El expediente por la muerte de Vargas Oyarazo o, como todos lo conocían, “Popeye” (VARGAS OYARZO JAIME ANTONIO S/ SU MUERTE r/ VICTIMA Expte. Nº A-1122/09.-), se inicia en los primeros días de febrero. En esos días tomo contacto con el padre Luis Vicego, cura de Las Heras, quien me cuenta lo que había sucedido, a mediados de enero, cuando yo no estaba en la ciudad y me propone que asuma la querella en representación de la viuda de Popeye, a lo que inmediatamente acepté.

Cuando hago ingresar el escrito de la querella el 5 de febrero, no había una causa por la muerte de Popeye, pues el juez subrogante, Dr. Walter Martínez, no había ordenado ninguna medida de pruebas. De manera que la muerte de Popeye, estaba incluida en una causa de robo.

El allanamiento fue ordenado el 13 de enero, como consecuencia de la denuncia de robo de unas cajas de útiles (las cuales nunca fueron encontradas). En consecuencia, el Dr. Martínez ordena dicha medida judicial, a fin de encontrar los elementos robados.

Ese día Popeye estaba en un piquete, y cuando llega la policía a buscarlo, él se retira del piquete, en un móvil policial. Cuando llegan a su casa, dice la policía que Popeye se pone agresivo y suelta a unos perros que tenía atados. Sin embargo, luego declaran más de diez testigos de los hechos y todos coinciden en que nunca vieron a ningún perro. Luego manifiestan los efectivos que Popeye ingresa a su casa y comienza a realizar disparos, por lo que deben pedir apoyo a la comisaría. Aquí cabe aclarar que Popeye tenía una escopeta de dos tiros, que dispara perdigones que no llegan a más de 20 metros y los policías estaban parapetados a 100 metros.

Al mando del grupo de apoyo llegó el oficial principal Perea Luis Alberto, acompañado por el oficial Reynoso quien llevaba una PA3, es decir un arma que dispara 40 tiros de una sola vez, una agente, y aparece en escena el suboficial Campos (policía en Gobernador Gregores) que estaba de paso por Las Heras y llevaba en su auto particular un fusil FAL. Amablemente, el suboficial Campos le presta el FAL a Perea y éste realiza el disparo mortal, en la pierna izquierda. Luego nadie se anima a entrar en la vivienda de Popeye a sacarlo, sino que esperan 20 ó 30 minutos y cuando está prácticamente muerto, lo llevan esposado al hospital. Esto consta en el expediente, pues el médico de guardia, le pregunta a los policías cual era el motivo de tenerlo esposado, a lo que le contestan “porque se seguía resistiendo”. Esto es una total mentira, pues en ese momento Popeye ya estaba prácticamente muerto, pues en ese momento hace un paro y muere.      

Cabe una gran reflexión, ya que Popeye se resiste con un arma vieja, de corto alcance y de dos tiros, mientras que la repuesta de la policía fue con más de 10 pistolas 9mm, las que disparan 13 o 17 tiros según el arma; una PA3 la que dispara 40 tiros seguidos y para rematar un FAL, arma de guerra que puede arrancar un brazo o una pierna, de manera que quien dispare con esta arma, sabe con certeza que matará. Queda claro que este personal policial no está preparado para llevar a cabo en forma correcta una orden judicial. Hay una total desmesura entre la acción de Popeye (un solo hombre) y la respuesta de la policía (más de diez hombres y armas). La muerte de Popeye fue innecesaria, ya que bien podrían haberlo reducido con gases lacrimógenos y ser entregado a la Justicia para que decida sobre su culpabilidad o no.

Esta parte ha querellado por el delito de homicidio agravado por la condición de policía, art. 80 inc. 9, y el fiscal agregó homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, art. 80 inc. 2. Finalmente, el juez Dr. Quelín ha citado a indagatoria al oficial principal por el delito de homicidio agravado por su condición de agente de policía, y por alevosía y ensañamiento. El comisario Chávez ha sido indagado por el delito de incumplimiento a los deberes de funcionario. Desde ya, comparto totalmente la calificación, pero creo que todos los responsables deben ser llevados a juicio.

Esta causa marca un verdadero hito en la historia de Santa Cruz, pues los ciudadanos debemos exigir una policía bien adiestrada, preparada para nuestra protección, con conocimientos sobre los derechos constitucionales que todos los ciudadanos gozamos. La institución policial debe saber que fue creada para proteger no para reprimir, que fue creada como auxiliar de la Justicia y no para hacer justicia por sí misma, que fue creada para colaborar con la Justicia y no para entorpecerla, como lo pretenden cuando amenazan con auto acuartelarse, desobedeciendo a la misma.

Luchemos entonces por una institución policial democrática, instruida, respetuosa de los derechos constitucionales de los ciudadanos, con la cual nos sintamos seguros y protegidos. 

Dra. Rosa Razuri