Políticas

7/10/2010|1149

La Corte Suprema: ¿con los jubilados o con los estudios de abogados?

-Exclusivo de internet

Reiteradamente se afirma que una muestra de independencia y progresismo de la Corte Suprema son los fallos del Alto Tribunal en materia previsional, como en el ya emblemático caso de Badaro, cuando reconoció un ajuste jubilatorio del 88,6% para el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006, cuando el Gobierno otorgó aumentos generales de entre el 10 y 21%.

A partir de este fallo, se incrementaron las demandas judiciales de los jubilados, las que saltaron a más de 100.000 recursos por año, sumando más de 400.000 el stock de juicios.

Sin embargo, la Corte Suprema viene negándose a extender el caso Badaro a todos los jubilados tal cual lo reclamó la Defensoría del Pueblo. Eso obliga a cada jubilado a tener que iniciar una demanda individual, cuando si se aplicara la “acción colectiva”, como reclama la Defensoría, desaparecería automáticamente la “industria del juicio” promovida por el gobierno, pero también por la Corte Suprema.

La Corte Suprema también rechaza que se apliquen medidas cautelares por el reclamo de reajustes jubilatorios, como resolvió la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social. En ese caso, la Anses tiene que reajustar en forma inmediata el haber del jubilado mientras prosigue el juicio.

Los abogados previsionalistas están en contra de promover medidas cautelares porque les licua el negocio. Cuanto más demora el juicio, mayor es la deuda por retroactividad, a lo que se suman los intereses, y los abogados cobran un porcentaje del total. En cambio, si se aplica el reajuste, los honorarios pasan a ser mínimos.

El abogado que promovió la medida cautelar -Luis Sassani- reconoció que “he sido bastante criticado (por los colegas) por atentar contra ‘el negocio’ de esperar el retroactivo con la posibilidad de hacer el sucesorio y/o poder cobrar un buen porcentaje de un jugoso retroactivo”.

La gran adhesión que despierta la Corte entre los abogados previsionalistas se debe a que les ha abierto un gran negocio contra los jubilados. Aquí rige el principio de “cuanto más lenta es la justicia, mejor”.