Los diputados nacionales de la Comisión de Legislación Penal han salido a “desmentir” que el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que están elaborando tenga que ver con “soluciones a la inseguridad”, con los “reclamos de mano dura” o siquiera con la “baja de la edad de imputabilidad”. Ahora resulta que la única finalidad del proyecto es dotar de “todas las garantías del debido proceso” a los chicos de 14 años que son acusados penalmente, en cuyo caso la prisión será “el último recurso”. Página/12 (22/04) celebra: es, dice, “el logro más notorio hasta ahora”.

Es inocultable que la instalación en la agenda parlamentaria de la cuestión de la ley penal para los menores fue el resultado de las presiones de la derecha política.

Hasta ahora, los legisladores no han anulado la ley 22.278 de la dictadura militar, que de hecho fijó la edad de imputabilidad a partir de los 16 años y que permite que los menores puedan quedar detenidos sin juicio y por tiempo prácticamente indeterminado. Más bien, el parlamento pretende “aggiornarla” bajo el piadoso manto del “progresismo”: los “consensos” contemplan el establecimiento de una suerte de “prisión preventiva” para menores; eso sí, por un “plazo máximo de dos meses (…) para los casos en que existe peligro concreto de fuga y entorpecimiento de la investigación”. Según Patricia Bullrich (CC), ésta “tiene que ser más extensa”. Pero a los “nac & pop” no les gusta que se hable de “prisión preventiva” en este caso y aducen que la “prisión preventiva es una excepción”. Lo será en todo caso en los papeles, porque las cárceles están llenas de personas sin recursos que no tienen condena firme y para las cuales los mecanismos para alargar la prisión “preventiva” que encuentra la Justicia son extremadamente amplios.

En torno al monto de las penas que les corresponderían a los menores, todavía los legisladores no se ponen de acuerdo. En todo caso, oscilan -según cada bloque- entre los 5 y los 9 años de prisión (o de “alojamiento en los centros especializados para menores de 18 años para su recuperación y reinserción social”, o como lo quieran llamar).

Algunas voces, como la de la diputada Marta Velarde, de la Coalición Cívica, en su afán “protector” de la niñez, propone directamente la edad de imputabilidad a partir de los 12 años, para no dejar “a merced (de los delincuentes) a chicos que por sus aptitudes físicas ya están en condiciones de utilizar un arma” (sic).

Ocupados en tanta cháchara, los diputados no encontraron resquicio para votar al menos una declaración en reclamo de la aparición con vida del joven Luciano Arruga, desaparecido en un destacamento policial de Lomas del Mirador hace más de tres meses. Tampoco ha tenido tiempo el gobierno para responder a la entrevista que los familiares de Luciano solicitaron a la Presidenta y a Scioli.

En el debate legislativo no está presente investigar las denuncias de los vecinos de Daniel Capristo, quienes aseguran que Valentín Alsina es una zona liberada por la policía. Mucho menos por ir a fondo para castigar a la policía del “gatillo fácil”, a los responsables de la inundación de paco en las barriadas, a los pedófilos de sotana, a los traficantes de niños y mujeres y a otras lacras, en las que el poder político y sus punteros, junto a las fuerzas de seguridad, están hasta las manos.

Se está montando el encubrimiento “progre” de un operativo cuya finalidad es el reforzamiento de la regimentación de la vida social y del aparato represivo, la criminalización de la niñez y la pobreza y la impunidad de las corruptas cúpulas de las fuerzas de seguridad. 

Néstor Rivas (Jacyn)