Mientras permanecía vivo el escándalo por el asesinato de la activista de derechos humanos chechena Natalia Estemirova, un nuevo crimen político se produjo en Rusia. Después de estar dos meses desaparecido, Andréi Kuláguin fue hallado muerto en una cantera de las afueras de Petrozavodsk, en la región de Karelia. Kulaguin, coordinador de la ONG rusa Spravedlívost (Justicia), era un luchador contra las infames condiciones de vida en las cárceles rusas.

El 15 de julio fue asesinada en Grozny, la capital chechena, Natalia Estemirova, a quien alguna vez el presidente Ramzam Kadírov le había advertido: “La sangre me chorrea por los codos y no me avergüenzo. He matado y mataré a la mala gente. Luchamos contra los enemigos de la república”. Estemirova militaba en la sede chechena de la ONG rusa Memorial. Oleg Orlov, director de Memorial, acusó directamente: “Estoy seguro de quién es culpable del asesinato de Natalia; su nombre es Ramzan Kadírov, que la amenazó, la insultó y la consideraba una enemiga personal” (elpais.com, 17/7).

Natalia había recopilado infinidad de denuncias sobre los abusos, secuestros y ejecuciones en Chechenia, cometidos primero por las tropas rusas y en la actualidad por el régimen de Kadírov. Comparaba Chechenia con “la URSS en 1937” o sea con los años más sangrientos del stalinismo. A principios de julio, Estemirova había acusado al ejército de su país de nuevos crímenes. Con su muerte desaparece “la más importante fuente de información independiente sobre los abusos, tropelías y crímenes que comete con total impunidad el régimen de Kadírov” (El País, 15/7).

La muerte de Natalia fue precedida, en enero pasado, por la del abogado de derechos humanos Stanislav Markelov, ejecutado a plena luz del día en el centro de Moscú y, en 2006, por la de la más temible opositora al régimen checheno, Anna Politkovskaya, una periodista rusa cuyas investigaciones no sólo llamaron la atención internacional sobre las violaciones a los derechos humanos en Chechenia y en Rusia, sino que demostraron de forma irrefutable la activa complicidad del gobierno de Putin con las torturas y ejecuciones ilegales de Kadírov. En los funerales de Natalia, acompañado por un centenar de personas, Orlov recalcó: “De la total arbitrariedad que reina en Chechenia son culpables los altos cargos de Rusia, Putin y Medvédev” (El País, 17/7).

En Rusia, la lista de activistas de los derechos humanos y periodistas asesinados crece sin pausa: en 2008, el periodista Magomed Yevloyev murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba bajo custodia policial. Telman Alishayev, de la Islamic TV en Dagestán, fue muerto mientras conducía su coche. Ese mismo día, Milosav Bitokov, editor de un semanario del sur de Rusia, ingresó en un hospital con fracturas y herido de gravedad. Zurab Tsechoyev, editor del sitio web de derechos humanos Mashr, fue secuestrado y torturado durante horas por las fuerzas de seguridad rusas. Todos esos crímenes siguen impunes.

Memorial decidió suspender sus operaciones en Chechenia para proteger la vida de sus militantes. “La muerte de Estemirova constituye un duro golpe a la capacidad de actuación y denuncia de las ONG y los defensores de derechos humanos en Rusia”, concluyó Orlov. Ante el escándalo internacional, Kadírov ha deslindado responsabilidades y se puso al frente de la investigación. El gobierno checheno se presenta como víctima: afirma que los asesinos se propusieron “hacer fracasar el proceso de pacificación”. Sin embargo, Estemirova denunciaba que el proceso de pacificación “era una farsa”, ya que la situación se había agravado y aumentan las desapariciones. La agencia Kavkaz Uzel calcula que en seis meses de 2009 hubo 35 secuestrados contra 42 en todo 2008.

Clementina Robles