El acuerdo parlamentario ya fue aprobado por las direcciones de los partidos de ambas coaliciones. Queda por definir en qué circunscripciones los candidatos de izquierda secundarán a los concertacionistas (los indicados deberán ser aprobados por la Concertación). Algunos analistas anticipan que la nueva coalición podría ‘robarle’ entre 10 y 14 diputados a la derecha.

El PC y el oficialismo califican el acuerdo como exclusivamente “instrumental” y rechazan que se trate de un acuerdo de gobierno ‘político’. Su objetivo, dicen, es “romper la exclusión” creada por el sistema electoral binominal. Este sistema, establecido en la Constitución de Pinochet y mantenido hasta el presente, reparte las bancas de cada distrito entre las dos coaliciones que hubieran sacado más votos. La binominalidad excluyó a la izquierda del parlamento (aunque llegó a sacar el 10% de los votos en todo el país) y le dio a la derecha una representación parlamentaria muy superior al porcentaje de votos obtenidos. Con esta representación inflada, la derecha ha logrado un poder de bloqueo en los temas que exigen mayorías calificadas para su aprobación. A fines del año pasado, la derecha se opuso al intento de la Concertación de poner un límite a la binominalidad -que hubiera cinco diputados a las coaliciones y partidos que superaran el 5% de los votos a nivel nacional.

La Democracia Cristiana y la coalición oficialista aceptaron un acuerdo con el PC y sus aliados porque, por primera vez en 19 años, enfrentan el peligro de perder las elecciones a manos de la derecha. Las encuestas dan al empresario Sebastián Piñera, el candidato de la derecha y el hombre más rico de Chile, el 41% de las intenciones de voto; el candidato de la Concertación, el democristiano Eduardo Frei tiene sólo el 19%. Jorge Teillier, pre-candidato presidencial del PC, reconoció que “el peligro que tiene la Concertación de perder el poder en las próximas elecciones fue fundamental para que la coalición de gobierno se interesara en un pacto electoral parlamentario con su partido” (El Mercurio, 31/1).

La alianza gubernamental se está desintegrando. Adolfo Zaldívar, presidente del Senado, rompió con la Democracia Cristiana. Por la izquierda, un grupo de diputados “allendistas”, encabezado por el ex ministro Jorge Arrate, rompió con el PS. Otros grupos socialistas, aún dentro de la Concertación, rechazan la candidatura de Frei, al que consideran -con razón- un derechista y llegan a sostener públicamente que “entre el programa de la Concertación y el de la derecha que representa Piñera, no hay diferencias, por lo que daría lo mismo quien ganara las elecciones presidenciales de diciembre…” (Barómetro Internacional, 10/2).

Con la lista común, “la Concertación busca comprometer los votos de la izquierda para una eventual segunda vuelta presidencial” (ídem). En el pasado, los votos de la izquierda fueron decisivos para que los concertacionistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet llegaran a la presidencia; pero, “si bien gente de izquierda, en anteriores oportunidades, ha votado por la Concertación en aras de ‘parar a la derecha’, esto hoy no parece suficiente”, dice Alexis Meza Sánchez, vicerrector académico de la Universidad Arcis. El ‘acuerdo parlamentario’ PC-Concertación busca evitar la fuga de votos de la Concertación hacia la izquierda o, más directamente, que los votantes de la izquierda se queden en sus casas el día de la votación.

El acuerdo parlamentario con la Concertación tiene su correlato en el acuerdo establecido por las diferentes coaliciones de la izquierda (Juntos Podemos Más, MAS, los ‘allendistas’ de Arrate) de presentar un candidato presidencial único. Todo el ‘paquete’ está muy bien ‘atado’. Lo demuestran las declaraciones del ‘allendista’ Arrate, pre-candidato a presidente, que declaró que “sin pacto (parlamentario) no hay por qué votar al mal menor en la segunda vuelta” (El Ciudadano, 13/2) y la violenta campaña lanzada por el PC contra el MAS (Movimiento Amplio Social), otro desprendimiento del PS, que ha decidido presentar una lista parlamentaria independiente.

A pesar de su carácter confusionista, el acuerdo PC-Concertación establece una importante clarificación política. En los 19 años de gobierno de la Concertación, el PC no ha tenido una sola posición independiente del oficialismo. El acuerdo es la manifestación de una crisis política mayúscula de la Concertación y del propio régimen político con el cual han co-gobernado, durante veinte años, los democristianos, los socialistas y los pinochetistas.

Un ‘pacto’ contra la clase obrera

Como consecuencia de los golpes de la crisis mundial, el desempleo crece aceleradamente. El índice oficial, del 7%, es trucho porque no considera a los contratados, a los tercerizados, a los subocupados y a los agrícolas; en estas categorías, los despidos son masivos. En el último cuatrimestre de 2008, fueron despedidos más de 500.000 trabajadores. En Valparaíso, el gran puerto chileno, el desempleo llega al 14% (el doble del promedio nacional), anticipando el derrumbe de las exportaciones. En otras cinco ciudades, el desempleo supera el 10%. El precio del cobre -la columna vertebral de la economía- cayó más del 60%; se anticipan grandes despidos en los próximos meses. También hay despidos masivos en la madera y el salmón, otros de los rubros de exportación. En muchos casos, cuando se trata de trabajadores calificados, los despedidos son recontratados, con salarios sustancialmente inferiores. Los analistas anticipan que en diciembre, cuando se realicen las elecciones, la desocupación duplicará los números actuales. La crisis mundial ha liquidado el sistema previsional privado, esfumando los aportes de millones de trabajadores.

Frente a esta masacre social, ni el PC ni los dirigentes comunistas de la CUT (Central Unica de Trabajadores) plantean una sola consigna deacción. Se limitan a reclamar el voto ‘contra la exclusión’… dentro de ocho meses.

Quien más claramente expone la estrategia del PC es Cristián Cuevas, dirigente de los subcontratistas del cobre y jefe del departamento de negociaciones colectivas y conflictos de la CUT. Luego de reconocer que el número de los despedidos es muy superior a lo que reconocen las estadísticas oficiales, Cuevas pasa a afirmar que “esta crisis es una oportunidad para los trabajadores (…) para cambiar lo que no ha sido posible en 20 años. Para avanzar en una nueva institucionalidad, donde el Estado tenga más facultades, para que tengamos plena soberanía sobre nuestros recursos naturales, para que venga la inversión externa pero con reglas claras (…) En Chile, el Estado está impedido por la Constitución para hacer emprendimientos productivos o industrializar el país. Por eso, es una oportunidad para los trabajadores, para hacer grandes mayorías y convergencias en lo político y social (…)” (La Nación, 8/12). A todo lo largo de un muy extenso reportaje, Cuevas no plantea una sola medida para impedir los despidos ni, tampoco, un curso de lucha para imponerla. El planteo ‘comunista’ se reduce a esperar hastaa diciembre para votar por una ‘nueva mayoría’ y una ‘nueva institucionalidad’.

El ‘acuerdo parlamentario’ resulta ser la excusa para paralizar a las organizaciones obreras. La parálisis de las organizaciones obreras es esencial para el gobierno de Bachelet y la Concertación pues le permitirá presentarse frente a los capitalistas como el único gobierno capaz de asegurar la ‘gobernabilidad’, es decir la subordinación de la clase obrera frente a los ataques del capital.

Habrá que ver si la clase obrera chilena -que comenzó a movilizarse en la gran huelga de los subcontratados de la Codelco- y la juventud explotada están dispuestos a soportar la “espera” de la “nueva institucionalidad” que les plantean, como única salida, el Partido Comunista y la Concertación.

Luis Oviedo