13/11/1997 | 564

Estado de asamblea en toda la clase obrera

Tímidamente ha comenzado en las líneas de transporte y regionales de camioneros la recolección de firmas por la ‘iniciativa popular’, uno de cuyos objetivos es la reducción de la jornada semanal a 40 horas sin reducción del salario. El proyecto de ley, lanzado por el MTA y la UOM (tiene la firma de Francisco Gutiérrez), no ha sido divulgado públicamente y los delegados sólo conocen una apretada síntesis por el encabezamiento de las planillas de recolección de firmas. La propuesta plantea:


  • la reducción de la jornada para obligar a las empresas a tomar un mayor número de trabajadores;
  • la jornada de seis horas para tareas insalubres;
  • un aumento progresivo del salario mínimo y de la jubilación hasta llegar a 500 y 450 pesos respectivamente en el lapso de un año desde la aprobación de la ley;
  • el aumento de las asignaciones familiares y la derogación de la ley ‘cavallana’ sobre este punto;
  • la derogación de la ley de accidentes de trabajo (ARTs) y el restablecimiento del régimen anterior;
  • la nulidad del despido sin justa causa;
  • la derogación de los contratos ‘basura’ establecidos por la Ley de Empleo.


Cualquiera puede darse cuenta que este proyecto choca frontalmente con la política de la Alianza, que por la boca de José Luis Machinea se pronunció por el programa integral de las grandes patronales: la reducción de las indemnizaciones por despido, los convenios por empresa, la derogación unilateral de los actuales convenios y la ‘modernización’, es decir, la superexplotación laboral. La ‘iniciativa popular’ irrumpe, además, en un Congreso en crisis, tras la derrota electoral que fragmentó a la bancada oficialista y que pone a los ‘opositores’ a prueba frente al ultimátum de los empresarios: «quiero que demuestren (los aliancistas) cómo van a mover las leyes en el Congreso, como la flexibilización laboral que necesita el modelo», les dijo Soldati un mes atrás (Página 12, 28/9).


Por estas mismas razones, la movilización por la ‘iniciativa popular’ tiene un poderoso freno interior. La CTA le ha dado la espalda, confirmando que se mantiene en defender la política proimperialista de la Alianza (ver nota). Ni la UTA ni la UOM, para tomar sólo dos ejemplos relevantes, han convocado a plenarios abiertos de sus propios gremios para convertirse en ‘locomotoras’ de la movilización por las cuarenta horas. Lo que debería llevar a congresos masivos para organizar la campaña por la ‘iniciativa’, con la presencia de trabajadores activos y organizaciones de desocupados, es hasta ahora una suma de esfuerzos aislados sin una perspectiva de conjunto. El MTA y la UOM plantearon reunir una cantidad de firmas equivalente al 1,5% del padrón electoral, que es lo que exige la ley reglamentaria del artículo de la Constitución que habilitó la presentación de proyectos de leyes por ‘iniciativa popular’, y dejaron abierta la posibilidad de una movilización a Congreso a fines de noviembre o principios de diciembre para presentar el texto y las firmas exigidas.


Límites


La «reforma laboral alternativa», como la han llamado sus impulsores, tiene límites cruciales, como cuando excluye de la jornada de trabajo de 40 horas a «los trabajos efectuados por equipo» (art. 62), habilitando en estos casos la jornada «trisemanal», es decir ocho horas como promedio en un período máximo de tres semanas. El «trabajo por equipo» ha sido generalizado a buena parte de la gran industria y no tiene absolutamente nada que ver, en el 90% de los casos, con imposiciones creadas por cambios tecnológicos. Con el cuento del «trabajo colectivo», se disfraza la multiplicidad de funciones, el arrasamiento de las categorías y un ‘vigilanteo’ redoblado sobre los ritmos de trabajo.


El proyecto de ley plantea la derogación de gran parte de la legislación laboral menemista, pero deja intocado el régimen de las AFJPs, que barrió con el régimen de la jubilación estatal en beneficio de un puñado de pulpos capitalistas. La ‘iniciativa’, por otra parte, explicita la posibilidad del convenio por empresa, con un límite difuso según el cual «en los supuestos de existencia de un convenio colectivo de actividad o rama de actividad, en caso de discrepancia sobre el cambio de nivel de contratación, deberá mantenerse el preexistente a los fines de la renovación del convenio colectivo». El proyecto plantea la posibilidad de despidos «por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador» con el solo límite de la indemnización de ley y, en el caso de las «pequeñas empresas», reembolsándoles el 50% por compensación con el IVA. Aunque la ‘iniciativa’ propone la eliminación de gran parte de la ley de empleo, deja en pie el superrestrictivo régimen del subsidio al parado, en oposición a la reivindicación de un seguro de 500 pesos para todo desempleado a partir de los 16 años.


Plan de lucha


El proyecto de ley debe ser dado a conocer y sometido a la deliberación de los trabajadores, pero no existe posibilidad de arrancar la reducción de la semana laboral sin plan de lucha. Aun después de las firmas, el Congreso debería autorizarlo, para lo cual tiene un largo año de plazo y en cualquier caso, la Constitución «no ha establecido sanción alguna para el caso de que el Poder Legislativo deje pasar el plazo sin hacerlo» (La Nación, 8/12/96). Impulsar la movilización por la ‘iniciativa popular’ significa convocar a asambleas y plenarios abiertos por zona, para concretar un paro activo con marcha al Congreso, junto a un plan de lucha para arrancar la semana laboral de 40 horas, la eliminación de los contratos ‘basura’ y la defensa de los convenios colectivos.


La CTA con la política de la Alianza


La CTA no suscribe la campaña por el proyecto que impulsa la reducción de la semana laboral a 40 horas para enfrentar la desocupación.


Sin hacer referencia a la iniciativa del MTA y la UOM, el propio Víctor de Gennaro ha explicitado las razones de este boicot: «Queremos… que los convenios los aprueben las asambleas de las empresas y no el aparato sindical. Queremos democratizar la ley de asociaciones sindicales, que no permite la pluralidad sindical» (Página 12, 6/11).


La CTA, como lo puso de relieve al fijar su posición frente a la reforma laboral pactada entre el gobierno y la CGT, acuerda con los convenios por empresa. Esta política, que plantea concientemente la atomización de la clase obrera, no puede ser defendida en nombre de la democracia sindical y la lucha contra la burocracia sindical. La CTA legitima que la burocracia negocie y acuerde los convenios, y reserva a la asamblea obrera la única función de refrendarlos («aprobarlos»). Cualquiera sabe que las asambleas que convoca la burocracia pueden ser tan truchas como los acuerdos que alcanza. Lo que corresponde es que los paritarios sean electos por asambleas de fábrica, sean responsables ante éstas y defiendan a rajatablas el convenio por industria.


La CTA se ha proclamado central obrera e incluso alternativa frente a la CGT, y pide ahora la modificación de la ley de asociaciones profesionales para preservar el «pluralismo sindical». Pero no existe organización «alternativa» si la inmensa mayoría de los trabajadores no supera a la CGT, si no es organizada y ganada para echar a su burocracia y convertir a los sindicatos en organizaciones independientes de lucha. Lo demás es ofrecerse al Estado como variante frente a la burocracia ‘tradicional’ y renunciar a la expulsión del «sindicalismo empresarial».


La dirección de la CTA está empeñada en defender la política proimperialista de la Alianza, y esto la coloca a la derecha del mismísimo Daer.

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