Uno de los jefes de la Triple A

El comisario Rodolfo Almirón, uno de los jefes operativos de la banda ultraderechista Alianza Anticomunista Argentina, la Triple A, que entre los años 1974 y 1976 cometió entre 800 y 1.000 crímenes, falleció en el hospital Ramos Mejía, donde había sido trasladado desde el penal de Marcos Paz y donde la semana pasada una pericia médica ordenada por el juzgado lo declaró inimputable.

A Almirón se le imputaban los asesinatos de Pablo Laguzzi, un bebé de seis meses hijo de Raúl Laguzzi, entonces decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA); el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña; del pensador marxista Silvio Frondizi, hermano del ex presidente; y del subjefe de la Policía Bonaerense, Julio Troxler, sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez, relatados en “Operación Masacre”, de Rodolfo Walsh.

El 11 de mayo de 1974 asesinó al sacerdote Carlos Mugica a la salida de la parroquia San Francisco Solano, en Mataderos, donde había celebrado misa.

La causa judicial de la Triple A se inició hace 32 años a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizani Goñi, poco después de que el grupo debutara adjudicándose un atentado con explosivos del que milagrosamente sobrevivió el entonces senador radical Hipólito Solari Irigoyen.

Almirón, en 1975, había huido del país con López Rega tras el fracaso de la política económica de Celestino Rodrigo, como su guardaespaldas.

A fines de los ’70, la tapa de un semanario madrileño lo descubrió detrás de Manuel Fraga Iribarne, el último caudillo de la derecha política española. Era su jefe de custodia. Almirón y su suegro, el ex comisario Juan Ramón Morales (también miembro de la Triple A) asesoraron a los parapoliciales de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). El escándalo lo arrojó a la pobreza y terminó como camarero en un bar de la Gran Vía.

En 1983 se produjo la reapertura de la causa. Tras la captura internacional de López Rega, nada se avanzó y se cerró nuevamente tras la muerte del genocida.

Recién en 2006 y por el accionar de la organización civil y política Arex Galicia (Argentinos en el Exterior de Galicia), pudo darse con el paradero de Almirón Sena.

Esto permitió a organismos de derechos humanos nucleados en el espacio de Justicia Ya! y partidos políticos como el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el Movimiento al Socialismo y el Partido Comunista pedir la reapertura de la causa, esta vez en manos de Oyarbide, y solicitar la extradición de Almirón y Morales, y también de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.

El Poder Judicial, sin embargo, tras una aparente hiperactividad hacia fines de 2006 y principios de 2007, no dió lugar a los reclamos de las organizaciones sociales y políticas, y la demoró una y otra vez el proceso.

Pese a que tanto Oyarbide como luego la Cámara Federal Penal reconocieron el carácter de organización parapolicial terrorista de la Triple A y la imprescriptibilidad de sus crímenes, la decisión fue la de la extradición de Morales y Almirón, y la captura aquí de otro de los policías involucrados, Eduardo Rovira, quedando a salvo Isabel Perón.

A finales de 2008, el fiscal federal Eduardo Taiano firmó un dictamen aceptando como casos la inmensa mayoría de las seiscientas denuncias que los organismos de derechos humanos, movimientos sociales y partidos políticos aportaron en 2006, entre la que se encuentra la de nuestros compañeros Jorge Fischer y Miguel Bufano, ante lo cual el juez Oyarbide ordenó una serie de pruebas que hasta el día de hoy no se había tomado el trabajo de hacer, luego de un año de notificar al fiscal, congelando de este modo nuevamente el expediente.

Es que la investigación de los nuevos 600 casos implica la reconstrucción de la participación de los miembros de la burocracia sindical actual y empresarios aún hoy en actividad, y vinculados fuertemente con el gobierno de los Kirchner.

En la causa se encuentran sindicados Hugo Moyano y Pedro Zambelletti, secretario general del gremio de la pintura hasta hoy, integrante en los ’70 de la Juventud Sindical Peronista y las 62 Organizaciones.

La muerte de Almirón y de Felipe Romeo, ex director de la revista El Caudillo, desde donde se señalaban las futuras víctimas de la Triple A, hace un mes, muestra la consolidación de la impunidad después de más de treinta años.

Para poner fin a esta impunidad, hace falta una voluntad política real que no tiene el gobierno de los derechos humanos de los Kirchner.

Inicio ya de los juicios que se deben realizar contra todos los represores por todos los compañeros, abandonándose el desguase actual de los mismos.

Claudia Ferrero (Apel)