Políticas

23/7/2009|1092

EXCLUSIVO DE INTERNET | Docentes universitarios: dilatan la ley de jubilaciones móviles

Las aprueban para las autoridades

Mientras el Congreso sigue dilatando la aprobación de un régimen jubilatorio del 82% móvil que beneficiaría a 90.000 docentes universitarios, el 6 de julio la Secretaría de Seguridad Social otorgó a las autoridades universitarias el beneficio del 85% móvil, extendiendo el alcance del régimen especial para investigadores exclusivos (un pequeño sector en el conjunto de la docencia).

Los considerandos de la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social Nº 21 merecen una lectura atenta. Destacan que la Secretaría de Políticas Universitarias ha intervenido directamente para lograr esta ampliación que beneficia a las autoridades universitarias. Agregan que “no existiría motivo fundado para establecer un tratamiento diferente, para la persona en ejercicio de un cargo de gestión; (…) le generaría una desigualdad legal, que seguramente al momento del dictado de la ley no fue buscada por el legislador.”

La canallada de los considerandos (el gobierno interviniendo directamente para favorecer a las eufemísticamente llamadas “autoridades”, que no son más que las mismas camarillas que aceptan los fondos de las mineras, que asesoran a Cristina para el desastroso Plan Auto, que llevan adelante la política de mercantilización de las universidades públicas, sumado a la “preocupación” por no generar desigualdad aunque el 90% de los docentes universitarios siga cobrando jubilaciones de miseria) no logran disimular que esto es parte de una política para las universidades. El gobierno ha decidido hace rato profundizar la lógica de las camarillas dentro de las universidades nacionales. Lo hace cuando promueve que el Consejo Interuniversitario Nacional, entre marzo de 2005 y mediados de 2006, mediante varias resoluciones, “separe” el salario de los autoridades del de los docentes universitarios (una autoridad puede cobrar hasta tres veces más que un docente de su misma categoría y antigüedad), lo hace cuando sigue frenando la aprobación de una ley de jubilación del 82% móvil para el conjunto de los docentes universitarios y aprueba una extensión del 85% móvil para las autoridades. Asistimos a un proceso de diferenciación salarial entre las camarillas y los docentes de a pie. Así se va constituyendo un tercer sector de “trabajadores” universitarios: a los docentes y no docentes ahora se suman, con sus propias condiciones salariales, las autoridades. Es que las camarillas cumplen un papel clave (junto con las burocracias sindicales) para llevar adelante la política de mercantilización de la educación superior. Y el gobierno “nacional y popular”, tiene que pagarle a los muchachos con negocios, con prebendas, con la ayuda de patotas cuando las necesitan, con la Policía Federal vallando sistemáticamente el Consejo Superior de la UBA, y con salarios diferenciales.

La respuesta del movimiento docente y estudiantil en estos últimos años ha sido clara. A la denuncia se ha sumado la acción concreta de la Conadu Histórica y de la Fuba, organizando ese movimiento que, entre otras cosas, en 2005 logró el blanqueo salarial, que llevó adelante un proyecto de jubilaciones móviles para el conjunto de los docentes universitarios. Ese es el camino: el fortalecimiento del movimiento docente y estudiantil, independiente del gobierno y de la oposición, independiente de las camarillas profesorales, organizado y en crecimiento para conquistar sus propias reivindicaciones: democratización, salario básico equivalente a la canasta familiar y nomenclador, triplicación del presupuesto, becas para los estudiantes, remodelación y puesta a punto de los edificios, carrera docente y estabilidad laboral, y fundamentalmente para que todo esto permita una universidad que en lugar de hacer convenios con la Barrick Gold, en lugar de aceptar regalías de la minera YMAD, en lugar de diseñar el plan auto, en lugar de hacer convenios truchos con la Aceitera General Deheza como el que había en la Universidad de Río Cuarto cuando se produjo la explosión en los laboratorios, una universidad que produzca conocimiento al servicio de los intereses de los trabajadores.

Fabiola Ferro