Apurado por un escándalo de corrupción en la petrolera estatal, que derivó en el encarcelamiento de un funcionario y el asesinato de un empresario, Evo Morales ordenó la detención de 15 derechistas por la masacre cometida en Pando el año pasado, cuando se produjo el levantamiento sedicioso de los “cívicos”.

Desde que asumió el gobierno del MAS en 2005, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) ha tenido seis presidentes. El penúltimo de ellos, Santos Ramírez, terminó preso después de haber sido acusado de recibir coimas para adjudicar a la empresa Catler Uniservice la obra de instalación de una planta separadora de hidrocarburos licuables.

YPFB y Catler Uniservice firmaron el año pasado un contrato por 86 millones de dólares. El escándalo estalló hace tres semanas, cuando el propietario de Catler, el petrolero boliviano Jorge O’Connor, fue asesinado por unos asaltantes que le robaron 450 mil dólares en efectivo. Ese dinero, según los investigadores, estaba destinado al pago de una coima a Ramírez y todo indica que el asalto fue una “mejicaneada”.

Cuando fue robado y asesinado, O’Connor entraba en la casa de unos familiares de Jovanna Navía, esposa de Ramírez y diputada suplente del MAS.

El caso, como era de esperarse, envalentonó a los “cívicos” y a toda la oposición derechista. Morales, como suele hacer, echó mano a la contraofensiva y ordenó la detención de 15 involucrados en la llamada “masacre de Porvenir”, ocurrida el año pasado cuando, durante la sublevación fascista, fueron asesinados allí 19 campesinos que acudían a una movilización en respaldo del presidente. Entre los detenidos está el alcalde de Porvenir.

Sin embargo, las detenciones no se orientan a aplastar a la derecha (si ése fuera su propósito, Morales no habría retirado a las masas victoriosas que cercaban Santa Cruz en setiembre pasado) y sólo operan a modo de moneda de cambio en su pugna con los mismos “cívicos” con los que pactó la Constitución aprobada el 25 de enero.

Por eso, una de las sobrevivientes de aquella carnicería, Nora Montero, esposa de un dirigente campesino asesinado, puede decir: “Tienen que seguir las detenciones, quienes mataron a nuestros seres queridos todavía nos cruzan por la calle y se nos ríen en la cara” (Página/12, 19/2). Que parte de los criminales se rieran en la cara de sus víctimas hasta hace apenas unos días, y que otros continúen en libertad, indica que los apresamientos sólo constituyen un recurso del gobierno para que la derecha no saque los pies del plato. No debe olvidarse que la aplicación del nuevo texto constitucional depende de la aprobación de un centenar de leyes en el parlamento, lo cual exigirá nuevos acuerdos para los cuales cada uno trata de llegar con la mayor fortaleza posible. Pero ese vínculo del gobierno con sus opositores de derecha está determinado por el acuerdo, no por la pugna.

“Seguimos perseguidos”

Las detenciones recientes no ofrecen seguridad a quienes sufrieron el ataque de los fascistas. Montero añade: “Seguimos perseguidos. No puedo ir a mi casa porque de noche van a buscarme. Hace poco me dejaron un paquete con explosivos. Lo he denunciado, pero todo queda ahí. Nos sentimos mal y nos resentimos porque este gobierno no nos da seguridad. Muchos compañeros tuvieron que huir de sus comunidades porque los amenazan de muerte a ellos y a sus familias. No hay justicia”.

Entretanto, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, organizó una jornada de “desacato civil” -fracasada patéticamente- contra la decisión gubernamental de revertir a dominio estatal unas 36 mil hectáreas agrícolas y ganaderas en el Chaco, para entregarlas a indígenas guaraníes. Esa medida se tomó porque los propietarios de esas tierras sometían a trabajadores indios a condiciones de “servidumbre o moderna esclavitud” (El País, 19/2).

Como se ve, la relación del gobierno y la derecha con la que acaba de pactar un texto constitucional -es decir, un proyecto de país- es particularmente tensa. En esa puja, la potencia revolucionaria de las masas insurrectas de Bolivia es usada por el gobierno para marcarle territorio a los “cívicos”, no para imponerles una derrota estratégica. Esa derrota de la derecha implicaría la revolución agraria que el gobierno explícitamente rechaza, una revolución que sólo podrá hacerse en contra y a pesar del MAS y de Evo Morales.

¿Cuáles son los límites de esa puja entre el oficialismo y la derecha? El prefecto de Tarija, Mario Cossío, ha dicho: “Pongámonos de acuerdo en qué vamos a hacer, si dialogamos o confrontamos”.

Es inevitable que hagan las dos cosas.

Alejandro Guerrero