Entre los muchos conflictos sociales en el Perú, las acciones contra la minería y la depredación que ella produce, dispuestas por el II Congreso Regional contra la Contaminación Minera, tienen importancia mayor. Incluyen cortes de rutas, bloqueos a las plantas extractoras y, ahora, amenazas de destruir campamentos y maquinarias.

“Iremos a destruir los campamentos mineros y esta vez quemaremos las maquinarias en las minas. Basta de engaños de las autoridades, estamos dispuestos a luchar como los pueblos amazónicos”, declaró una delegada en Azángaro, donde sesionó ese II Congreso (http://perucontaminada.blogspot.com/).

Mientras tanto, prosigue la huelga de trabajadores mineros de la compañía china Shougang Hierro Perú. La empresa ofrece un aumento de 0,23 dólares diarios y los obreros exigen 3,30 dólares. “El aumento reclamado por los trabajadores representa apenas el 4 por ciento de las utilidades que tuvo la empresa en 2008: unos 139 millones de dólares”, declaró el subsecretario general del sindicato obrero de esa empresa, Julio Ortiz (DPA, 15/7).

Como la Shougang, los pulpos extractores hacen y deshacen en el Perú, país minero por excelencia desde los tiempos de la explotación del guano, que tuvo su auge en las primeras décadas del siglo pasado. Durante su campaña electoral, Alan García se comprometió a establecer un impuesto a las ganancias extraordinarias de las compañías, por el incremento internacional del precio de los minerales.

Sin embargo, una vez en el gobierno y por medio de un decreto en 2006, impuso un llamado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP), por el cual las empresas mineras se comprometen a pagar un “óbolo”, o aporte voluntario, cuando el precio de los minerales supera determinado nivel. En verdad, se trata de un “óbolo” pagado por el fisco peruano a los pulpos mineros, que entre 2006 y 2007 aportaron 170 millones de dólares al PMSP en vez de los 3.000 millones que habrían debido pagar con el impuesto a las ganancias extraordinarias (http://marconaprotesta.worpress.com/). Ahora, con la caída en la cotización de los minerales, el “óbolo” simplemente desaparece.

Contaminación y resistencia

Animales, vegetación y personas mueren en el Perú por el envenenamiento producido por la actividad minera. Los primeros afectados, obviamente, son los trabajadores de las minas y no sólo por su contacto con tóxicos sino por la falta de seguridad laboral: “Muchos trabajadores adolescentes mueren o se hospitalizan todos los años, debido a lesiones sufridas en el trabajo” (http://blog.pucp.edu.pe/). Esa situación genera huelgas y movilizaciones en todas las regiones mineras.

También se movilizan las poblaciones aledañas, y el II Congreso citado antes ha recordado la catástrofe de junio de 2002, cuando un derrame de 151 kilos de mercurio elemental se extendió a lo largo de 50 kilómetros en poblados de Cajamarca, y produjo una intoxicación masiva en 1.200 campesinos.

La minería, tal como es explotada hoy en el Perú, produce contaminantes que se diseminan por drenajes de agua de las minas, desmontes o relaves mineros. Por esas vías se esparcen metales como cadmio y mercurio, y metaloides como el antimonio o el arsénico. El aire también se contamina por el polvo generado durante las descargas y los desmontes, y por gases como el dióxido de azufre (ídem).

Todo ese proceso debería ser controlado por el Ministerio de Energía y Minas (MEN). Pero ese ministerio, además de manejar algunas minas de propiedad estatal y ser accionista en otras de propiedad mixta, “decide sobre tierras, agua y la inversión minera” (ídem). Esto es: se trata de la oficina estatal encargada de negociar las concesiones mineras, corrompida hasta el tuétano y controlada por las corporaciones que saquean los recursos, superexplotan a los trabajadores y depredan el medio ambiente.

Por cierto, la solución no puede estar en el retorno a alguna forma de primitivismo precapitalista, ni a la destrucción de máquinas como en el siglo XVIII, sino en colocar la minería -en el Perú y en toda Latinoamérica- bajo propiedad estatal y controlada estrictamente por sus propios trabajadores y por la población involucrada. Toda actividad industrial produce algún grado de contaminación, que puede resultar compatible con la vida si se la controla mediante una explotación racional. Pero, sabido es, la explotación capitalista es irracional y anárquica por definición. Ahí está el meollo del problema.

Alejandro Guerrero