El gobierno de Macri viene desarrollando una implacable acción expulsora de las familias que viven en la traza de la ex Autopista 3, las quince manzanas que se extienden de Saavedra a Villa Urquiza. Durante años, los gobiernos “progresistas” de la Ciudad intentaron desalojar a estas familias. Apelaron a “planes de crédito” que los vecinos no podían pagar o a subsidios que no permitían conseguir una vivienda alternativa. En todo ese tiempo, los vecinos reclamaron otra salida: la radicación definitiva en las viviendas que habitaban, y que la asistencia estatal fuera empleada para refaccionar las casas y urbanizar la traza.

Pero ocurre que las quince manzanas de la “traza” son un botín muy apreciado de los grupos inmobiliarios. La valuación de estos terrenos supera los cien millones de dólares. Por eso, todos los gobiernos, desde De la Rúa a Macri, trabajaron para expulsar a los vecinos.

Macri no trajo nada nuevo. Pero sí le añadió una fuerte dosis de amenazas y represión. La “unidad ejecutora” (que se ocupa de los desalojos) ofrece 96.000 pesos a los vecinos censados antes de 1996, y sólo 25.000 a quienes se radicaron después. Con estos “recursos”, los “beneficiarios” sólo podrían adquirir un terreno a muchos kilómetros de la Ciudad. A partir de esta “oferta”, los funcionarios de Macri recorren las viviendas acosando a los vecinos con el “desalojo inminente”. Las viviendas desocupadas son barridas de inmediato por la topadora. La “traza” parece, a esta altura, un barrio bombardeado. Para avanzar con este plan, Macri vetó la prohibición de desalojar familias de terrenos o casas pertenecientes al Estado porteño.

Más de trescientas familias resisten el desalojo. Una asamblea de vecinos presentó recursos de amparo y una jueza de la Ciudad decretó la suspensión transitoria de los desalojos. La decisión judicial reavivó los debates sobre la situación de la traza. Esa discusión está involucrando, ahora, a distintas organizaciones vecinales de la zona Norte.

Con la desocupación parcial de la traza, comenzó a salir a la luz el destino que Macri le depara a esas quince manzanas. Trascendió que el principal mentor del plan expulsivo de Macri “es su amigo Nicolás “Nicky” Caputo, uno de los empresarios más importantes del sector inmobiliario y de la construcción de la ciudad” (La Politica On Line). La venta de la traza daría lugar a un emprendimiento comercial e inmobiliario de alto impacto ambiental, a contrapelo de las características residenciales de la zona. Por ese motivo, organizaciones vecinales reclaman que los terrenos sean empleados para espacios verdes. Algunas de ellas son hostiles, también, a los actuales vecinos de la traza, a causa de la degradación de sus frentes y calles. Pero está claro que esa degradación ha sido provocada por los gobiernos de turno, que no pusieron un peso para mejorar el entorno de la traza. La Asamblea de Coghlan rechaza el plan inmobiliario y también el desalojo de los actuales vecinos de la ex AU3.

Tenemos que explotar las contradicciones del plan de Macri para imponer una salida favorable a todos los vecinos de la zona. En primer lugar, luchando por la radicación definitiva de las trescientas familias que continúan en la traza. Los recursos que se ofrecen para la expulsión podrían ser empleados para financiar la refacción de las actuales viviendas o la construcción de viviendas nuevas, con préstamos que no superen el 15% de los ingresos familiares. Una adecuada planificación urbana podría contribuir a preservar las características de la zona, en oposición a la degradación actual (de la que no son responsables los habitantes de la traza), y al plan de “megatorres” que se traen Macri y Caputo. Luego, los terrenos libres deberían ser empleados para incrementar los espacios verdes y culturales de la zona.

Desarrollemos un movimiento común de los habitantes de la traza, las organizaciones ambientales y asambleas de la zona para impedir la expulsión de trescientas familias y la entrega de sus tierras a los contaminadores de la patria inmobiliaria.

Marcelo Ramal