Después de forzar el levantamiento del cerco campesino a Santa Cruz en setiembre del año pasado, y salvar así a la derecha de una destrucción segura, ahora Evo Morales arremete contra esa misma derecha desde los poderes del Estado. Al mismo tiempo, el gobierno avanza decididamente en un acercamiento a los Estados Unidos mientras aumenta el saqueo a los recursos naturales del país. Una vez más, el líder indigenista pone de manifiesto una especial habilidad de maniobra.

A partir de la conspiración derechista, denunciada por el gobierno, para asesinar al presidente, la ofensiva oficial contra esa franja opositora no se detiene. Incluso, Morales parece decidido a generar un conflicto de poderes por la suspensión del presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, a quien con toda justicia acusa por “cajonear” los procesos contra los autores de la matanza de 2003. Ahora podrían caer otros dos ministros, con lo cual la Corte quedaría sin quórum y disuelta en la práctica. Eso, a su vez, produciría un choque con el Senado, que deberá decidir sobre las suspensiones. La Cámara alta, se sabe, tiene mayoría opositora, y el conflicto le permitiría al gobierno ir contra ella cuando están encima las próximas elecciones presidenciales.

Rayar la cancha

Mientras duró la bonanza económica, entre 2006 y 2008, los trabajadores bolivianos vieron caer sus ingresos reales en un 15 por ciento. Esto es: la bonanza no era para ellos. Las fuentes que suministran esos datos son inobjetables: el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Unidad de Análisis de Política Económica (Udape). Durante el gobierno de Morales se produjeron 300 mil nuevos pobres, según esas mismas instituciones.

“A todo eso se suma la tercerización, la inestabilidad laboral, el incumplimiento de leyes laborales y sociales… El gobierno del MAS ha impulsado algunas reformas que no han cambiado significativamente la situación de la clase obrera…” se queja en un comunicado la Confederación de Fabriles (Argenpress, 27/4), lo que no ha impedido a esa burocracia votar en favor del gobierno en el plebiscito constitucional de enero último. La Central Obrera Boliviana, por su lado, lejos de hacer frente a ese deterioro, se ha incorporado entusiasta a las marchas oficialistas y a las huelgas de hambre en respaldo del gobierno. Evo Morales y el MAS avanzan sobre el movimiento de masas por medio de la cooptación de la mayor parte de sus burócratas.

Paralelamente, “Bolivia aspira a la reconciliación con Estados Unidos y trabaja en la creación de una comisión tripartita encargada de negociar, probablemente desde finales de mayo, un gran acuerdo bilateral que marque como punto de partida el restablecimiento pleno de relaciones diplomáticas” (El País, 8/5).

En ese sentido, el canciller boliviano, David Choquehuanca, declaró: “Nosotros queremos rayar la cancha (establecer las reglas), construir una relación positiva, no de intromisión” (ídem).

En el trienio 2006-2008, los consorcios mineros exportaron minerales por 4.405,9 millones de dólares y pagaron al Estado y a las regiones un tributo de 220 millones: el 5 por ciento. Ese porcentaje se reduce a la mitad si se tiene en cuenta la advertencia del ministro de Minería, Luis Echazú, quien aseguró ya a principios de 2008 que las mineras exportan el doble de lo que declaran.

Esa denuncia no impulsó al ministro ni a nadie del gobierno a tomar medida alguna para detener o por lo menos acotar ese saqueo. Por tanto, se tiene que las denuncias no apuntan a que cese el problema, sino a presionar con el propósito de negociar en mejores términos. De ahí que la corrupción empiece a carcomer al gobierno.

Alejandro Guerrero