Cristina Fernández recibió el miércoles 15 al capitoste mundial de la Barrick Gold, Peter Munk, un inglés de 80 años que vino a apurar los trámites para empezar las obras en la mina Pascua Lama, en San Juan, la más grande de Latinoamérica. Junto a la Presidenta estuvo Julio de Vido, infaltable cuando de estos negocios se trata. Con ellos, claro está, el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja.

La semana pasada, matones de la Barrick golpearon a mujeres ambientalistas que acampaban contra la depredación en Famatina, La Rioja. Como señaló Prensa Obrera en su número anterior, matones de la Secretaría de Medio Ambiente y de Minería de esa provincia, junto con personal de la compañía minera, atacaron a las vecinas a palos, trompadas y patadas. El director provincial de Minería es Héctor Romero, quien se porta como un empleado de la Barrick. Las cosas no son distintas en San Juan.

Una de las mujeres agredidas, Karina Díaz Moreno, dijo: “Nos pegan porque defendemos nuestro derecho al agua. Las mineras utilizan cianuro de sodio y nos están volando la cordillera, vuelan las montañas a cielo abierto, las muelen y las funden. El 70 por ciento del agua que consumen los argentinos viene de la cordillera. Y la riqueza se va afuera” (Crítica, 16/4).

De la Casa Rosada, Munk voló a Chile para ver a Michelle Bachelet, porque Pascua Lama es un proyecto binacional que comprende parte de San Juan y una porción de la Tercera Región en Chile. Mediante la depredación, piensan extraer oro. De ahí el apuro: la crisis mundial hace del fetiche del oro un refugio de apariencia segura, por lo cual la onza ronda hoy los 900 dólares y tiende a subir: “De acuerdo con el reporte de la consultora de metales GFMS, la inversión mundial en oro subió de 14 mil millones de dólares en 2007 a 26 mil millones en 2008” (ídem).

La Argentina es un paraíso para las mineras, que no están obligadas a liquidar en el país las divisas de sus exportaciones. Además, no pagan retenciones y están exentas del pago de impuestos al gasoil, de la tasa de sellos y de la tasa de estadísticas. Eso es así gracias a la Ley de Inversiones Mineras, sancionada en 1993 por el gobierno de Menem, ratificada en 2001 por De la Rúa y luego por sendos decretos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner: el servicio a los pulpos mineros es aquí una política de Estado.

La Barrick ya explota el complejo Veladero, en el norte de San Juan, a 50 kilómetros del parque nacional San Guillermo y pegado a una reserva de biosfera protegida por la Unesco. Días pasados, la organización ambientalista Fundación Ciudadanos Independientes denunció ante la Corte Suprema a la Barrick, al Estado nacional y al provincial, y exigió pericias ante la presunción de que los glaciares próximos a Veladero están sufriendo un impacto directo e irreversible.

Es urgente la necesidad de nacionalizar la minería bajo control obrero para evitar el envenenamiento masivo del medio ambiente -en este caso amenaza la provisión de agua de personas y animales- e impedir el saqueo de nuestros recursos naturales.

Alejandro Guerrero