El crimen de Daniel Capistro, un trabajador de 45 años, ejecutado el 15 de abril en la localidad de Valentín Alsina (Lanús), muestra el abismo profundo de la descomposición social al que nos empuja el régimen patronal en crisis. El brutal hecho no tiene explicación si no se indaga en las responsabilidades que tal caso conlleva. No está de más señalar que el asesino, de 14 años, fue un instrumento criminal al que armaron y orientaron en una zona liberada para que robara un automóvil. “Estos pibes son usados por la cana para robar. Les liberan la zona, dijo Daniel Müller”. “Los chorros laburan para ellos. Alsina es el Far West, dijo Damián Gusol, vecino del camionero” (Crítica, 17/4).

Daniel Capristo fue víctima de un régimen que actúa en connivencia y complicidad con la delincuencia y que la organiza.

La incapacidad de la policía y otras fuerzas de seguridad para desarticular la delincuencia y el vandalismo, tanto en Lanús como en el resto de la provincia, se debe a que estos organismos de (in)seguridad están montados sobre la explotación de negocios con la delincuencia de toda índole. En la movilización que se hizo posteriormente al asesinato “hubo vecinos que denunciaron que en el barrio hay una zona liberada porque los menores delinquen para la policía” (Crítica, 17/4).

A pesar de que el asesinato se produjo en pleno centro de Valentín Alsina, los vecinos tuvieron ellos mismos que atrapar al asesino y luego entregarlo a la policía de la Comisaría 3ª ubicada a sólo 800 metros del lugar; cuando finalmente llegó el patrullero le rompieron los vidrios. “Al pibe lo corrimos tres cuadras porque nadie atendió al 911” (Crítica, 17/4).

El servicio de ambulancias también falló, en otra muestra del derrumbe de la salud pública. Esto sucedió a pesar de que el intendente Dario Díaz Pérez, ha tomado medidas cosméticas para presentarlo como mejorado y luego privatizarlo; esto obligó a que Capistro fuera trasladado al hospital en un coche particular.

El maridaje del Estado y la Bonaerense, alimentadores de la inseguridad pública, no pasó inadvertido para los vecinos que corrieron al fiscal Enrique Lázzari, quien prepotentemente daba empujones a la esposa del muerto. La esposa le reclamaba por seguridad, mientras el fiscal la instaba a armarse (dichos de la sobrina del asesinado a FM Espacio-Diario del sur 16/4). Lo mismo sucedió con el subsecretario de seguridad de Lanús, Reinaldo Simone, que se retiró custodiado para evitar golpes.

En Lanús son notorios y públicos los desarmaderos clandestinos de autos. Todos ellos cuentan con protección oficial. Si a esto se suma que el gerenciamiento de la venta de paco está en manos de “jefes de calle” y la desprotección de los jóvenes de 14 a 25 años, franja donde bate records la desocupación y hace su trabajo el gatillo fácil en las barriadas, termina de cerrar un sórdido retrato de la situación de todo Gran Buenos Aires en el marco de la descomposición absoluta del régimen capitalista.

Este crimen tiene sus culpables: el instrumento y los instrumentadores del vandalismo organizado.

Partido Obrero de Valentín Alsina