La creciente presión popular contra el tarifazo de gas está obligando a todo el espinel de los poderes provinciales patagónicos -desde concejales a jueces, pasando por intendentes, legisladores, gobernadores y fiscales- a intervenir tratando de darle un cauce al reclamo popular. “Hay autoridades que temen que las facturas de gas terminen empujando un estallido social”, agita Ámbito Financiero (17/7).

Así, en apenas 10 días, la Justicia federal de Santa Cruz, primero, y de Chubut, después, suspendió en esas provincias el cobro del cargo por importación de gas, mientras que la de Roca, en Río Negro, hizo lo propio en la zona del Alto Valle y el Valle Medio y se prevé que próximamente los juzgados federales de Bariloche y Viedma se pronuncien en igual sentido, con lo que todo Río Negro quedará exenta del pago del cargo.

En Neuquén, en cambio, la masiva oposición manifestada desde hace más de una semana en Cutral Có, Junín de los Andes, Zapala y Rincón de los Sauces, entre otras ciudades, sólo logró una cansina respuesta del MPN, la UCR y Libres del Sur, los que reunidos el lunes 20, plantearon un largo calendario de actividades más simbólicas que efectivas. Es que las petroleras que extraen el gas de Neuquén recibirán el 50% del repudiado cargo tarifario por importación de gas (Clarín, 18/5). Y el gobierno del MPN fue el gestor de esa entrega.

Blanqueo

El superávit del fondo fiduciario para pagar las importaciones de gas era conocido desde hace tiempo. El gobierno calculó importaciones a un barril a 90 dólares cuando estaba en 54 dólares (noviembre de 2008) y nadie preveía que a lo largo de 2009 superara la franja de los 80 dólares el barril. Las petroleras pretendían quedarse con todo o una parte del excedente (Ámbito Financiero, 13/7). Lo lograron, finalmente, después de extorsionar al país reduciendo la actividad petrolera un 40% en la Cuenca Neuquina, según advirtió el gobernador Sapag a la presidenta Cristina Kirchner (Río Negro, 14/7), cuya decisión fue premiar a las petroleras con la mitad del fondo de importación de gas: entre 300 y 350 millones de dólares (La Mañana de Neuquén, 18/7).

Esta decisión ha sido presentada como un mejoramiento del precio interno del gas que cobran las petroleras sin costo para el usuario. ¡Pero el fondo para pagar importaciones sale del bolsillo del usuario! Y está en discusión si se lo sigue pagando. Además, recauda más que el gasto del gas importado porque no sólo hace falta menos gas por el bajón económico, sino que ahora es más barato (Clarín, 15/7), apenas un 35% del valor que tenía un año atrás.

El blanqueo del destino del cargo tarifario echa luz sobre una propuesta que hizo el proveedor del gas por barco (GNL), Morgan Stanley (desplazó a Repsol YPF del negocio), de trocar GNL por soja o biodiésel (Clarín, ídem), con lo que la otra mitad del cargo tarifario terminaría en los bolsillos de Cargill o AGD.

En el acta que firmó el gobierno con las petroleras se afirma que si el fondo del cargo tarifario no recauda por los amparos, las petroleras no cobran más por el gas. Pero la Defensoría del Pueblo advirtió “una eventual modificación de la situación judicial” (Ámbito 16/7) de los amparos contra el cargo. Los fallos suspensorios son provisorios; todavía falta la decisión de fondo acerca de la constitucionalidad del decreto que creó el fondo fiduciario alimentado por el cargo tarifario, decisión que deben tomar los mismos juzgados federales que han determinado las suspensiones y de cuyas sentencias no ha trascendido fecha ni contenido.

La truchada del cargo pone de relieve el ocultamiento de los datos y números reales de la producción de gas. La movilización popular debe continuar hasta eliminar por completo la existencia del cargo tarifario por importación de gas y abra la discusión acerca del verdadero costo de producir energía en el país.

Paul Castañeda