Después de haber ratificado a “Fino” Palacios como jefe de la policía porteña, el gobierno de Macri comenzó a reclutar a sus primeros efectivos. De los 700 aspirantes, “la enorme mayoría proviene de la Policía Federal (aunque) también hay representantes de Gendarmería, la Bonaerense y policías provinciales” (Clarín, 15/7). La policía de Macri será una verdadera “selección” de los cuerpos policiales imputados en la represión y en los negocios del crimen organizado. 

El capo de la nueva policía, Jorge “Fino” Palacios, fue pasado a retiro luego de que se comprobaran sus conexiones telefónicas con integrantes de la banda de ladrones de autos que secuestró a Axel Blumberg en 2004. Así, la conexión entre el delito organizado y la cúpula del aparato de represión del Estado quedó demostrada en el caso que desató las mayores movilizaciones ‘securitarias’.

El encubrimiento de la causa Amia

Según las organizaciones de víctimas de la masacre de la Amia, las demoras inexplicables en los allanamientos a su cargo contribuyeron decisivamente a la impunidad de la “conexión local”. En torno de este punto ha estallado una crisis al interior de la comunidad judía. Las cúpulas de la Daia y la Amia acaban de reunirse con Macri, para declarar su “satisfacción” por el nombramiento de Palacios. Esta reacción se explica por las “excelentes relaciones del Fino” con la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, con el FBI y con la DEA” (Crítica, 3/7), que otros extienden también a la Mossad. Pero Macri ha ido más lejos: acaba de revelar que el nuevo jefe policial fue ¡”condecorado por el Estado de Israel”!, algunos años atrás. Este apoyo a Palacios empujó a “Familiares y Amigos” y a “Memoria Activa” a convocar a una juntada de firmas y a una movilización para que se vaya Palacios.   

El 19 y 20 de diciembre

En las denuncias contra Palacios ha quedado en un relativo segundo plano su participación en la represión criminal perpetrada durante la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Palacios fue procesado porque “no debía estar en la Plaza de Mayo ese día” (Crítica, 9/7). En otras palabras, se lo acusa de integrar los escuadrones represivos que, en la tarde del 20 de diciembre, ejecutaron a decenas de manifestantes en el centro porteño. Palacios fue ratificado, no a pesar de este prontuario, sino precisamente por él. Macri ya creó una banda paraestatal: la “unidad de control del espacio público” (UCEP), que persigue a asambleístas, desalojados y vendedores ambulantes en toda la geografía de la Ciudad.

La complicidad del kirchnerismo

Palacios no sólo obtuvo “banca” desde los “servicios” de Estados Unidos y de Israel. La creación de la Policía Metropolitana fue votada en la Legislatura en “consenso” con el kirchnerismo. Ahora, aquellos K se han escondido en sus guaridas y reclaman que el “próximo” jefe policial sea nombrado con “acuerdo legislativo”, o sea que ratifican a “Fino”. Mientras los nuevos diputados kirchneristas proclamaban su apoyo a la campaña contra Palacios, Cristina recibía a “Mauricio” en el “diálogo político”. La agenda de la reunión incluyó la cuestión de la transferencia policial, o sea los fondos y los términos para el reforzamiento de un orden represivo en la Ciudad.

El Partido Obrero impulsará una campaña a fondo para que se vaya Palacios, para que se disuelva la “nueva” policía -un engendro que se nutre de los exonerados de la “federal” y la “bonaerense”-; y que la Legislatura derogue la ley que la creó. Impulsamos la recolección masiva de firmas en las facultades, en los lugares de trabajo, en los barrios; la realización de asambleas abiertas y debates en los barrios, y la preparación masiva de una gran movilización a la Jefatura de Gobierno. Hay que poner en pie de lucha a los centros, federaciones, asambleas, delegados y organizaciones obreras que nacieron con el Argentinazo, para tirar abajo a uno de sus mayores represores. 

Marcelo Ramal