Políticas

12/12/1996|523

Estalló Córdoba

Miles de manifestantes (fundamentalmente trabajadores de Luz y Fuerza y también empleados públicos, docentes, de Dipas) enfrentaron, cuerpo a cuerpo, a la policía de Córdoba, el pasado miércoles 4, cuando ésta impidió que las columnas llegaran hasta la Legislatura para oponerse al tratamiento del nuevo marco regulatorio para la electricidad y de la prórroga de la ley de emergencia provincial.


Mestre quiere la  privatización de la electricidad y el agua potable con el pretexto de que necesita recursos frente a un descalabro de las finanzas públicas. Esta política cuenta con el apoyo de la patronal cordobesa y está hecha a medida de las exigencias del Banco Mundial. “Enfático apoyo de la UIC (Unión Industrial de Córdoba)”, titula La Voz del Interior (4/12). La ‘privatización’ va, naturalmente, de la mano con la liquidación del  convenio laboral de Luz y Fuerza, Dipas, empleados públicos y docentes (todos los cuales ya han sido suspendidos por la ley de emergencia). “Si hay un sector que en Córdoba y en la Argentina realmente tiene privilegios (declaró Mestre en Brasil), ése es el gremio de Luz y Fuerza” (La Nación, 5/12).


La combatividad, la disposición y la energía puestas por los trabajadores en la calle hizo peligrar la aprobación del proyecto. Los legisladores amagaron con levantar la sesión por 4 horas para  sacar a los trabajadores de la calle, operativo impulsado por el Frepaso y el PJ.


La situación alcanzó tal punto de virulencia que “una asamblea estuvo a punto de aprobar un corte de energía eléctrica a toda la provincia y, aunque después se intentó diluir, la propuesta quedó instalada en el ambiente” (ídem). A partir de allí comenzó un operativo destinado a impedir, no sólo el apagón, sino también un paro general.


Para eso, la burocracia de Luz y Fuerza e incluso la oposición antiburocrática de la “comisión de asamblea”, coincidieron en que “la iniciativa (aprobada) no vulnera ningún derecho de los trabajadores de Epec” (Racero, secretario general, en La Voz del Interior, 5/12). En la asamblea del jueves 5, la burocracia hizo comentarios elogiosos a las modificaciones que el oficialismo  hizo al proyecto del ejecutivo. Los diputados resolvieron que “el Poder Ejecutivo mantendrá a la empresa de energía dentro del patrimonio del Estado provincial y bajo su control” (ídem), lo que no impide, sin embargo, la privatización, ya que estipula que “la generación, transporte y distribución de la energía requiere concesión o autorización administrativa del Ejecutivo” (ídem). También aumenta el manejo discrecional de la caja de Epec, por parte del Ejecutivo, al acentuar la pérdida de autonomía de Epec. La burocracia no está en contra de la privatización o de las concesiones; Racero mismo es presidente de una cooperativa de trabajo que realiza tareas para Epec en una suerte de ‘tercerización’. Esta cooperativa fue creada con el visto bueno de la oposición “combativa”. La burocracia de Luz y Fuerza de Villa María, que participó activamente de la movilización, es socia con las cooperativas eléctricas en la explotación de 3 usinas del interior provincial.


La burocracia propuso a la asamblea del jueves 5 entrevistarse con los senadores que ahora tendrían que tratar el proyecto, y realizar conferencias de prensa para explicar a la “opinión pública”, etcétera. Además, planteó una suerte de levantamiento del quite de colaboración, que fue explícitamente apoyado por la “comisión de asamblea”. Toda esta campaña ha oscurecido el carácter privatista y antilaboral de la ley.


Hay que exigir el retiro del proyecto de la legislatura.  La burocracia comprende que un plan de lucha incluye el apagón, otra razón que tiene para oponerse. Habría que decretar un paro limitado de advertencia con apagón, para que se retire el proyecto de ley.


La continuidad de la emergencia, que mantiene las reducciones salariales y la suspensión de los estatutos y convenios, tampoco debe pasar. Un editorialista de La Nación (5/12) no vaciló en calificar como “paupérrimas retribuciones” a los salarios de los empleados públicos de Córdoba.


El retiro de ambos proyectos es en interés de toda la provincia; por eso debe ser apoyada la exigencia de un paro general, para lo cual no es necesario esperar a que la legislatura fije la fecha y hora de su sesión (¡que bien podría ser un domingo a la noche!).