El gobierno acaba de declarar, por decreto, el estado de “emergencia en seguridad”.

 

Mediante el recurso de habilitar el derribo de aviones, el macrismo habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior, violando toda la legislación vigente. Se trata del capítulo II de la ley Antiterrorista.

 

En el futuro, amparados en otra “emergencia”, se permitirá que las Fuerzas Armadas patrullen los barrios populares, como lo reclamó buena parte de los políticos capitalistas en la última campaña electoral.

 

El decretazo se da en un contexto preciso: encarcelan a Milagro Sala por realizar un acampe, luego de que se reprimiera a los obreros de Cresta Roja, que reclaman la continuidad de sus puestos de trabajo y a los estatales de La Plata (en el desalojo violento de los accesos al Aeropuerto antes de Navidad).

 

Toda la clase capitalista apunta en la misma dirección. Alicia Kirchner le solicitó a Macri el envío de la Gendarmería para hacer frente a los obreros despedidos por la constructora de Lázaro Báez. Y la mayoría del bloque del FpV votó el presupuesto macrista en la provincia de Buenos Aires.

 

“La tolerancia cero a los piquetes”, planteada por Scioli en la campaña, la hace realidad el gobierno de Macri. El pasaje de la mitad de la Federal “llave en mano” a la Ciudad es parte del operativo de “control de la calle”.

 

La dimensión del andamiaje represivo que se está montando está determinada por el ajuste que se quiere aplicar a los trabajadores.