Horacio Verbitsky, en Página/12, apuntaló la “tesis” oficial: “el tributarista Jorge Gaggero recordó que en la Argentina lo implantó Perón en 1952, como instrumento para distribuir la riqueza” (29/4/12). Otros, de la misma cantera política, atribuyen esta creación a Perón, pero en 1973.

 

El impuesto a las ganancias nació con el gravamen a los réditos, que constituyó la columna vertebral del régimen impositivo del gobierno de la “década infame”. Con la firma de Agustín P. Justo un decreto y luego una ley, en 1932, consagraron el pago de “réditos provenientes de la prestación de servicios personales bajo órdenes directas del empleador y en relación de dependencia”,

 

estableciendo una tasa del 4 por ciento. Allí va a leerse, por primera vez, la expresión “cuarta categoría”, referida a este tipo de aportes. Lo que llevó al gobierno oligárquico a sancionar el impuesto a los réditos fue la crisis del '29, que provocó una caída abrupta de las exportaciones en valor y exacerbó el peso de la deuda externa. Concretamente, el gobierno de entonces apuró la sanción del “impuesto unitario sobre la renta total de los contribuyentes” para evitar el defol en el servicio de pagos de la deuda pública.

 

El mínimo no imponible se fijó en 200 pesos mensuales o 2.400 anuales, lo que excluía absolutamente a todo trabajador, desde el momento que el salario medio obrero industrial estaba en 105,50 pesos mensuales en 1932 -el más alto en relación a otras categorías- contra los 130 a que había llegado en 19291.

 

A fines de diciembre de 1973, Perón hizo aprobar una reforma tributaria que planteaba taxativamente el impuesto a las ganancias para el trabajador asalariado, y lo proclamó, como hace hoy el gobierno de CFK y sus epígonos, en nombre de la “distribución de la riqueza”. Perón había accedido al poder dos meses antes, fruto del golpe de Estado contra Cámpora, y la ley se sancionó en el marco de una ofensiva sistemática contra los trabajadores y la izquierda: fortalecimiento de los aparatos represivos, anulación de las libertades democráticas (reformas al Código Penal), “pacto social” -que eliminaba las paritarias y congelaba los salarios-, apoyo irrestricto a la burocracia sindical. A todo esto, y a la reafirmación del impuesto al trabajo, Perón lo llamó “la reconstrucción del Estado”. Aún así, el ascenso salarial logrado por la clase obrera en el período previo y un mínimo no imponible para la “cuarta categoría” morigerado por una serie de deducciones -por el “valor locativo de la casa habitación”, por cónyuge, hijos y descendientes en línea directa (nietos)-, hicieron que el impuesto a las ganancias no afectara a la clase obrera.

 

El gobierno “nacional y popular” ha superado en este punto, al gobierno de la “década infame” y al peronismo “de Perón”. Ha cumplido, sí, con el mandato del FMI que sostuvo, durante años, que “los trabajadores pagaban muy poco por el impuesto a las ganancias y presionó para que se acrecentara la presión sobre quienes ya pagaban y para que más trabajadores fueran alcanzados” (La Nación, 10/12/12).

 

Dos varas y dos medidas

 

Según el informe de la Secretaría de Hacienda, conocido en febrero 2015, la recaudación por ganancias a las personas físicas pasó de 9.930 millones de pesos en 2006 a 111.220 millones en 2014.

Es decir, la exacción al trabajador se multiplicó once veces.

 

La recaudación de las ganancias a las empresas se multiplicó por 6.7 y la recaudación total de impuestos nacionales se multiplicó por 7.

 

Por esa razón, el impuesto a las ganancias a las personas físicas pasó del 1,2% del PBI en 2006 al 2,6 en 2014.

 

Una confiscación en toda la línea, además de la que se consuma con el IVA y otros impuestos que hacen que la caja del Estado se sostenga esencialmente con el robo al trabajador.

 

¡Fuera el impuesto al trabajo!