Políticas

30/4/2009|1081

EXCLUSIVO DE INTERNET | No a la baja de la edad de imputabilidad

La promueven "progres" y "nac & pop".


 


La baja de la edad de imputabilidad se ha convertido en verdadera “cuestión de Estado”. Prácticamente todos los bloques legislativos han presentado en el Congreso una docena de proyectos. El gobierno se ha puesto a la cabeza del planteo derechista, como alguna vez lo hizo con las “leyes Blumberg”.


El oficialismo asegura que pretende dotar a los menores “de las garantías del debido proceso” y “penas atenuadas”. El actual Régimen Penal de la Minoridad, de la dictadura militar, fijó la edad de imputabilidad a partir de los 16 años. Por decreto entregó al arbitrio de los jueces de menores a los chicos “abandonados, faltos de asistencia, en peligro material o moral o que presentan problemas de conducta”. Sobre la base de ese decreto, cada año miles de pibes son introducidos en el régimen carcelario de los “institutos”, verdaderos sumideros humanos. Curiosamente, el 2 de diciembre de 2008, un fallo de la Corte Suprema -cuya autoría intelectual es atribuida a Zaffaroni- ratificó la “constitucionalidad” de ese decreto de la dictadura.


El borrador


Se ha avanzado en un borrador unificado de los distintos proyectos que fija el criterio de tratar a los menores como mayores.


Los proyectos equipararían las garantías a menores y adultos (defensa en juicio y el carácter excepcional de la prisión preventiva en el proceso), lo cual no quita que las cárceles se encuentren atiborradas de detenidos sin condena firme. Los procesados pobres, el 99% de la población carcelaria, sólo pueden disponer de defensores oficiales, que es casi lo mismo que no tener defensa alguna.


Los puntos de acuerdo ya han introducido por la ventana la decisión de transformar un delito excarcelable, como el “robo”, en una figura agravada. Es así que especifican que se puede aplicar la privación de la libertad en los casos de “robo cometido con violencia hacia las personas”, además del robo con armas. Según el Código Penal vigente, “robo” es el que se efectúa con violencia (de lo contrario se tipifica como “hurto”).


Víctimas, no victimarios


La fuente principal (y, podríamos decir, excluyente) de inseguridad ciudadana son las propias fuerzas de seguridad del Estado. La juventud más sumergida es reclutada por la policía para cometer robos y crímenes por encargo. Los familiares de Luciano Arruga (desaparecido desde hace tres meses luego de ser detenido en un destacamento de Lomas del Mirador) denuncian que Luciano fue apaleado varias veces por efectivos por negarse a integrar el “negocio”.


Los delitos graves cometidos por menores tienen una incidencia muy pequeña en las estadísticas criminales. Según la Fundación de Estudios para la Justicia (Fundejus), los chicos de 14 a 18 años protagonizan apenas el 6% de los delitos, cifra que ubican dentro de los parámetros mundiales de criminalidad juvenil. En 2007 (año en el que la cifra de delitos cometidos por menores fue la menor del último lustro), el 57% de los delitos perpetrados por menores eran por robo y, de ese porcentaje, el 70% quedó alojado en institutos de menores (Crítica, 18/4). Ese solo dato tira por tierra el mentidero de que “entran por una puerta y salen por otra”.


Criminalización de la niñez


Esta verdadera campaña de criminalización de niños y adolescentes tiene por objeto tapar la creciente y cada vez más evidente participación de las fuerzas policiales en el delito.


En el crimen de Daniel Capristo, en Valentín Alsina, que detonó esta iniciativa, los vecinos que increparon (con insultos y golpes) a la policía y al fiscal, denunciaron a los efectivos de la Comisaría 3ª de esa localidad por “liberar la zona”.


“Entre el 1° de enero y el 13 de este mes, el Departamento de Investigaciones de la Policía Federal inició 120 sumarios (internos). En promedio, más de un uniformado por día es investigado por la propia fuerza por presuntas causas, sean irregularidades administrativas o acusaciones sobre su participación en delitos graves” (La Nación, 20/4). “En febrero pasado, un informe de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense notificaba que durante 2008 habían sido investigados por irregularidades 5.989 policías… en una fuerza de 54.000 efectivos. El año pasado, según consta en ese informe, fueron suspendidos 901 agentes, de los cuales 579 fueron exonerados” (ídem). Es decir que al menos el 10% de la fuerza fue denunciado por algún crimen. El mecanismo de los “pases a disponibilidad” es habitual para encubrir a los policías. En los casos de “gatillo fácil” es común que, debido a las denuncias y movilizaciones de los familiares, algún ministerio informe del “pase a disponibilidad” de los policías implicados. Ello ocurrió, por ejemplo, en el caso de Hugo Krince, a instancias de León Arslanián (otro “garantista” promotor de la baja de edad de imputabilidad), pese a lo cual los policías siguen libres, y la causa empantanada en la fiscalía.


De esta mano de obra “desocupada”, la Presidenta anunció con bombos y platillos la reincorporación de 4.000 elementos a la fuerza, lo que equivale prácticamente a una amnistía.


La sistemática participación de la policía en el delito es una verdad inocultable. Lo reconoció de forma vergonzante el jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuando hizo entrega de nuevos móviles policiales y aclaró que estarán equipados con GPS, lo que permitirá monitorear… ¡a los propios policías!: “este anuncio se interpretó como un signo de desconfianza a la policía” (Crítica, 18/4).


No a la baja


“Progresistas” y derechistas se han puesto de acuerdo en impulsar la aprobación de una ley cuya consecuencia práctica a corto plazo será un mayor índice de encarcelamiento de menores en cárceles comunes o en institutos de menores (el eufemismo utilizado en la ley es “centros especializados para personas menores de 18 años”). Esos centros los regentearán los monstruos de siempre.


No a la baja de la edad de imputabilidad. Aparición con vida ya de Luciano Arruga. No a la criminalización de la pobreza. No a la represión a la protesta social.