, se votó comenzar a escrachar a la Corte Suprema y a los jueces que fallaron contra los trabajadores.

El viernes 25 de septiembre se realizó un escrache a Pérez Hualde, hijo de un ex funcionario del gobierno de Onganía. Hualde tiene, junto a sus hermanos, un estudio que es representante de las petroleras y de otras empresas que se llevan las riquezas de nuestra provincia.

Participaron más de cien compañeros, que al finalizar el escrache sufrieron una provocación montada por una fiscal obsecuente de la Corte, que quiso imputar a alguien por delitos como desacato o desobediencia a la autoridad pública. El argumento de la fiscal era que ordenó al chofer del micro que trasladó a los compañeros al escrache, a que detuviera su marcha, pero éste continuó con su recorrido porque la fiscal en ningún momento mostró su credencial. La cuestión es que seis compañeros fueron demorados unas horas y la Justicia mendocina volvió a dejar bien claro su carácter propatronal, represor y antiobrero.

El plan de lucha va a continuar con un nuevo escrache el jueves 1º de octubre.

Desde Tribuna Docente y Tribuna Judicial estamos dando la mayor difusión posible a este plan de lucha, ignorado por las burocracias que firmaron el nefasto acuerdo de las 48 cuotas. Estamos embarcados en una campaña contra el congelamiento salarial anunciado por el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni. Las luchas en Mendoza de a poco van creciendo, mientras el gobierno de Jake se desintegra. Esta semana, el gobernador tuvo que echar a su cuñado por un caso de corrupción; además, renunció a la Secretaría de Deportes, dando un portazo, mientras el vicegobernador, Cristian Raconto, sigue formando su propia tropa y criticando la gestión al mejor estilo Cobos.