En un fallo dividido, la Corte Suprema ordenó reabrir la causa Amia en el tramo de “la conexión local” y dio por válidos los primeros 15 meses de investigación y las declaraciones en ese período de Carlos Telleldín, el reducidor de autos que entregó la Traffic que se habría usado en el atentado. La Corte dejó firme la absolución de Telleldín, del comisario José Ribelli y de los policías bonaerenses, aunque el dictamen habilitaría a que Telleldín y su entorno sean nuevamente investigados “porque existía prueba sobre el reducidor y otros elementos propios de una investigación tan ardua y compleja”. El fallo no explica a qué “otros elementos” se refiere y el juez Ricardo Lorenzetti fue absolutamente evasivo para precisar los límites de la investigación que ordena (Clarín, 29/5).   

La Corte objetó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 3 (TOF 3) que sostuvo que “la impunidad de la causa había sido garantizada por la manera en que se investigó”. El TOF 3 decidió anular integralmente la investigación realizada por el juez Juan José Galeano, basándose en la “parcialidad” del juez, que le pagó 400 mil dólares a Telleldín para que involucrara a policías bonaerenses en la voladura de la mutual judía. Para la Corte, el Tribunal Oral “no explicó el motivo” por el que declaró nulo todo lo actuado y los jueces de la Cámara de Casación -que respaldaron el fallo- “descartaron con ligereza parte de la prueba acumuladas en el legajo”.

El dictamen afirma que “está en contra de la impunidad que rodea el expediente” y que “la frustración de todo el proceso no puede ser la respuesta de la justicia al reclamo de las víctimas”. Exhorta a que se haga “el mayor de los esfuerzos en la recolección de evidencias en pos de arribar a la verdad material”. Sin embargo, como señala el comunicado de Apemia, “no escriben una sola palabra sobre la probada responsabilidad de los organismos de inteligencia y seguridad en el armado de pistas falsas -incluso anteriores al atentado-, en la destrucción de pruebas o en el pago al principal acusado”. Por el contrario, la Corte rechaza que “hubiera existido un armado arquitectónico por parte del ex juez federal Galeano para desviar la investigación, como había denunciado el TOF 3 en 2004” (Clarín, 28/5). Ni siquiera ordena dar a conocer el decreto secreto del gobierno nacional (Menem) que autorizó el pago a Telleldín. El dictamen “termina así echando tierra sobre lo poco de valor que tuvo el Juicio Oral y su pronunciamiento”, señala Apemia.

La Corte “indirectamente beneficia a los que apoyaron la investigación inicial de Galeano” (La Nación, 28/5) y su fallo fue considerado por Guillermo Borger, presidente de la Amia, “una reivindicación fundamental del accionar de la Amia, la Daia y la Asociación de Familiares”. El abogado de esta institución, Juan José Avila, celebró que la Corte “despreció el argumento nodal del tribunal oral donde se hablaba de complot” (Página/12, 28/5). Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa, opinó, en cambio, que “hay una sobreactuación de triunfo en algunas partes que  están ensuciadas por la instrucción de Galeano… sobreactúan este fallo de la Corte para protegerse” (Clarín, 28/5). El embajador de Estados Unidos, Earl Wayne celebró “un paso importante para el esclarecimiento definitivo” y hasta el ex juez Galeano tuvo el descaro de puntualizar que “no podía ser que hubiera tanta impunidad” y celebrar que la Corte reconociera “que su trabajo no fue en vano”.

Nada de eso: “La Corte no enfrenta la impunidad, la ratifica” (Apemia). El fallo mantiene las absoluciones a favor de Telleldín, Ribelli y los bonaerenses que decidió el TOF 3. Autoriza a investigar delitos menores no vinculados al atentado, que están prescriptos o son cosa juzgada. Como descarta el complot, no sólo respalda a Galeano y a quienes lo avalaron durante años, sobre todo bloquea toda investigación de la complicidad y el encubrimiento del Estado en el atentado. “Se descalifica la hipótesis más certera de que el Estado es el principal partícipe y encubridor de uno de los crímenes más graves de la historia argentina. Lo hacen después que ese encubrimiento fuera reconocido tanto por el PEN en el Decreto 812/05, como por el Senado en el artículo 1º de la propuesta Ley de Reparación a las víctimas, y por tribunales de apelación en lo Civil”, denuncia Apemia.

Es notable además el silencio de radio sobre el atentado contra la Embajada israelí, en 1992, cuya investigación duerme en los cajones de la Corte Suprema desde hace años sin que nadie muestre el menor interés en despertarla.

La apertura de los archivos secretos y la formación de una comisión investigadora independiente -como reclama Apemia- es la única vía para llegar no sólo a los autores del atentado a la Amia y la Embajada sino a quiénes fueron sus mandantes y develar la red de encubrimiento y complicidad estatal. 

Olga Cristóbal