EXCLUSIVO DE INTERNET | Juicio a Grassi

A mediados de mayo recibirá su sentencia el pedófilo Julio Grassi. La espera en la quinta “La Blanquita”, que queda enfrente de la Fundación Felices Los Niños, en Hurlingham. Tiene 7.200 m2, pileta, quinchos, cancha de tenis, vestuarios y billares profesionales. Una verdadera “cárcel para el violador”, a quien cada día se le desdibuja más el aire canchero. El juicio ya lleva ocho meses, es el más largo de la historia del Departamento Judicial de Morón (el que le sigue, al Gordo Valor, duró sólo un mes y medio). El proceso ofreció un retrato exhaustivo del acusado: gran parte de sus testigos incurrieron en “falso testimonio” y la fiscalía abrirá causas contra el actual vicedirector de la Fundación, Juan Domingo Pérez, y contra Flavio Mondolo, amigo personal del cura. Pero, además, tuvieron que retirar otros 200 testigos porque el fiscal general “dijo que la defensa del cura estaba dilatando el juicio con testigos de concepto” (Clarín, 18/3).

Los tres abogados querellantes y la fiscalía, en sus alegatos, pidieron entre 20 y 37 años de prisión efectiva por 17 casos de abuso sexual y corrupción de menores. El abogado Juan Pablo Gallego, del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pidió la máxima: 37 años. Gallego catalogó a Grassi como “un peligroso pedófilo compulsivo, un pederasta serial, un antisocial que no siente culpa” y añadió “El encierro es la única alternativa porque si fuera taxista o policía también sería abusador” (Página/12, 21/3). También afirmó que “dilapidó fondos para comprar testimonios y financiar grupos de tareas para hacer escraches a los fiscales y para atacar cobardemente a las víctimas” (los tres jóvenes que denunciaron al cura están bajo un programa de protección de testigos por las amenazas y agresiones que recibieron). Gallego consideró probado que de “La Blanquita” salen chicos “con el cabello mojado” y que el cura “no dudó en ingresar a otro predio disfrazado de Papá Noel para hacer un escandaloso strip tease” (ídem). Todo eso, mientras estaba en libertad condicional.

El fiscal Alejandro Varela dio crédito en su alegato al examen psiquiátrico realizado en el juicio de El Calafate, donde se afirma que Grassi tiene “el perfil del delincuente sexual”. Varela “sorprendió” al decir que “el solo hecho de verlo a diario no hacía más que reflejar la pericia”. E incluye una denuncia de alto voltaje: “Se han detectado algunas presiones por parte del imputado. A medida que la fiscalía presentaba los listados de testigos, el propio cura se movilizaba a sus domicilios para hablar con ellos. Otros concurrían a la quinta” (Página/12, 8/3). Sin embargo, el tribunal de Morón desechó todos los pedidos de prisión preventiva realizados por la fiscalía y la defensa.  

La fiscalía volvió a pedir la prisión preventiva ya que teme que el cura se fugue antes de la sentencia. No será  el primer paidófilo escondido tras las paredes del Vaticano. Sobre este punto Gallego dijo que el cura hará su alegato “en cuotas, tomándose todo el tiempo del mundo, para poder definir si se fuga, se suicida o va a aceptar salir esposado de este juicio”(Clarín, 29/3).

Mientras ocurrían los alegatos, el 24 de abril, la jueza Myriam Rustán de Estrada ordenó el traslado de todos los chicos que seguían internados en otro hogar de la Fundación, el José Obrero. Un chico de ocho años intentó suicidarse y otros menores denunciaron abusos y violaciones. La orden de la jueza llega después de que Macri intentó devolver el control del hogar a la Fundación Felices los Niños. El asunto destapó que tanto el gobierno de Scioli como el de Macri siguen enviando chicos y financiando los hogares de Grassi.

Han pasado ocho años de amparos y complicidades del poder político y judicial. Es imperativo que la Justicia condene al cura y lo mande a una cárcel común. Grassi es sólo uno de los curas pedófilos y miles de chicos siguen encerrados en hogares donde son sometidos y vejados por los Grassi con sotana o sin ella. El Estado debe subsidiar a las familias para que los chicos sean reintegrados a ellas.

 

Clementina Robles