Que un gobierno (De la Sota) que acaba de sobornar a un diputado de la oposición (Frepaso) para conseguir el voto que le faltaba para autorizar las privatizaciones del Banco de Córdoba y de la empresa de energía de la provincia, termine convocando a una *consulta popular* para *reducir los gastos de la política*, sólo puede ser motivo de festejo por parte de los medios de comunicación en esta Argentina de la completa descomposición capitalista. Esas privatizaciones, por otro lado, son otro desfalco más que perpetra el gobierno peronista de Córdoba, porque tienen lugar cuando la crisis ha derribado el precio de ambas empresas del Estado.

La información oficial asegura que concurrió a votar el 65% del padrón, pero no dice que las elecciones sólo fueron verificadas por los peronistas y los radicales, que forman un virtual cogobierno a nivel nacional. Entre votos blancos y anulados se llega, a su vez, a más de un 25%, lo que en definitiva otorga al Sí trucho menos de la mitad del electorado. Una parte considerable del voto afirmativo fue inducida por el engaño de la reducción de los gastos o por el temor a una sanción, ya que la concurrencia era (ilegalmente) obligatoria.

La propuesta de abolir el Senado y transformar a los municipios en *regiones* o *departamentos*, no apunta a reducir gastos sino a reforzar la presión impositiva sobre el pueblo y a la intención oficial de privatizar su recaudación (Rosendo Fraga, Ambito, 24/7). Sin municipios por ciudad se debilita la capacidad de resistencia del electorado sobre los representantes y se refuerza, en cambio, la del poder central que pretende aumentar la recaudación de impuestos. La deuda pública de Córdoba es una de las más altas del país, casi dos mil millones de dólares. Luego de la *consulta*, De la Sota anunció que empezaría a pagar las deudas con proveedores (200 millones de dólares) con pagarés al 12% de interés anual (La Nación, 25/7).

La *consulta* no anuncia la estrella ascendente del gobernador sino la completa bancarrota de su gestión de gobierno.