¿Está a punto de terminar la impunidad de los genocidas de la dictadura uruguaya, como parece sugerir Página/12 (22/3)?

El PIT-CNT, junto a otras organizaciones, impulsa una camapaña de recolección de firmas para la realización de un plebiscito por la anulación de la “ley de caducidad”, que impide el enjuiciamiento de los policías y militares responsables de los crímenes dictatoriales. La ley fue aprobada en 1986 y ratificada por un plebiscito en 1989. Todo parece indicar que la campaña logrará recoger las firmas necesarias para habilitar el plebiscito, que se realizaría en octubre, junto con la elección presidencial.

Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Tabaré Vázquez anunció que no derogaría ni anularía la “ley de caducidad”, una promesa que cumplió. Al llegar a la presidencia, sin embargo, estableció algunas excepciones a la ley, como los crímenes cometidos en el exterior o con la participación de civiles; esto permitió la reapertura de un puñado de casos y el dictado de unas pocas condenas.

Más recientemente, en febrero, ante una consulta de la Corte Suprema, Tabaré declaró que la consideraba inconstitucional. Lo mismo hizo el parlamento, aunque sólo con los votos de los legisladores frenteamplistas. Pero las declaraciones de inconstitucionalidad no son vinculantes; la Corte Suprema todavía debe resolver la cuestión.

Aunque carecen de todo valor legal, una comentarista de Página/12 (22/3) ve en estas declaraciones “un punto de inflexión (…) el signo de un cambio (…) en las instituciones políticas”. La cronista omite lo fundamental: con los mismos votos con los que la declaró inconstitucional, el Frente Amplio podría haber votado la anulación (o sea que tiene alcance retroactivo) de la ley. De esta manera, habría terminado efectivamente con la impunidad. No lo hizo. Opinó que es inconstitucional pero la mantuvo en vigencia.

“La bancada del FA tiene efectivamente esas mayorías pero, como señalaron algunos legisladores de la oposición, no promueve la derogación -o la anulación de la ley- por sus contradicciones internas” (Brecha, 27/2).

En este cuadro, el futuro plebiscito es una maniobra para encubrir su propia responsabilidad.

Todo indica que la derecha del FA -que recién ahora adhirió a la campaña por las firmas- no hará campaña por la anulación o, directamente, hará campaña en contra. Con el FA dividido, la campaña del plebiscito será el escenario para el ‘pase de facturas’ de unos contra otros. En 1989, el boicot de buena parte de la dirección del FA, entre ellos el propio Tabaré, llevó a la derrota del referéndum.

Luis Oviedo