¿Quién puede desmentir a Ahmadineyad?

El hombre dijo: “Después de la II Guerra Mundial, recurrieron a la agresión militar para convertir en desposeídos a una nación entera con el pretexto del sufrimiento de los judíos… Y enviaron a emigrantes desde Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo para establecer un gobierno totalmente racista en la Palestina ocupada. Y, de hecho, en compensación por las espantosas consecuencias del racismo en Europa, ayudaron a otorgar poder al régimen más cruel, represivo y racista en Palestina”. Los delegados europeos vaciaron la sala según habían acordado que harían si se calificaba a Israel de “Estado racista”. Estos hundidores de pateras, perseguidores de gitanos, asesinos de brasileños en Londres, asesinos de jóvenes árabes en las barriadas de París, todos ellos expertos en pogromos y en esclavismo, no sólo mostraban su lealtad de principios con el Estado sionista, también se estaban curando en salud por sus propias prácticas. ¿Quién podría desmentir las solitarias imputaciones de Ahmadineyad? 

Los 1,4 millón de palestinos que viven en Israel perdieron hasta el nombre: los llaman “árabes israelíes”. El Estado los margina de becas para educación, créditos, préstamos hipotecarios, acceso al empleo público y ayuda por hijo porque esos beneficios dependen de servir en el Ejército, del que están excluidos. Por eso “de los 550.000 niños que en Israel pasan hambre ocasionalmente, 400.000 son árabes”. “La calidad de la educación que reciben los niños árabes palestinos es inferior en todos los aspectos a la que reciben los niños judíos”, denuncia Zama Coursen-Neff, de la ONG Human Rights Watch. Las aulas albergan el triple de niños, los programas son pésimos, no se menciona la historia palestina, faltan textos y materiales educativos, hay menos docentes. La tasa de deserción triplica la de niños judíos y es improbable que aprueben los exámenes para la enseñanza media. Los pocos que llegan a la universidad, viven hostigados; el 75% de los que abandonan son palestinos. Los trabajadores “árabes israelíes” no pueden afiliarse a los sindicatos; tienen los peores puestos y condiciones de trabajo, el salario es un 50% inferior al salario judío. El porcentaje de palestinos bajo la línea de la pobreza triplica al de los judíos (58% vs. 15%). El 62% integra “los tres percentiles más bajos de ingresos” (datos del Instituto Van Leer de Jerusalén).

El parlamento israelí aprobó una batería de leyes segregacionistas que impide que los “árabes israelíes” se casen con judíos o palestinos de los territorios ocupados. Desde 2004, los matrimonios mixtos no pueden convivir. O viven separados o abandonan el país. Como parte de su política de expulsión, desde 1967 Israel demolió 18.000 casas en los territorios. Pero también las arrasa dentro de sus fronteras en barriadas, aldeas y en la zona árabe de Jerusalén. “En Israel, el gobierno demuele 850 casas al año -explica Meir Margalit, del Comité Israelí contra la Demolición de Casas (Icahd). Desde 2003, 12.000 viviendas en Galilea y 30.000 en el Neguev recibieron orden de demolición”. El pretexto es que “no tienen permiso de construcción”. Imposible que lo tengan: Israel no los entrega a palestinos. Además, el Estado sionista divide el país en zonas de diferente status para asignar beneficios fiscales, obras públicas, creación de empleo, mayor presupuesto para salud, educación o vivienda. En 1998, “de las 429 localidades clasificadas como áreas de desarrollo, sólo cuatro fueron árabes”. Actualmente, el 97,5 de los municipios árabes “está a la cola del presupuesto”, sin hospitales, guarderías ni asfalto.

La irrefutable denuncia de Ahmadineyad desató una tormenta internacional (el kirchnerismo no se privó de sumar su condena). No será por novedosa: Israel, EE.UU., Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Holanda e Italia boicotearon la Conferencia contra el Racismo de Naciones Unidas en vista de que en la anterior, en Durban, ya les fue imposible “obtener un compromiso de que no se condene a Israel por su trato a los palestinos en la declaración final” (Clarín, 4/9/01) y evitar que, en una conferencia paralela, “3.000 (ONG) calificaran de  ‘racista’ a Israel, y lo acusaron de practicar ‘un genocidio contra el pueblo palestino y de realizar sistemáticamente crímenes de guerra y una limpieza étnica’ (Clarín, 9/9/01).

Este año, la ONU organizó la Conferencia para que coincidiera con la conmemoración del Holocausto, canceló unilateralmente las actividades paralelas de organizaciones de la causa palestina, eliminaron de la declaración final las alusiones al carácter racista de las acciones del gobierno israelí y la condena al ataque a Gaza en enero. El secretario de la ONU tuvo que reconocer que “para llegar al borrador de documento de la conferencia, los países islámicos cedieron en todas sus demandas frente a las exigencia de Occidente” (BAE, 21/4). Las palabras del iraní, aire fresco entre tanta podredumbre.

Olga Cristóbal