EXCLUSIVO DE INTERNET | Cromañón: El juicio llega a su final

El 31 de diciembre de 2004, los diarios titulaban: “Tragedia en un boliche de Once: más de 175 muertos y 102 heridos en estado crítico. Una bengala, durante un recital de la banda de rock Callejeros, incendió las telas del techo del local República Cromañón. Confirmaron 175 muertos y 714 heridos, 102 de ellos críticos”. La movilización y lucha por el esclarecimiento comenzó a notar en el público que no era una tragedia, sino la consecuencia política de la corrupción generalizada en el poder.

A pesar que el 7 de marzo de 2006 los diarios decían: “Histórica destitución de Ibarra por la tragedia de Cromañón. Consideraron que fue el responsable político del incendio que mató a 194 personas”. Así se confirmaba la corrupción institucional, pero desde el Estado continuaron las maniobras de encubrimiento para que hubiera impunidad. No sólo se escondió la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad sino, además, la del gobierno nacional, con lo cual quedó demostrado que el país entero era un Cromañón. Sin embargo, los principales responsables no están sentados en el banquillo de los acusados, entre ellos Ibarra y, por su encubrimiento, el gobierno nacional.

El 19 de agosto de 2008 comenzó el juicio para los 15 acusados por su presunta responsabilidad en la tragedia. Como principales acusados están Omar Chabán y los integrantes de la banda Callejeros, procesados por estrago doloso (delito que tiene una pena máxima de 20 años de prisión). Los músicos están acusados de haber co-organizado el recital en un local que no cumplía los requisitos legales, que tenía su principal salida de emergencia cerrada, vencido el certificado contra incendio y los matafuegos descargados y, más aun, de haber puesto a la venta 3.500 entradas y haberles permitido entrar a más de 3.000 fans, a pesar de que Cromañón, habilitado como “salón de baile clase C”, tenía capacidad límite de poco más de 1.000 concurrentes. La ausencia de inspecciones y la sospecha de que Chabán habría pagado coimas para lograr que su actividad comercial eno fuera alterada por eventuales operativos llevó también al banquillo de los acusados a varios ex funcionarios estatales. Entre ellos, a tres del gobierno porteño y a dos policías federales. Se trata de Fabiana Fiszbin, subsecretaria de Control Comunal en el momento de la catástrofe, y de sus inmediatos subalternos Gustavo Torres (director general de Fiscalización y Control) y Ana María Fernández (segunda en esa dirección). A ellos se les imputa no haber ordenado las inspecciones correspondientes, algo que podría haber evitado la masacre. Se les imputa el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por otro lado, el comisario Miguel Angel Belay y el subcomisario Carlos Díaz, jefe y subjefe de la Seccional 7ª, respectivamente, con jurisdicción en la zona de Once, llegan acusados de cohecho (haber recibido pagos ilegales para no hacer operativos en Cromañón) y por estrago doloso, al igual que Chabán y Callejeros. Por el delito de cohecho también está acusado Raúl Villarreal, estrecho colaborador de Chabán y, como éste, imputado por el estrago.

De acuerdo conlas previsiones del tribunal, el lunes 1º de junio se iniciarán los alegatos de la fiscalía y de las querellas, que se realizarán en jornadas consecutivas. En base a ese organigrama, el 11 de junio comenzarían los alegatos de las defensas y luego las réplicas y dùplicas de todas las partes.

Después de más de cuatro años de lucha, decenas de marchas, donde el Partido Obrero ocupó un rol fundamental, nueve meses de juicio, de idas y venidas procesales, todo se prepara para la sentencia que se conocerá el 19 de agosto.

Más allá de la sentencia del juicio, debe quedar claro que la masacre de Cromañón fue y es  responsabilidad de Estado, que desnuda la descomposición de un régimen en su conjunto, de corrupción y delincuencia. Otra cuestión que debe quedar sincerada es que desde el Estado es de dónde surge la inseguridad producto de su propia delincuencia.

Gustavo Mendieta (Apel)