Nada menos que en Ámbito Financiero fueron publicadas las dos denuncias más contundentes acerca del saqueo que perpetran los monopolios exportadores de cereales contra la economía nacional.

Una, el jueves pasado, aporta las pruebas (“Trigo polémico”) de la formación de un cartel (asociación) de exportadoras para fijar el precio ‘en barco’ del trigo, que ha bajado en el último año, dentro de Argentina, del 93 al 80% del precio internacional. Carbap denunció un perjuicio a los productores, por este motivo, de 800 millones de dólares, durante cuatro semestres y medio (pero no dio el dato del perjuicio ocasionado al fisco).

El autor de la nota señala que las exportadoras se confabularon con el gobierno para controlar el precio interno del trigo, lo cual aumentó del 5 al 22% el margen de rentabilidad de la exportación de ese cereal. El hecho debiera ser muy aleccionador para los seguidores de la familia presidencial, porque demuestra que la política de pan barato se convierte, en manos del kirchnerismo, en un negociado para los monopolios comerciales que acabará redundando en una disminución de la producción y en mayor carestía.

La otra, el lunes siguiente, el ex presidente de la Junta Nacional de Granos, Ferrari Etcheberry, denuncia que el gobierno ha dilapidado el dinero que debía ir al “fondo de redistribución social”. La razón es que las exportadoras están pagando al fisco las retenciones vigentes a noviembre de 2007, 27,5%, que se calculan a los precios de la soja también vigentes en esa misma fecha, 340 dólares, lo que da 93,50 dólares –  cuando el grano que están embarcando hoy tiene una retención del 47% sobre un precio superior a 600 dólares, o sea 282 dólares. La defraudación al fisco es de casi 200 dólares la tonelada.

Aun cuando una ley (Martínez Raymonda) corrigió esta aberración, lo que supone que las exportadoras deberían pagar la diferencia entre 282 y 93,50, una enmienda posterior mantuvo, para el cálculo de la retención, el precio del grano vigente a esa fecha (47% de retención pero sobre 324 dólares, no sobre 600). En este caso la diferencia sería menor: en lugar de 93,50 pagarían 162.

Pero tampoco esto último se está cumpliendo, o sea el pago de las retenciones a los valores de hoy pero a los precios de ayer, porque la Oncca no estableció el reajuste correspondiente. El asunto es que con estos cálculos el Estado cobraría por retenciones una suma inferior a las compensaciones que la ley votada el sábado promete a los productores de menos de 750 toneladas. Se crearía un déficit que imposibilitaría el establecimiento del “fondo de redistribución social”. El cual, como se ve, al gobierno le importa un bledo.

Pero los terratenientes y chacareros también tienen lo suyo. Pagan por inmobiliario rural la ochentava parte de lo que les corresponde (1,2%). La evasión es sencillamente descomunal, pues sobre un millón seiscientos mil obreros rurales, un millón está en negro. Una medida del grado de evasión de los ‘productores’ lo ofreció la sanción de las compensaciones a los chacareros, pues hubo que excluir como condición para que las reciban que no hubieran cometido irregularidades contra el fisco.

Pero aún más significativo es el reclamo de Buzzi para que las compensaciones que el Estado debería dar a los pequeños productores sean aplicadas como el IVA, sin la intervención estatal. En este caso, el exportador devolvería al productor la diferencia entre la retención general (40 ó 47%) y la que se aplica a los productores menores (30 ó 35%).

Como todo el mundo sabe, el IVA es el impuesto que más se presta a la evasión. Pero, además, contra lo que sostiene Buzzi, los reintegros (compensaciones) en lo que se refiere al IVA, son abonados por el Estado. La propuesta de Buzzi, en cambio, va más lejos que el actual régimen del IVA y pretende entregarle la administración total de las compensaciones a los grandes pulpos comercializadores. Esta es la actitud de los ‘productores’ ante los pulpos, lo que desmiente a quienes quieren presentar a la patronal sojera como un baluarte contra los monopolios. El zorro cuidando el gallinero.

Este mecanismo es el caldo de cultivo ideal para manipular las operaciones de exportación y defraudar al Estado. A partir de este esquema, los productores, en especial los que están en negro, podrían sortear con más facilidad -obviamente con el guiño de las cerealeras- los controles y acceder a los beneficios, de los que, de otro modo, hubieran quedado excluidos.

Los fondos que pasarían a manejar las exportadores y la evasión que esto posibilita son lo suficientemente amplios como para que patronales del campo y exportadores puedan llegar a un acuerdo y sacar cada uno su tajada. Es un plato con comida abundante del que pueden comer todos, a expensas de los recursos públicos.