Políticas

27/10/2017

Exenciones a los empresarios, ajuste y aumento de impuestos a los trabajadores

En provincias y municipios, oficialistas y opositores aplican las reformas impositiva y fiscal exigidas por las patronales.

@tomaseps


Los cambios impositivos y fiscales que el gobierno nacional ha puesto en el centro de su agenda post-octubre –como parte del gran acuerdo antiobrero que cocina también con los gobernadores, la CGT y los parlamentarios de la oposición patronal–, ya se encuentran en marcha.


 


Con la presentación a la Legislatura bonaerense de los proyectos de Reforma Tributaria y Responsabilidad Fiscal (y de Presupuesto 2018 de megaendeudamiento), la gobernadora María Eugenia Vidal se ha colocado a la vanguardia de esta avanzada que supone un aumento de los beneficios y exenciones impositivas a los capitalistas y mayores gravámenes y ajuste sobre las espaldas de los trabajadores.


 


El mandatario tucumano Juan Luis Manzur dejó claro que no está sola, al afirmar que “por supuesto” los gobernadores del PJ apoyarán las reformas del macrismo, que en materia tributaria supone reducir los tributos recaudados por las provincias a los empresarios, incrementar así la dependencia del interior del gobierno central y condicionar luego la entrega de fondos a que se cumpla allí con las metas de ajuste fiscal. Tanto como la extorsión de la coparticipación, en esta sumisión de los “opositores” pesa la necesidad de asegurar las ganancias de los clanes empresariales ligados a los gobiernos provinciales.


 


Capítulos


 


En el corazón del asunto está la reducción a los capitalistas de Ingresos Brutos (IB), que representa el 75% de los ingresos propios de las provincias y que el gobierno planea eliminar en un plazo de 5 años. En ese sentido apunta tanto el proyecto de Vidal, cuya reducción de IB y del tributo por Sellos (registración de inmuebles) supone una pérdida para la provincia de $10.000 millones de pesos, como el presupuesto presentado por Larreta al parlamento porteño. Misma dirección que los mandatarios locales, como muestra la ordenanza del intendente neuquino "Pechi" Quiroga con reducciones impositivos (por 58 millones de pesos) a los empresarios.


 


En contraste, los trabajadores sufrirán –además de los tarifazos en los servicios– el aumento del ABL en la Ciudad de Buenos Aires (entre el 20 y el 23); y en provincia de la suba del impuesto automotor y del Inmobiliario urbano (en un promedio del 56%, con topes del 75%) que afecta a una buena parte de la población trabajadora; así como aumentos de tasas municipales muy por encima de la inflación en localidades bonaerenses.


 


También el ajuste fiscal. En la Ciudad de Buenos Aires, se establece una reducción del presupuesto real en Salud y Educación. En Neuquén capital se “compensa” el regalón a las patronales con el ajuste sobre el salario de los trabajadores municipales, en la misma línea que el caso bonaerense, donde Vidal hará con los intendentes lo que Macri con los gobernadores, condicionando las ayudas o préstamos provinciales a la limitación en los gastos y el empleo municipal –en desmedro del cuantioso número de municipales precarizados, que seguirán en condiciones precarias.


 


El aumento del inmobiliario rural en la Provincia, presentado por Vidal como compensatorio de las pérdidas bonaerenses, no toca la base del régimen de superbeneficio para las patronales agrarias, que es la bajísima valuación fiscal sobre la que se calcula el impuesto. Los sojeros y demás seguirán pagando tasas irrisorias.


 


Caminos


 


Estas avanzadas refuerzan el carácter regresivo del sistema impositivo argentino, sostenido en gran parte por los impuestos al consumo como el IVA y en la aplicación de Ganancias sobre los salarios –que se mantendrán en pie.


 


El camino ya se viene trazando con la eliminación y/o rebaja de las retenciones agrarias y regalías mineras por parte del macrismo, con la supresión definitiva del impuesto a la riqueza a partir de 2019 –resuelta en ocasión del paquete del blanqueo– y con todo tipo de beneficios empresariales en las provincias, como la reciente resolución del cordobés Juan Schiaretti de eliminar la alícuota de Ingresos Brutos en los insumos que los industriales o comerciantes de la provincia compran de otras regiones (Clarín, 25/10). Y hay más en carpeta, como el plan del gobierno nacional de “bajar el peso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante la etapa de construcción de proyectos mineros”.


 


Desde ya, no se establece medida alguna que efectivice una reducción subsecuente de los precios de los bienes que venden esas patronales y pagan los trabajadores, cuyo salario busca ser apedreado por la vía de la reforma laboral y los topes a las paritarias.


 


A este nuevo salto del plan de guerra de los capitalistas le oponemos una salida en beneficio de las masas trabajadoras. La abolición de los impuestos al salario y al consumo, los gravámenes extraordinarios y progresivos al capital y a las rentas extraordinarias derivadas de los recursos naturales y de la explotación agrícola, la actualización del impuesto inmobiliario rural a los precios de mercado, en pos de una reactivación económica integral e industrialización del país bajo control de los trabajadores, integran un programa de reorganización del país sobre nuevas bases sociales.


 


 


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